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Una empresa que pretenda adquirir o fusionarse con otra, deberá solicitar primero autorización a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), con el fin que pueda analizar si con esa transacción se concentra el mercado, de tal forma que pueda perjudicar a los consumidores.
A partir del 5 de abril comenzó a regir la reforma que introdujo la Ley 9072 a la normativa antimonopolio.
La reforma, además, otorga mayores facultades a la Coprocom para investigar conductas anticompetitivas y le permite terminar anticipadamente los procedimientos en casos especiales.
La Comisión podrá autorizar, condicionar o denegar las operaciones consultadas, indicó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en un comunicado.
"Diversos estudios internacionales demuestran que los mercados concentrados en uno o pocos participantes, tienden a ofrecer precios más altos y brindar una menor calidad en los productos y servicios, en comparación a mercados con múltiples opciones", indicó Victoria Velázquez, directora de la Promoción para la Competencia,
El procedimiento que regirá la notificación previa de concentraciones y las otras reformas se encuentran en consulta pública, por el MEIC desde el viernes 22 de marzo en la página oficial del Ministerio. Los interesados pueden remitir sus observaciones hasta el 15 de abril del 2013.
"No queremos que este procedimiento constituya una traba más para las empresas, aquellas operaciones que sobrepasen el límite de los ¢7.500 millones pero que se encuentran en mercados desconcentrados serán aprobadas con mayor rapidez. Incluso la Ley establece la aplicación del "silencio positivo", si la respuesta no llega en 30 días naturales, después de presentar la información completa", agregó Velázquez.
El "silencio positivo" es una herramienta legal que establece que en caso de no recibir respuesta en el plazo establecido, automáticamente se entiende que la operación está aprobada.
Las empresas que pretendan concentrar una mayor cantidad de mercado y se abstengan a notificar a la Comisión nombrada por el MEIC podrían recibir sanciones de hasta 680 veces el monto del salario mínimo, unos ¢170 millones.
