Editorial ¿Acuerdo nacional?


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L a semana pasada se le presentó al país un documento llamado Acuerdo Nacional, fruto del trabajo de representantes de los partidos con escaños parlamentarios, asesorados por expertos.

El gran objetivo era la intención de desentrabar la agenda nacional y facilitar la fluidez del proceso político, limitado por múltiples cuellos de botella institucionales, indefiniciones en el terreno de las políticas públicas y fallas en la ejecución de estas.

El esfuerzo revela diversas coincidencias entre los partidos en torno a temas vitales de política pública pero está lejos de ser un acuerdo global que oriente el rumbo hacia la Costa Rica bicentenaria del 2021. No se trata de un proyecto país que orienta, sino de acuerdos parciales con escasa articulación estratégica.

La tarea es positiva. Contribuye a destacar los puntos en que se debe avanzar si queremos seguir en un proceso de desarrollo que incluya la prosperidad, equidad, eficiencia y eficacia de la acción estatal. Es también positivo que se haya dado un diálogo de fondo interpartidario más allá del tacticismo electorero.

Desafortunadamente, los acuerdos alcanzados tienen algunas falencias que limitan el alcance de un trabajo que es positivo en términos generales.

La generalidad de los acuerdos los hace susceptibles de múltiples interpretaciones, como lo dijo uno de los participantes cuando fue consultado por EF en torno al borrador del Acuerdo Nacional que circuló la semana pasada, “el diablo está en los detalles”; es poco lo que se elabora sobre las rutas concretas para la realización de aspiraciones muy generales con las que, salvo excepciones, pocos podrían estar en desacuerdo. De las declaraciones generales a la materialización de decisiones y proyectos hay un gran trecho.

El otro problema es el tema de la obligatoriedad de su observancia. El documento señala que estos acuerdos serán vinculantes para los firmantes; sin embargo, se presentan dos problemas en esta dimensión.

Por una parte, no todos los firmantes representan la fuerza política real de los partidos, aunque ostenten cargos formales en estos. Llama la atención la ausencia de firmas tan importantes como la del candidato presidencial del PLN o de los precandidatos del PAC. Tampoco existe garantía de que los próximos diputados, a elegir en febrero del 2018, acepten el carácter vinculante, moral y no legal, de estos acuerdos.

Además, podría suceder que algunas de las fuerzas políticas firmantes desaparezcan del paisaje político y que surjan fuerzas nuevas. Lo primero restaría fuerza a los acuerdos y en el segundo escenario los recién llegados no se sentirían atados a los pactos acordados. Ambas limitaciones restan fuerza política a la posible ejecución de los acuerdos.

El distanciamiento sugerido por el Frente Amplio si los acuerdos afectaran aspectos de derechos humanos y del ambiente es también una limitación que surge con posterioridad a la firma de estos.

La ausencia de representantes del Poder Ejecutivo también rebaja el potencial del trabajo efectuado, por lo menos en lo referente a los acuerdos que deben implementarse en el corto plazo.

De igual manera la ausencia de representantes de la sociedad civil organizada limitará la viabilidad de los acuerdos en temas tan importantes como el empleo público.

Llama poderosamente la atención que la preocupación con la institucionalidad política haya girado exclusivamente en torno al reglamento legislativo y que aspectos de fondo sobre la función legislativa de representación hayan quedado de lado.

La fragmentación partidaria, producida en parte por el sistema de elección de los diputados, no recibió atención por parte de los convocados, los firmantes quedaron debiendo en lo referente a propuestas para el mejoramiento de la función legislativa.

La escogencia de Ottón Solís como patrocinador de estos trabajos también constituye una limitante, pues aunque es preciso reconocer sus buenas intenciones para construir una solución nacional, no es menos cierto que su antagonismo con el Gobierno actual y con muchas de las fuerzas políticas que estarían implicadas en la ejecución de estos entendimientos constituye una barrera.

La ausencia de un liderazgo claro, encarnado en fuerzas políticas mayoritarias, que promueva la traducción de generalidades en instrumentos concretos es el gran desafío para el éxito de estos acuerdos.

Mencionar mecanismos de seguimiento sin elaborar sobre la especificidad y la autoridad de estos no soluciona el problema.

La realización de estos convenios partidarios siempre requiere de la presencia de una fuerte promoción política, de alguien que se eche al hombro el paquete y explore todos los caminos venciendo las resistencias. Queda la duda sobre quiénes serán los vigilantes de estos acuerdos y quién controlará a los guardianes.

Ausentes el Gobierno y los principales líderes partidarios, se corre el riesgo de que los buenos deseos no transiten hacia el terreno de las realizaciones y que el esfuerzo se reduzca a buenas intenciones.

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