San Juan. Puerto Rico propuso este miércoles 9 de setiembre reestructurar deuda por valor de $47.000 millones (el 65% del total) y pidió a los titulares de bonos que se le exima de pagar en los próximos cinco años unos $13.000 millones, el 72% de los que debería abonar en ese periodo.
Así se desprende del plan de ajuste fiscal difundido hoy por el Gobierno de la isla, en el que explica que de los $18.000 millones de que tendría que destinar en los próximos cinco años fiscales al pago de la deuda, necesita al menos $13.000 millones para operar y garantizar la prestación de servicios básicos a la ciudadanía.
Todo ello, después de aplicar diversas medidas de austeridad, entre las cuales no está el despido de trabajadores del sector público, el mayor empleador de la isla, y de acometer iniciativas para tratar de recuperar el crecimiento económico, tras casi una década de recesión.
Según la propuesta presentada a los bonistas dos meses después de anunciar su intención de negociar una deuda que se ha vuelto "impagable", el Gobierno plantea pagar únicamente unos $5.000 millones durante los próximos cinco años, sin concretar a qué tipo de bonos querría dar preferencia.
En su propuesta de negociación, no incluye la deuda acumulada por las empresas públicas de luz y agua, ya que están negociando por separado con sus respectivos acreedores.
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya llegó a un acuerdo la semana pasada que incluye una quita del 15% de la deuda, que ronda los $8.600 millones. La Autoridad de Agua y Alcantarillados (AAA) debe unos $3.700 millones.
La intención del Gobierno es convencer a los titulares de bonos de que su plan es factible y que merece la pena sentarse a negociar una reestructuración, para evitar así una batalla legal eterna que no beneficiaría a ninguna de las partes.
Sin embargo, la batería de medidas anunciadas hoy para contener el gasto y reactivar la economía, que lleva cayendo desde 2006, implican en su mayoría una negociación parlamentaria o concesiones de Washington, al tiempo que la negociación con los titulares de bonos también se promete larga y complicada.
Entre esas medidas habla del cierre de decenas escuelas públicas, el recorte del gasto sanitario y la reforma de la legislación laboral.
Para dar confianza a los acreedores, el Gobierno se compromete a seleccionar un consejo de cinco miembros que cuenten con el visto bueno de los bonistas que se encargue de velar por el cumplimiento de las cuentas, tal y como hacen otras administraciones públicas de EE. UU.
El Gobierno advierte que sin una inyección de fondos extraordinaria a corto plazo hacia el final del actual ejercicio fiscal (junio de 2016) se quedará sin fondos.
Esa situación no sería nueva para la isla, pero, a diferencia de ocasiones anteriores, se ha quedado sin acceso a los mercados y no puede seguir pidiendo prestado como ha hecho hasta ahora para ir pagando sus obligaciones de deuda.
