6 agosto, 2016
Las antenas permitirán la recepción de la señal satelital para los canales de televisión que se ofrecerán en diferentes paquetes a través de IPTV.
Las antenas permitirán la recepción de la señal satelital para los canales de televisión que se ofrecerán en diferentes paquetes a través de IPTV.

Como lo muestra el reportaje de En Portada en esta edición de EF, durante la última década, Costa Rica experimentó, al mismo tiempo, un acelerado mejoramiento de la telefonía celular y un deterioro del acceso a Internet fija de banda ancha.

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), entre 2005 y 2015, pasamos del lugar 123 al 23 en telefonía fija, una mejora espectacular producto directo de la apertura del mercado. Pero en ese mismo lapso, la misma UIT, indica que en Internet fija de banda ancha pasamos del puesto 86 al 93. El año pasado en los países en vías de desarrollo, un 35% de la población tenía acceso a Internet fija de banda ancha mientras en Costa Rica solo un 11% tenía ese acceso.

No es casualidad, entonces, la enorme popularidad de la Internet móvil en Costa Rica. Los argumentos de los proveedores de servicio para cobrar la Internet por descarga, están severamente sesgados por el tráfico que debería viajar por la Internet fija, pero viaja por Internet móvil sencillamente porque la oferta de Internet fija es más lenta, cara y difícil de conseguir, que la Internet móvil.

Si el costo tuviera relación con el precio, el precio de la Internet fija de banda ancha debería ser mucho más barata que la Internet móvil (para empezar, la Internet fija no consume, y no paga, frecuencias del espectro radioeléctrico). Lo anterior sugiere que el margen de los operadores y proveedores de Internet fija es excesivo. Los usuarios se quejan del precio de la Internet fija, mientras los analistas apuntan a que la falta de interés de los usuarios no ha incentivado la competencia.

La buena noticia es que el viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada, recientemente escribió, en La Nación : “Nos hemos propuesto que el 80 % de la población tenga acceso a Internet a una velocidad equivalente a la mediana de los países que pertenecen a la OCDE. Menciona que la meta es, obviamente, una en constante movimiento, ya que en el último año el promedio de la OCDE, pasó de 20 Mbps a 30 Mbps. Aquí, en ese mismo lapso la velocidad promedio de Internet fija pasó de 2,8 Mbps a 3,4 Mbps. Entendemos entonces, que la política pública que se expresa por medio del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, ha sido modificada para incluir la meta móvil que menciona Estrada.

En el reportaje de esta semana, el viceministro señala que los avances en coordinación con la municipalidades, MOPT, INVU, e Incofer ayudarán al despliegue de radiobases celulares y de redes de fibra óptica en cantones, vías públicas y área residenciales. Lo que nadie ha respondido es qué hará que los operadores se decidan a reducir su margen con la esperanza de aumentar el volumen. Pareciera que prefieren ganar mucho con los pocos clientes dispuestos a pagar los precios actuales, que apostarle a nuevos clientes con menores precios.

El problema está en la apuesta que hay que realizar. Llevar la fibra óptica a las oficinas y hogares es una labor intensiva en capital, sobre todo, con la situación actual en la que los operadores de redes despliegan su propia infraestructura, de manera que el dueño del alambre, es el dueño del cliente. Esto, además de encarecer innecesariamente todo el sistema, aumenta considerablemente el costo, para el cliente, de cambiarse de proveedor de servicio, lo cual obviamente reduce la competencia efectiva. Son pocos los operadores de red que tienen acceso a los fondos necesarios para desplegar redes de fibra óptica por todo el país (cientos de millones de dólares).

La Ley de Telecomunicaciones diferencia claramente entre los operadores de red y los proveedores de servicio, e incluso obliga a los operadores a compartir infraestructura y a ofrecerla a todos los proveedores de servicio en las mismas condiciones. El problema es que los operadores de red son además proveedores de servicio, de manera que un proveedor de servicio que no posea su propia red, tendría que “pagar peaje” a sus competidores, y el regulador no puede comprobar que se cobre el mismo peaje a terceros, que a ellos mismos, sin una contabilidad de costos debidamente auditada.