TicoFrut solicita apertura de un proceso concursal de convenio preventivo con acreedores

La empresa de agroindustria TicoFrut solicitó la apertura de un proceso concursal de convenio preventivo con acreedores el 11 de marzo de este 2021.

Así lo detalla el sistema de consulta en línea del Poder Judicial con el expediente número 21-000020-0958-CI; este se encuentra en estado de trámite y el caso está asignado al despacho del juzgado concursal de San José.

Asimismo, aparece la asignación de firmado de documentos a nombre de Simón Bogantes Ledezma, juez concursal.

Sergio Artavia, abogado de la firma Artavia & Barrantes que lleva el caso de la empresa, confirmó a EF la información y señaló que el proceso inició desde octubre de 2020, cuando se comenzó a negociar con los bancos y demás acreedores de las empresas.

Sin embargo, el Banco Lafise tomó la decisión de apartarse de la negociación y a finales de enero pidió iniciar procesos de remate contra bienes de la compañía.

Posterior a esto, interpusieron una medida de protección o cautelar que se presentó a inicios de febrero.

“El 15 de febrero el juez nos dio una protección provisional impidiendo a los bancos iniciar cualquier proceso de remate o ejecución de bienes productivos de la empresa. Ante la oposición del Banco Lafise, a esas medidas cautelares, el juez señaló una audiencia el 12 de marzo, donde confirmó mediante sentencia las medidas cautelares”, expresó Artavia por medio de correo electrónico.

Por lo que, el siguiente paso para la solicitud es la resolución del juez concursal, sea de aprobación del convenio o pidiendo alguna aclaración.

Si se llega a admitir la propuesta de TicoFrut, se nombrará a un curador procesal que otorgará protección contra cualquier cobro, ejecución o remate hacia la compañía.

Por su parte, Roberto Aragón, gerente general de Grupo TicoFrut, expresó que los objetivos principales de esta solicitud son: preservar los empleos —más de 3.000 trabajadores— en la región Huetar Norte; y mantener la empresa operando para lograr cancelar las deudas.

“Lo que estamos presentado a los bancos es una propuesta. No les estamos pidiendo una quinta, no les estamos diciendo a los bancos condénenos la deuda a un 20% o a un 40%. La empresa quiere pagar todas las deudas, pero lo que necesitamos es el tiempo. Un plazo que se ajuste a las realidades de la compañía y el mercado”, dijo Aragón.

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El convenio y la deuda

La compañía solicita como medidas una moratoria provisional y una reestructuración de la deuda, que mantenga la operación de la compañía y sus colaboradores.

La reestructuración del monto total de la deuda de $165,9 millones, se divide en dos grupos: el primero, conformado por los acreedores bancarios/financieros cuyas acreencias se reestructuran de manera conjunta (manteniendo cada uno su garantía).

Y el segundo, los no bancarios/financieros, cuyas acreencias se reestructuran de forma individual.

En este caso, los acreedores no bancarios corresponden a Christian Jobmann y Givaudan S.A.

Asimismo, según señala la compañía, el plan está diseñado para el pago total del principal, y ofrece una ventana estimada de salida de los créditos menor de 20 años.

El documento presentado a inicios de marzo ante el juzgado concursal de San José abarca los hechos que motivaron la crisis económica de las compañías, una explicación de las medidas que se proponen, las propuestas concordatorias y demás estudios que respaldan la petición.

La solicitud incluye a las 14 sociedades anónimas domiciliadas en Costa Rica que conforman al Grupo Tico Frut; además de cinco empresas con domicilio en la ciudad de Panamá.

El convenio señala como primer hecho —que llevó a la crisis económica y financiera de la empresa— el alto endeudamiento histórico de la compañía; en la cual destacaron la vinculación en 2014 a sus actuales accionistas. En ese momento, la empresa tenía una deuda total de $146,7 millones.

“Desde dicho momento (2014) hasta hoy, los nuevos accionistas han contribuido un total de $70 millones. Coincidentemente, este monto de capital fresco invertido es muy similar al pago de intereses que la compañía ha realizado a los bancos acreedores ($70 millones) durante el mismo periodo”, indica el documento.

Los demás hechos involucran una caída de los precios y la demanda de jugo de naranja y sus derivados a nivel global; altos costos de producción relacionados con las enfermedades del HLB y PFD; caída en la productividad en la cosecha en los últimos años.

Así como la baja productividad comparativa histórica a nivel internacional; dificultad en la fijación del margen de contribución del jugo de piña y sus derivados; y por último, los impactos negativos de corto plazo consecuencia del COVID-19.