Editorial: Progreso social en Costa Rica


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El martes 8 de abril se presentó en la ciudad de Londres el Índice de Progreso Social ( www.socialprogressimperative.org ) con el propósito de establecer una medida estándar de desempeño social que complemente al crecimiento del ingreso per cápita como la medida del éxito –o fracaso– de una nación.

Este índice no mide ningún indicador económico. Su estructura está orientada a medir tres dimensiones del progreso social. Primera, si el país tiene la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de su población: nutrición y salud básica, acceso a agua potable y saneamiento, vivienda y electricidad y seguridad personal. Segunda, si ha desplegado la infraestructura e instrumentos que le permiten a sus ciudadanos y comunidades mejorar su calidad de vida: educación y conocimiento, acceso a información y comunicaciones, salud avanzada y bienestar, y sostenibilidad de sus ecosistemas. Finalmente, si la nación ofrece un ambiente propicio para que cada ciudadano tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial: derechos personales, libertad de escoger un estilo de vida, tolerancia, equidad e inclusión, y acceso a educación superior.

Estos componentes son medidos por un total de 54 indicadores que se miden de manera adecuada en las 132 naciones incluidas, lo que otorga a este índice una desagregación que le permite a los formuladores de política pública, a líderes de ONG y fundaciones y a empresas responsables identificar con claridad las áreas de necesidad y prioridad en términos de desarrollo social.

Los hallazgos de este índice son notables. El país mejor calificado es Nueva Zelanda a pesar de ser el número 25 en términos de ingreso per cápita, al mismo tiempo que Estados Unidos es calificado como número 16 a pesar de ser el segundo en ingreso per cápita. Estos dos casos demuestran cómo, aun en naciones desarrolladas, la calidad y cobertura de las políticas y programas sociales son determinantes importantes de la calidad de vida.

Costa Rica se califica en la posición 25, lo que la convierte en la nación mejor calificada de América Latina y la mejor calificada entre los países de ingreso medio alto, ambos resultados muy notables. Es normal que los costarricenses pongamos en duda este resultado, pues la mayor parte de los avances e instituciones que lo determinan fueron concebidas años y hasta décadas atrás.

La explicación tiene que ver con una historia que incluye grandes esfuerzos en educación a lo largo de más de un siglo, seguridad social, derechos laborales y ciudadanos, organizaciones cooperativas y solidaristas, hospitales especializados en geriatría, maternidad, niños y especialidades desde hace décadas; un sistema de salud de amplia cobertura, inversiones en electrificación doméstica y acceso a agua potable, y por supuesto toda una institucionalidad y recursos –IMAS, Fodesaf, Banhvi, Avancemos– para redistribuir recursos a favor de los más necesitados.

El índice también señala que hay mucho por hacer y mejorar: problemas de nutrición, bajo acceso a saneamiento de aguas, inseguridad ciudadana, retraso en la educación básica, intolerancia a inmigrantes y minorías, y rezago también en educación superior.

Es hora de que el país regrese a la vanguardia en términos de innovación e inversión social eficaz y eficiente. El índice constituye una nueva medida que debe ayudarnos a retomar el camino del progreso social. Muy oportuno para el próximo gobierno.

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