Estados Unidos enfrenta una vez más el riesgo de parálisis de servicios públicos

Cuatro meses después de casi caer en un default sobre su deuda pública, el Congreso debería adoptar antes del primero de octubre la ley de presupuesto 2024 para evitar la parálisis del gobierno.

Las primeras víctimas del entuerto serían unos dos millones de funcionarios federales que no recibirían su salario mientras dure lo que se conoce como “shutdown” o cierre de servicios públicos.

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A poco más de un año de las elecciones presidenciales, en las que el mandatario demócrata Joe Biden buscará la reelección, las tensiones en el Congreso están en su climax.

“El financiamiento del gobierno es una de las responsbilidades fundamentales del Congreso. Es tiempo de que los republicanos comiencen a hacer el trabajo para el cual Estados Unidos los eligió”, lanzó el sábado Joe Biden.

La Casa Blanca lanzó otro dardo el lunes al acusar a los “radicales republicanos de la Cámara” de Representantes de tomar el riesgo de “comprometer la asistencia alimentaria vital para casi siete millones de mujeres y niños vulnerables” y de “jugar con la vida de las personas”. Es que una posible parálisis de servicios públicos corta estos gastos federales.

Las tensiones entre los demócratas y parte los republicanos se centran en un paquete de ayuda adicional a Ucrania, tras la visita el jueves a Washington del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

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Los dos partidos en el Senado son favorables a esta asistencia. Pero en la Cámara Baja, controlada por la oposición, un grupo de legisladores partidarios de Donald Trump rechazan dar sus votos.

“No votaré un solo centavo a la guerra en Ucrania. Estoy primero por Estados Unidos”, declaró la republicana Marjorie Taylor Greene, cercana a Trump.

“Las personas de mi distrito, y de todo el país, están hartos de financiar a otros”, dijo de su lado el representante Eli Crane

Tensiones recurrentes

Esta votación presupuestal en el Congreso se convierte regularmente en una pulseada, con los servicios públicos en medio del combate para obtener concesiones de la otra parte. En general, el asunto se resuelve a último momento.

Pero este año estas tensiones recurrentes se ven exacerbadas por la polarización del Congreso.

En el Senado, los responsables de los dos partidos, Chuck Schumer por los demócratas y Mitch McConnell por los republicanos, dos veteranos de la política, continúan negociando.

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“Estamos los dos firmemente a favor de una ayuda a Ucrania”, dijo a CNN el viernes Schumer, quien se manifestó “muy, muy optimista”.

Sin acuerdo, el Congreso podría adoptar un proyecto provisorio de presupuesto, lo cual daría algunos meses de plazo a los legisladores para encontrar un entendimiento más definitivo.

Esta amenaza de parálisis ocurre apenas cuatro meses después de la telenovela sobre el aumento del límite de endeudamiento que hizo pensar en la posibilidad de un inédito default de Estados Unidos.

En el marco del acuerdo alcanzado para evitar ese extremo, los demócratas aceptaron limitar algunos gastos, lo cual habría permitido aprobar sin problemas el presupuesto.

Pero, “hoy un pequeño grupo de republicanos radicales no quiere respetar el acuerdo y todos los estadounidenses podrían tener que pagar el precio” de esta tesitura, deploró el sábado Joe Biden.

“Tenemos que encerrarnos en una oficina y resolver el problema”, resumió el domingo el legislador republicano Tony Gonzales.

“No quiero un ‘shutdown’ pero es real para mí que el país se encamina hacia esa situación y todo el mundo debe prepararse”, resumió.

Entre las consecuencias previsibles de un desacuerdo sin solución antes del primero de octubre, figuran cheques de ayuda alimentaria que no llegarán a destino; el tráfico aéreo podría verse perturbado, los parques nacionales quedarían sin mantenimiento; los funcionarios “no esenciales” deberían quedarse en casa y no recibirán paga hasta que el problema se solucione.

Estados Unidos tuvo cuatro importantes “shutdown” desde 1976. El último, y más largo, duró más de un mes, desde fines de 2018 hasta inicios de 2019, y recortó el PIB estadounidense en 3.000 millones de dólares, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).