La captura de la regulación de Aresep por la judicialización


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El país ha creado un marco legal e institucional para la regulación jurídica y técnica de los servicios públicos de carácter económico.

Corresponde a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) desarrollar los estudios, elaborar las metodologías, fijar las tarifas y regular la calidad de los servicios públicos, impulsando para ello la participación a través de los procedimientos y audiencias previstos por la ley de prestadores y usuarios, con el objetivo de garantizar la legalidad, la transparencia, la objetividad e imparcialidad en sus decisiones y, sobre todo, el apego a los principios de la ciencia y la técnica, de trascendental importancia en esta materia.

Las acciones de la Aresep están orientadas a velar por el interés general, que podemos definir como el derecho de los usuarios a servicios públicos de calidad, universales y asequibles para todos, a un precio justo que contemple tanto los intereses del prestador como las posibilidades económicas del usuario y el desarrollo del país. En ese sentido, la Aresep se preocupa en primera instancia por los usuarios, quienes aparecen generalmente con menos capacidad para ejercer sus derechos y defender su interés, pero tomando siempre en cuenta, según la legislación, el equilibrio financiero de los prestadores de servicios públicos. De esta manera se busca equilibrar los intereses de los usuarios y de los prestadores de servicios.

La Aresep ha sido condenada judicialmente por errores del pasado, son procesos viejos que han venido a quedar firmes en fechas recientes. Estos son hechos ocurridos y solventados pero las consecuencias económicas de los fallos tendrán repercusión presupuestaria en el presente y en el corto plazo.

Cosa bien distinta, son las nuevas acciones judiciales que se están emprendiendo contra la institución y contra los miembros de la junta directiva. Estas acciones pretenden paralizar los cambios que está introduciendo la Autoridad Reguladora en las metodologías existentes, en aras de garantizar el interés público al que se ha hecho referencia. Como todo cambio, provoca resistencia, empero la institución se apega a la legalidad, la ética y a la ciencia y la técnica en sus acciones.

La captura del regulador es un riesgo que corren los entes reguladores, comprensivo del debilitamiento de la independencia, imparcialidad y objetividad que debe caracterizar sus actuaciones y decisiones.

Una forma como algunos intentan lograr este objetivo es por medio de demandas para que se condene en lo personal a los funcionarios tomadores de decisión, como es el caso de los miembros de la junta directiva, intentan con esto minar la fortaleza emocional y el compromiso con los valores superiores del ordenamiento regulatorio. Sin embargo, reconozco la entereza en los miembros de la junta directiva frente a estos intentos.

En aras de enfrentar la judicialización, la institución está extremando el celo por la técnica, a fin de asegurar decisiones apegadas a la legalidad y consecuentes con el interés público. Está claro que habrá aspectos que en un enfoque de evaluación ex post y de mejora continua se estarán tomando en cuenta en el futuro para mejorar dichas metodologías.

Diversos organismos internacionales han insistido en la falta de protección de los entes reguladores del país, hay una tarea pendiente. Es labor de todos analizar cómo se regula y protege a los entes reguladores de demandas desmedidas que lo que pretenden es debilitar y capturar la acción de la Aresep a su favor. Es prioridad en los próximos meses y años desarrollar un marco procedimental, técnico y legal que subsane las debilidades, para así crear mecanismos de protección a los funcionarios que hacen bien su labor y promover una gestión del riesgo judicial.

El gran reto de Aresep es que, teniendo al usuario en el centro de la regulación, pueda tener en cuenta los intereses de los prestadores, para buscar siempre servicios de calidad al menor costo, de forma sostenible que permitan contribuir a la calidad de vida y el desarrollo del país.

La judicialización busca disminuir, en muchos casos, la labor de la Aresep y sus funcionarios para cumplir con su tarea de proteger a los usuarios.

Nota: Roberto Jiménez Gómez, es el Regulador General de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep)

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