Pobreza, desigualdad y crecimiento económico figuran entre los temas principales de la campaña electoral. Estos tres conceptos están estrechamente relacionados y cada uno afecta a los otros. El crecimiento económico es la clave para que aumente la riqueza de las familias y la evidencia es contundente en apuntar que sin crecimiento económico no hay reducción de la pobreza. El crecimiento no solo genera mayores ingresos a los individuos, sino que provee los recursos necesarios para que el Estado redistribuya la riqueza y combata la pobreza y la desigualdad.
La desigualdad es importante y debe prestársele atención. Los seres humanos tenemos aversión a la desigualdad, sobre todo cuando otros tienen más que nosotros. Así, la desigualdad excesiva genera conflicto social e inestabilidad política. Ambos producen inseguridad e incertidumbre, receta perfecta para la contracción económica y la formación de un círculo vicioso. Estudios en América Latina demuestran que naciones que de partida tenían una mayor desigualdad han crecido menos en las últimas décadas. Además, el crecimiento económico per se puede ser poco efectivo en reducir la pobreza en países con gran desigualdad.
El crecimiento económico es condición necesaria y la más importante para combatir la pobreza. Costa Rica, luego de la crisis de los 80, dio pasos en la dirección correcta. Fundamentalmente, liberalizó y abrió su economía. Con ello, destapó el potencial dormido de muchas décadas de invertir en educación y seguridad social, legado de los gobiernos liberales del cambio de siglo y las reformas sociales de los cuarenta. Una población sana y educada pudo aprovechar las oportunidades que se les presentó. El país, en 15 años, pudo reducir la pobreza que alcanzaba un 50% de las familias, a menos del 30% en 1990 (al final de la primera Administración Arias) y hasta alrededor del 20% al final de la Administración Calderón Fournier en 1994. Hoy en día, la proporción de personas aseguradas ha aumentado y la cobertura de servicios eléctricos, agua potable y servicios sanitarios alcanza el más del 90% de los hogares. Asimismo, la telefonía móvil ya supera a la fija y alcanza una cobertura cercana al 90% de los hogares de todo el país.
Aún falta más
Sin embargo, quedan retos pendientes.
La reducción de la pobreza se ha estancado por casi dos décadas, la brecha entre lo rural y urbano se mantiene y la desigualdad medida por ingresos ha crecido. Por un lado, las reformas económicas quedaron a medias, hacer negocios es complicado y se mantienen privilegios odiosos para unos pocos sectores a costa de todos. Por otro, los esfuerzos para dotar de una educación de calidad a todos nuestros jóvenes han sido insuficientes. La brecha de calidad es evidente entre la educación pública y la privada, y entre la urbana y la rural.
Reducir la desigualdad por ingresos en el corto plazo es posible. Implica por supuesto redistribuir, pero redistribución y crecimiento económico no deben ser mutuamente excluyentes. El país tiene herramientas poderosas en sus instituciones de seguridad social para ello. Lo que hace falta es capacidad de ejecución. En el largo plazo, la clave es la dotación adecuada de habilidades y conocimientos para que toda la población pueda aprovechar las oportunidades que presenta el sistema económico.
Por eso, las propuestas que persiguen como única meta la redistribución del ingreso a la ‘bolivariana’, excluyendo el crecimiento económico, no son viables.
Quitarle a unos para darle a otros mientras que la economía se empequeñece, solo generará más conflicto social y prebendas para unos pocos. Los efectos de estas políticas los vivimos hace 32 años con todo su rigor. Ni siquiera hay que fijarse en Venezuela. Los inversionistas (costarricenses y extranjeros) se marcharán, la actividad económica se contraerá, la pobreza aumentará y la desigualdad también. Volveremos a 1982.
Hace 32 años, al final de la administración Carazo, una de cada dos familias en Costa Rica era pobre. La pobreza llegó a su clímax, luego de la implementación de políticas fallidas de sustitución de importaciones, proteccionismo, soberanía alimentaria, control y sostenimiento de precios y de un Estado metido a empresario. Todo esto es lo que plantea hoy el Frente Amplio. El efecto: retroceso económico, desempleo, escasez de alimentos, deserción escolar, pobreza generalizada y más desigualdad.