El crecimiento de los gastos del Gobierno lleva la mayor cuota de responsabilidad en el deterioro de las finanzas públicas.
En los últimos seis años, las erogaciones crecieron un 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB), ensanchando el déficit primario en un 6% de la producción.
El restante 1,7% se debe a la caída en la carga tributaria.
La expansión en los desembolsos del Estado responde al aumento en los salarios de los empleados públicos –un 2% del PIB – y de las transferencias de fondos hacia las universidades, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y demás entidades del sector público –otro 2% del PIB–.
El peso de las remuneraciones
En 2014 se destinarán ¢2,2 billones a pagar las remuneraciones de los empleados públicos.
Es un monto que crece más por los aumentos de salarios que por la creación de nuevas plazas de trabajo.
En 2007, se tomó la decisión de equiparar los salarios de los profesionales del Gobierno Central con el percentil 50 de los salarios del sector público autónomo no financiero compuesto por entidades como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Como resultado, el salario promedio en el Gobierno Central creció un 50% en los siguientes dos años, según expone el Ministerio de Hacienda en su documento “En ruta hacia la consolidación fiscal: agenda para un diálogo nacional”.
Debido al salto en los salarios del sector publico, la planilla estatal en relación con la producción alcanzó un nivel superior a la que registran países miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
La diferencia con países de la región es más acentuada. Mientras la planilla consume un 50% de los ingresos tributarios de Costa Rica, en América Latina el porcentaje oscila entre 25% y 35%.
Además, los salarios del sector públicos están por encima de los que paga la empresa privada a empleados en categorías similares.
Según los cálculos de Hacienda, las diferencias entre los salarios del Gobierno Central y los del sector privado oscilan entre 12% y 40%, con un promedio de 23%.
La brecha es mayor en el caso de las instituciones descentralizadas pues los salarios exceden en un promedio de 49% a los de la empresa privada.
Transferencias
El dinero que el Gobierno transfiere a regímenes de pensiones, universidades y programas sociales es otro de los motores del gasto público.
En total, las transferencias corrientes sumaron en 2012 un monto equivalente al 6,7% del PIB.
El desembolso más grande es el destinado a los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional como el del Poder Judicial. Este representa un 37% de todas las transferencias corrientes.
El peso de estos regímenes en la economía se origina en los beneficios que conceden y que sobrepasan a los que ofrece el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La pensión promedio de los regímenes con cargo al presupuesto es un 90% del salario promedio del jubilado, mientras que en el IVM es tan solo un 49%.
Por su parte, las transferencias a las universidades estatales han crecido de un 1% del PIB en 2007 a 1,35% tres años después.
Estos dos impulsores del gasto público también comparten otra característica, son inflexibles a la baja.
