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En el 2006 el gasto del Gobierno Central, excluido el pago de intereses, representaba el 11,5% del PIB. Esta cifra había aumentado, en el 2015, hasta el 18%. Es decir, ocurrió un aumento mayor al 50%.
Sin embargo, los servicios que los ciudadanos han recibido del Gobierno Central en términos de cantidad y calidad de escuelas, carreteras, seguridad ciudadana y otros servicios están muy lejos de aumentar o mejorar en más del 50%. ¿Dónde están los resultados que no los vemos? ¿Dónde está el bienestar de nuestra sociedad producto de este incremento de gasto? ¿O será que echamos agua en un canasto y no debemos esperar resultados?
No estamos planteando un asunto ideológico sobre la preferencia de un mayor o menor gasto público. Nuestra pregunta, más bien, es si ha ocurrido una estafa a la ciudadanía, a la que le corresponde pagar en el presente impuestos o –en el futuro– una deuda por unos servicios que no ha recibido. Ya lo hemos documentado con cifras en ediciones anteriores, el incremento del gasto del Gobierno Central ocurrió durante el periodo 2006-2010 –Administración Arias Sánchez– y estuvo relacionado principalmente con el incremento de los salarios de los empleados públicos, las transferencias al sector público –principalmente para pagar salarios– y con el mayor costo de los sistemas de pensiones.
El gobierno de Laura Chinchilla no incrementó el gasto, pero no logró disminuir el déficit fiscal, dado que fracasó en el intento de aprobar un aumento de impuestos en la Asamblea Legislativa por razones de procedimiento señaladas por la Sala Constitucional.
No se puede culpar a la administración Solís Rivera del problema fiscal. Sin embargo, casi a la mitad del periodo presidencial se puede afirmar que no ha tomado acciones significativas para reducir el gasto; por el contrario, ha puesto toda la presión en pro de aumentar impuestos y durante el 2015 expandió el gasto en forma significativa.
Es importante que el Presidente le proponga al país una agenda para frenar el gasto público y garantizar que este se convierta efectivamente en fuente de mayores servicios para la ciudadanía. Por esta razón, en la edición de esta semana hacemos un recuento de los proyectos de ley que están en la corriente legislativa con el propósito de racionalizar el gasto público. La mayoría de los planes buscan cambiar las reglas en los temas de salarios, cesantía, convenciones colectivas y pensiones en el sector público.
Estos temas se han venido discutiendo al menos desde hace tres décadas y solo han tenido modestos avances. En el caso de las reglas relacionadas con la contratación, remuneración, incentivos y evaluación de los empleados públicos no se ha tenido ningún avance legislativo de importancia. Este es un tema clave y el Gobierno ha sido omiso en proponer e impulsar una reforma significativa.
La materia de pensiones también es otro tema clave dentro del gasto público. En el pasado se hicieron varias reformas a los sistemas de pensiones a cargo del Presupuesto Nacional. Sin embargo la Sala Constitucional derogó buena parte de estas reformas y “casualmente” el régimen de pensiones del Poder Judicial no se ha reformado y es una fuente importante de crecimiento presente y futuro del gasto público.
Otro problema estructural del gasto son los destinos específicos de los ingresos para ser gastados en determinados fines o el establecimiento de obligaciones de gasto en la Constitución o en las leyes. Por ejemplo, el país se siente muy orgulloso de haber establecido un mandato constitucional para gastar el 8% del PIB en educación pública, pero este mandato no fue acompañado con nuevos ingresos ni con la condición de lograr determinados resultados.
En conclusión, si no hay reformas en la estructura del gasto público, cualquier aumento de impuestos, como el pretendido por el Gobierno será como echar agua en un canasto.
