Llama la atención que en la encuesta realizada al sector empresarial no se mencionaran temas del área ambiental como prioridad para la próxima administración. Esto se puede deber al desconocimiento que se tiene sobre el valor de la conservación de los recursos naturales para el sostenimiento y desarrollo de las actividades productivas.
Por ejemplo, la mayoría del sector productivo del país requiere energía eléctrica, en el 2012 casi el 90% provino de la generación hidroeléctrica, la cual depende del recurso hídrico. Según su uso, el 37% del volumen total de agua aprovechada en el país se destina a la actividad agropecuaria, seguido por el riego en actividades agrícolas (28%), agroindustria (20%), industria (6%) y consumo humano (4%) (en 2013). Tanto en el tema de energía como en el sector agrícola la gestión del recurso hídrico es fundamental, pero solo se destina el 0,19% del PIB al Minae, ente rector del recurso.
Una segunda prioridad debería ser el aumento en la eficiencia en la gestión institucional del sector ambiental. Datos del último informe del Estado de la Nación muestran que 64 de los municipios del país presentan doble rezago y 35 tienen valores bajos en el cumplimiento de la normativa de gestión ambiental. Además, las instituciones rectoras de la biodiversidad y ambiente del país ocupan lugares no muy halagadores en el índice de gestión institucional de la Contraloría, por ejemplo Incopesca está en el lugar 116, Setena el 131, la Oficina Nacional Forestal ocupa el 143, Conagebio en el 144, Minae es 146, el Sinac 155 y Geología y Minas queda en el 159 de un ranking de 160 instituciones.
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