Diputados afines al nuevo mandatario de Guatemala asumen directiva del Congreso

Con votación de 115 a favor, 21 en contra y 23 ausentes, los congresistas de la legislatura instalada el domingo eligieron al diputado Nery Ramos, del partido derechista Azul, como presidente de la directiva, según la transmisión en el canal de televisión del Congreso.

El resto de los espacios en la directiva serán ocupados por diputados de agrupaciones que hicieron alianza con el partido Semilla de Arévalo, entre ellos legisladores de la Unidad Nacional de la Esperanza que desafían a su excandidata presidencial Sandra Torres, derrotada en el balotaje de agosto.

"Creyeron que la anulación de la junta directiva iba a echar por la borda nuestra misión de avanzar en una agenda legislativa a favor del pueblo de Guatemala, pero solo consiguieron fortalecernos", dijo la diputada Andrea Villagrán, de Semilla, quien propuso la planilla única de legisladores que resultó al frente de la directiva.

Ramos, exdirector de la Policía, sustituirá a Samuel Pérez, de Semilla, quien le tomó juramento al nuevo presidente socialdemócrata la madrugada del lunes en una ceremonia que tuvo un retraso de nueve horas por discusiones en el Congreso.

Sin embargo, la directiva liderada por Pérez fue impugnada ante la Corte de Constitucionalidad por diputados opositores y organizaciones de derecha, que adujeron que el anterior Congreso declaró "independientes" a los 23 actuales diputados de Semilla por la orden de un juez que suspendió al partido por supuestas ilegalidades en su conformación en 2017.

La Corte avaló el pedido el miércoles y le ordenó al Congreso repetir la elección tras considerar que al estar sin partido pierden derechos legislativos como integrar la junta directiva o presidir comisiones de trabajo.

No obstante, los diputados de Arévalo lograron remontar esa decisión y mantuvieron la alianza con legisladores de otros partidos para proponer y aprobar la junta directiva de este viernes que dirigirá el Parlamento por un año.

Arévalo, sociólogo de 65 años, asumió la presidencia tras meses de incertidumbre sobre la investidura por una arremetida judicial atribuida a su promesa de combatir a los corruptos de la élite política y económica.