EscucharCon tanto problema en la red vial nacional, alguien debe pagar los platos rotos y por eso la idea de cerrar Conavi (para el que puede concluir con ligereza) es el paso por dar. El problema es cuando, por desconocer el porqué de las cosas, se le da con todo al aparente “malo de la película” sin hacer una justa evaluación.
Don Luis Guillermo Solís, que tiene en sus espaldas una gran carga de promesas, bien sabe que aventurarse a un proyecto de ley (el que sea) le costará una buena cantidad de tiempo, valiosísimo, de su corto plazo de gestión gubernamental. Si la lógica es proponer reformas o nuevas leyes, y luego plantear una hoja de ruta, entonces estaremos en serios aprietos, más si se considera la conformación de la Asamblea. En cambio, si partimos de lo que hay, y se mete el acelerador donde sea necesario, ajustando la organización y las formas de gestión, la historia puede ser otra. Incluso invitando al que tiene un puesto público “estable”, pero que no supera evaluaciones de desempeño, a que le dé espacio a otros con la camisa puesta.
En lo que se refiere al Conavi, no siempre hay que deducir que sus problemas –valorados muchas veces sin el rigor técnico de mérito– es toda la organización. Esa fórmula es, incluso, altamente irrespetuosa para los muchos funcionarios que sí trabajan con mística y probidad.
Si alguien cree que en Conavi todo está mal, lo cierto del caso es que no. No por el error grave de unos cuantos, se puede concluir semejante cosa.
Posiblemente parte del error origen de Conavi fue haber nacido jurídicamente arrastrando viejas formas de gestión de obra e infraestructura o, incluso, nacer con una lógica de ejercicio presupuestario, de contratación pública y de gerencia de proyectos, bajo el mismo crisol con el que proceden otras muchas entidades públicas. Vaya error. Es simple, no cabe crear sujetos públicos llamados a responder objetivos de enorme trascendencia social, pero con la imposición de esquemas absurdos de independencia administrativa o funcional.
Puntos de mejora
Sin embargo, lo hecho, ahí está. Y con eso hay que avanzar. Y, en el caso del Conavi, cabe señalar algunos puntos:
Primero. Que su ley de constitución le permite a sí misma autorregularse; y es que, si la estructura vigente da problemas de gestión, lo más sensato es revisar y ajustar. En ese punto, el Consejo de Administración acogió hace poco el informe que emitió la comisión especial para el fortalecimiento de la gestión del Conavi, creada por decreto ejecutivo 37867-MOPT.
Si se avanza en la implementación de ese informe, habrá cambios sustanciales al punto de sepultar por completo una forma cuestionable, lenta y complicada de gestión, para pasar a una más pensada en gestión de proyectos, flexible y ágil. No es que esa deba ser la que impulsen las nuevas autoridades, pero sí hay contenido de donde marcar un posible punto de inicio. Solís ha demostrado suficiente humildad para que se dé el espacio para analizar y mantener lo que estime bien hecho en lo apuntado.
Segundo. Aunque Conavi cambie su gestión, organización, etc., no cabe mantener la ejecución de los grandes proyectos bajo normas poco inteligentes de contratación pública. Es ahí donde el modelo de fideicomiso San José-San Ramón, puede ser una llave de gestión de impacto positivo a corto plazo. Claro, con una Contraloría General madura y abierta a valorar un modelo de controles más sensato y oportuno.
Y es que parece que sí hay fuentes de donde tomar recursos, pero eso se debe acompañar de la firma de uno o varios fideicomisos para dar, por un plazo determinado, la administración de importantes rutas nacionales a estos esquemas. Acá pueden pasar obras nuevas como de conservación y mantenimiento a las que se les coloca o mantiene un peaje razonable, pero con una gestión totalmente diferente de la actual.
Tercero. La obra nueva, mucha concebida en lo que se llama ahora PITT –actualmente en la Asamblea Legislativa para su aprobación–, debe potenciar contratación conforme a las reglas del BID, pero bajo una unidad ejecutora dirigida por técnicos, con el concurso estratégico y político de un órgano de alta dirección que nazca del mismo jerarca del Conavi y del MOPT.
Cuarto. A lo anterior se suma, bajo la idea del sistema de administración de carreteras y de puentes, no tanto concluir ese sistema que llevará su tiempo, sino que, bajo sus objetivos, se logre revisar y trazar la priorización de los proyectos más relevantes por encarar. Unos podrán atenderse desde el presupuesto Conavi, y otros desde la concepción de aporte de bancos estatales, o por qué no, si se logra el proyecto de ley de San José-San Ramón, con el aporte de sujetos privados.
Hoy mismo Conavi coincide en mucho con los señalamientos de obra e infraestructura de Grupo Consenso. Tal vez lo que hace falta es que, en una mesa nacional de planteamiento de los grandes temas, además de hacer una lista, todos aporten y se responsabilicen de alguna parte. Si queremos todos aportar, pues entonces no más informes o notas que van y vienen; parece que llegó la hora de sentarse y no levantarse de ahí hasta que, con visión país, logremos un acuerdo, y todos nos pongamos a trabajar. En ese punto, don Luis Guillermo Solís ha dado muestras claras de pocas palabras, y más acción responsable.
