Durante las últimas semanas hemos visto tanto al vicepresidente Alfio Piva, como a la presidenta Laura Chinchilla recriminar el lento avance para la ejecución de los fondos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
El Poder Ejecutivo, durante el último año y medio, ha emitido política pública en la materia, publicó el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, la Estrategia Nacional de Banda Ancha, y lanzó el Acuerdo Social Digital. Las prioridades están claras, el Gobierno propone cerrar las brechas digitales que naturalmente tienden a ensancharse con la apertura y el rápido despliegue de nuevas tecnologías.
El pasado 24 de setiembre, en el lanzamiento del proyecto Racsa-Vía Europa, Laura Chinchilla dijo: “No es posible que a pesar de tener estrategias, a pesar de tener propuestas, tengamos 18 meses de estar esperando la ejecución de casi $200 millones, que lo que procuran es llevar el modelo solidario de la apertura de las telecomunicaciones, de la explosión de la revolución digital, a los sectores que más lo necesitan”.
Existe amplia evidencia de una marcada correlación entre la penetración de la banda ancha y el crecimiento económico, de manera que al cerrar las brechas digitales, si se aumenta significativamente la disponibilidad de la banda ancha a sectores que de otra manera no podrían accederla, se estaría dando un paso decido al crecimiento con equidad.
La Sutel ha escogido un camino largo para la ejecución del fondo. Primero conformó un fideicomiso con el Banco Nacional, proceso que tomó más de seis meses. También duró más de seis meses la redacción del cartel de licitación para la contratación de la empresa que primero deberá redactar manuales de cómo redactar carteles y adjudicar contratos, para eventualmente pasar a redactarlos y, si hay suerte, algún día adjudicar un contrato, para dotar de conectividad a personas y/o sectores que de otra manera no lo lograrían.
El cartel para la contratación de la empresa fue objetado, lo que obligó a su modificación y al retraso de la fecha de recepción de ofertas. Podría pensarse que este es el ritmo normal de la administración pública y que, por consiguiente, los sectores más necesitados no podrán nunca disfrutar de los beneficios que nos trae la revolución digital, en un tiempo suficientemente corto para evitar la ampliación de las brechas. Pero debemos preguntarnos si hay otra manera de hacer las cosas. La ley de telecomunicaciones y sus reglamentos contemplan situaciones que podrían aprovecharse para acortar el tiempo requerido para cerrar las brechas digitales.
Para cambiar el futuro de Fonatel, el Poder Ejecutivo y la Sutel deben hablar y coordinar, deben ponerse de acuerdo. Debe haber claridad y liderazgo en ambas partes. Debe existir claridad en los alcances y los tiempos de los proyectos, y debe haber claridad en la velocidad del desarrollo digital, que obliga a ejecutar el fondo a una velocidad distinta de la velocidad normal de la administración pública.
De parte del Ejecutivo tanto la claridad como el liderazgo parecen existir. En la Sutel el panorama es más complicado. La complicación nace al no tener la Sutel un jerarca, sino tres. Necesitamos que todos los involucrados adopten el sentido de urgencia requerido para evitar que el progreso que nos trae la apertura de las telecomunicaciones venga acompañado de un aumento en inequidad.
