Tribunal Europeo categoriza a Uber como un servicio de transporte

Bruselas. La justicia europea determinó este miércoles que Uber es un servicio de transporte, al que se pueden exigir las mismas licencias y autorizaciones que a los taxis, un revés judicial para la plataforma estadounidense objeto de las críticas de taxistas en todo el mundo.

“El servicio de puesta en contacto con conductores no profesionales prestado por Uber está comprendido en los servicios en el ámbito de los transportes”, por lo que los países “pueden regular los requisitos de prestación de dicho servicio”, indicó en un comunicado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

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Con este fallo que sienta jurisprudencia en la Unión Europea (UE), el alto tribunal responde a las dudas planteadas por un tribunal de Barcelona (noreste de España) sobre la naturaleza de esta plataforma electrónica antes de resolver una demanda interpuesta en el 2014 por una asociación de taxis por competencia desleal.

Sin cambios

La empresa con sede en Estados Unidos estimó que la decisión judicial no cambiará la situación “en la mayoría de los países de la UE”, donde ya operan en virtud de la legislación de transporte nacional, indicó a la AFP una portavoz de Uber.

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La clave del fallo era determinar la naturaleza de este tipo de plataformas, que ofrecen precios más bajos por el mismo servicio y están en el punto de mira de taxistas de todo el planeta desde España a Brasil, pasando por El Salvador.

La Justicia europea considera que Uber “no se limita a un servicio de intermediación”, de poner en contacto mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a clientes con conductores no profesionales que utilizan sus vehículos para un desplazamiento urbano.

Uber crea “una oferta de servicios de transporte urbano” y su aplicación es “indispensable” tanto para los conductores, sobre quienes ejerce también una “influencia decisiva” sobre las condiciones de prestación del servicio, como para los clientes.

Este servicio, cuyo “elemento principal es un servicio de transporte”, responde así en virtud del marco legal europeo al ”ámbito de los transportes” y no al “de la sociedad de la información”, como pretendía demostrar la empresa estadounidense.

Al ser un servicio de transporte, las diferentes administraciones de los países europeos pueden regular las condiciones de prestación, como en el caso de Barcelona, donde los taxistas deben disponer de licencias para poder operar.

Los magistrados del alto tribunal siguen así las conclusiones del abogado general del TJUE, Maciej Szpunar, quien ya indicó en mayo que podía obligarse a Uber “a disponer de las licencias y autorizaciones requeridas” a nivel nacional.

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Los denunciantes en Barcelona, la asociación de taxis Élite Taxi, celebró la decisión del TJUE como una “victoria social” que va a beneficiar a la “sociedad”, declaró el portavoz de Elite Taxi, Iván Sesma, en una conferencia de prensa en Barcelona.

Para la abogada que llevó el caso, Montse Balagué, del bufete de abogados barcelonés SBC, “esta sentencia”, que marcará precedente, “pone de manifiesto que las reglas del juego van a ser iguales para todos”.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Transporte de la Eurocámara, la ecologista Karima Delli, celebró que esa “aclaración” “tranquilizará al sector de los transportes, enfrentados hasta ahora a la competencia desleal de Uber”.

La decisión “es un golpe para la ambición de la UE de construir un mercado único digital integrado”, ya que los innovadores serán objeto “de divergentes normas nacionales y sectoriales”, lamentó Jakob Kucharczyk, del grupo de presión del sector digital CCIA al que pertenece Uber.

Aunque el alcance del fallo del alto tribunal es europeo, este jarro de agua fría para Uber será seguido a nivel mundial, mientras que la plataforma, que opera en más de 600 ciudades, enfrenta resistencias en la mayoría de ellas.

En Brasil, el Senado devolvió en noviembre al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para encuadrar sus actividades, aunque dejando fuera la exigencia inicial de que las autoridades municipales tuvieran que dar una licencia a estas aplicaciones.

Ese mismo mes, un tribunal de Londres, donde la compañía estadounidense está también amenazada de perder su licencia, falló que la empresa debía considerar como empleados a sus conductores, a quienes tenía que pagarles el salario mínimo.

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La imagen de la empresa estadounidense se deterioró en las últimas semanas, después que los datos de 57 millones de usuarios en todo el mundo fueran pirateados a finales del 2016.