Propone evaluar la distribución y resultados del aporte del 8% del PIB

Por: Sergio Morales Chavarría y César Augusto Brenes Quirós 17 octubre, 2013
Feria está dirigida a estudiantes entre los 18 y 30 años de edad
Feria está dirigida a estudiantes entre los 18 y 30 años de edad

Como parte de una lista de temas por discutir sobre la situación fiscal de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda cuestionó la conveniencia de las erogaciones del Gobierno dirigidas a la educación y basadas en un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) establecido por ley.

El debate propuesto está en el documento “En ruta hacia la consolidación fiscal: agenda para un diálogo nacional”, presentado hoy por el Ministerio de Hacienda y en el que se incluyen posibles soluciones para disminuir el déficit fiscal por las vía de los impuestos y el recorte de gastos.

Las tendencias demográficas, el alto costo de la educación pública y las disparidades en el gasto por estudiante en los distintos niveles educativos son parte de las razones que están detrás del cuestionamiento que hace Hacienda acerca de la conveniencia de subir el porcentaje del PIB que se destina a este sector.

Las dudas provienen de la falta de ingresos para financiar los aportes crecientes a la educación y en que el proceso debe ser de forma gradual para mejorar los controles del gasto y la capacidad de ejecución.

A partir de estas condiciones es que la autoridad hacendaria propone una evaluación sobre la mejor manera para distribuir los aportes adicionales a la educación como porcentaje del PIB, así como la velocidad a la que esos aportes deban crecer.

Incluso, en algunos de los cuadros de medidas propuestas se incluye la opción de revertir el punto porcentual adicional del PIB que se destina a educación.

Por mandato constitucional, el Estado debe otorgar el 8% de sus recursos a la educación como mínimo.

No obstante, el cuestionamiento surge por el propio tema central, es decir, definir en qué consiste o qué debe considerarse gasto en educación. La posición planteada en el documento establece que el Estado provee una serie de servicios que complementan las funciones del Ministerio de Educación Pública y la inversión en ciencia, tecnología y telecomunicaciones, cultura y capacitación técnica.

Incluso, se ofrece como ejemplo el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el cual es financiado con recursos del presupuesto nacional y por lo tanto debería considerarse como parte del aporte estatal, pero la Sala Constitucional ya interpretó una vez que esos servicios no son parte del aporte que se menciona en el Artículo 78 de la Constitución.

Revisión del sistema

La iniciativa plantea que la tendencia actual en la población apunta a que la proporción de la población menor de 24 años irá disminuyendo con el paso del tiempo, pues en el 2012 fue un 41%, mientras que se espera que para el 2030 sea un 31%.

Ese cambio daría un incremento en el gasto real por estudiante, aún si los aportes como porcentaje del PIB se mantuvieron sin variaciones.

Otra de las condiciones señaladas es la relación entre gasto público y el rendimiento académico obtenido, pues según Hacienda los estudiantes logran obtener calificaciones promedio inferiores a las de países con ingreso per cápita similar.

Además, el gasto hecho hasta el momento y el aumento en el porcentaje a la educación con respecto al PIB, ha sido impulsado principalmente por un incremento en las remuneraciones. Algo similar sucede en la educación universitaria pública, pues el diagnóstico señala que los recursos han sido destinados a salarios del profesorado en lugar de orientarlos a la ampliación de la cobertura y a reducir el déficit en infraestructura.

Se señala también un desbalance entre los recursos que van a la educación terciaria y al resto del sistema educativo. El dato presentado por Hacienda consiste que Costa rica gasta 130% más un alumno de educación posterior a la secundaria.