Entidades financieras asumieron más riesgos en crédito a educadores

El alto nivel de endeudamiento que presentan los integrantes de la planilla del Ministerio de Educación Pública (MEP) revela que las entidades financieras asumieron riesgos mayores en el otorgamiento de crédito a educadores.

El 42,45% del dinero que el Gobierno pagó a los funcionarios del MEP entre abril y mayo fueron destinados a pagar cuotas de préstamos, afiliaciones, pensiones alimentarias, ahorros y embargos crediticios.

Aunque no existe una regla que limite la cantidad o monto de los préstamos que una entidad financiera puede otorgar a un cliente, la normativa vigente sugiere que un endeudamiento razonable no debería pasar de un 30% de los ingresos netos.

“Las entidades en sus políticas pueden aceptar mayores riesgos, conforme el apetito que así establezcan. La Superintendencia no puede impedir que otorguen créditos con riesgos mayores, lo que sí se exige es que estos sean identificados, gestionados y controlados”, dijo Javier Cascante, superintendente de Entidades Financieras.

Este es un límite que algunas entidades están dispuestas a ignorar en casos que consideran calificados. Por ejemplo, la Caja de Ande, entidad que cuenta con más 110.000 accionistas, tiene como política no prestar por encima de un 33% de endeudamiento del deudor, excepto en el caso de los créditos para vivienda.

En estas operaciones crediticias, el asociado que trabaja en el MEP puede solicitar hasta 15 veces el monto de su aporte al capital de la entidad, que está constituido por las cuotas mensuales del 5% de su salario. El tope máximo de endeudamiento por persona es de hasta ¢60 millones.

“Sin embargo, en los casos de crédito de vivienda se hace la excepción porque si lo hacemos con el máximo de un 33% de endeudamiento, mucha gente no calificaría. Se hace con que el salario cubra la cuota del crédito”, explicó Rafael Ángel Blanco, subgerente de la entidad financiera.

Los créditos de vivienda representan un 29% de la cartera de crédito de la Caja de Ande, y los préstamos de consumo un 69%.

Capacidad de pago

El salario es la pieza fundamental para medir la capacidad de pago del deudor.

Para la Caja de Ande, el acceso es directo pues pueden revisar la información de planillas del MEP, aunque no estudian la composición de los rebajos que ya se le hacen al deudor.

Los elementos clave son el salario bruto y el salario neto que permiten identificar tanto la capacidad de pago como los compromisos de la persona.

Otras entidades como Coopemep, que ha colocado el 63% de su cartera entre funcionarios del MEP, solicitan constancias de ingreso.

Tanto en la cooperativa como en la Caja de Ande esta información se complementa con los registros de Centro de Información Crediticia (CIC) de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Se trata de una base de datos que califica el comportamiento de los deudores en el pago de sus obligaciones, pero que no establece el nivel de endeudamiento en función de sus ingresos.

Además, cada institución está obligada por la regulación a realizar análisis adecuados de la capacidad de pago de sus clientes.

Estas entidades financieras cuentan con la posibilidad de deducir la cuota del financiamiento directamente del salario del deudor. En el caso de la Caja de Ande este es el procedimiento especificado por su ley de creación.

Este factor es considerado como algunas entidades como un mitigador del riesgo.

“Coopemep sí tiene acceso a gestionar los rebajos de los créditos por medio de la planilla, lo cual efectivamente funciona como un mitigador de riesgo al ser una deducción automática autorizada por el asociado. El análisis de capacidad de pago se realiza de forma rigurosa”, dijo Jorge Solano, gerente general.

Sin embargo, para Cascante, esta facilidad en la recuperación de los créditos no garantiza, ni es un mitigador que disminuya el riesgo de incumplimiento.

Morosidad controlada

El alto nivel de endeudamiento de los educadores y sus problemas recientes de liquidez no se han manifestado contundentemente en los indicadores de morosidad de las entidades asociadas a este gremio.

En la Caja de Ande la morosidad mayor a 90 días se incrementó levemente de 0,17% en marzo a 0,21% en abril.

Los atrasos en el pago de créditos de entre 31 y hasta 90 días sí experimentó un aumento mayor del 0,67% en marzo a 1,25% en abril.

En Coopemep reportan una morosidad estable en 0,45%, por debajo del tope máximo del 3% establecido por la normativa de Sugef, indicó Solano.

En otras entidades, como Coopeservidores, la participación de los educadores en la cartera de crédito es baja (4,77%), y la morosidad entre estos deudores se mantiene en los niveles históricos de la entidad, aseguró Óscar Hidalgo, gerente general.

EF también solicitó los datos de morosidad de Coopenae pero no se obtuvo respuesta.

Mientras la situación se desarrolla, la Sugef da seguimiento a la gestión que efectúan las entidades para a mitigar el riesgo de crédito por ese evento y su posible impacto.