El Estado costarricense no resulta tan grande desde la perspectiva de empleo pues en su conjunto llega a emplear alrededor de un 15% de la PEA y su ritmo importante de expansión luego de la crisis de los ochenta mermó para convertirse en estable, aunque con una notable excepción de fines de la década pasada. Ahora bien, no se trata de un Estado con un fuerte gobierno central, sino que las instituciones descentralizadas y empresas públicas –que incluye a la CCSS, el ICE para mencionar las de más volumen– ejecutan alrededor de dos tercios del gasto público. La Asamblea Legislativa ejerce control presupuestario directamente sobre alrededor de un tercio del gasto público, pues sobre el resto le fue delegada a la CGR.
Se supone que la articulación, es dada por la planificación –muy débil y debilitada en las últimas décadas– y los mandatos de las leyes. La planificación es lo que precede y preside la acción, pero en nuestro caso devino en una especie de indicación general de baja efectividad para ordenar el concierto de lo público. Cabe recordar que la arquitectura del Estado, establecida en 1949 como reacción a un periodo en donde la corrupción era percibida como muy generalizada, optó por no poner todas los huevos en una sola canasta, al crear entes autónomos especializados, que en algunos casos, como el ICE, permitieron desarrollar una visión técnica y un trabajo de largo alcance muy efectivos durante décadas.
La planificación y las rectorías fueron sustituidas, en la práctica, por una coordinación espuria, la conocida como cuatro tres (reparto entre oposición y gobierno de las juntas directivas) que ha mostrado sus profundas limitaciones para articular el Estado.