27 febrero, 2016

S e afirma que una de las funciones del Estado es reducir las desigualdades provocadas por la economía de mercado o por la ley de la selva del capitalismo. Sin embargo, en esta edición mostramos que la burocracia del Estado costarricense se ha servido con cuchara grande y se ha convertido en otra fuente de desigualdad.

En el reportaje de las páginas 4 y 5 medimos la desigualdad salarial en las instituciones del sector público y los resultados muestran profundas desigualdades dentro de las instituciones. En algunos casos entendemos la razonabilidad de tales disparidades. Por ejemplo, en el caso del AyA existirá cierta desigualdad por la mezcla en su planilla de personal no calificado y de profesionales. Más difícil resulta entender el grado de desigualdad en la distribución de salarios en el Poder Judicial.

También existen otras desigualdades: hay empleados que realizan trabajos idénticos, pero ganan salarios muy diferentes, según la institución pública donde trabajen.

Adicionalmente, existe una desigualdad entre los salarios recibidos por los servidores del sector público y el sector privado. Una investigación realizada por el economista Andrés Fernández determinó que entre 2004 y 2013 en Costa Rica aumentó la desigualdad de los ingresos laborales, y que el segundo factor en importancia para explicar el incremento del coeficiente de Gini es la brecha creciente entre las remuneraciones del sector público y del sector privado. En ese período los primeros crecieron en un 27% y los segundos en un 15% en términos reales.

Esta situación nos plantea cinco reflexiones. Primero, no se puede alegar que las diferencias salariales en el sector público obedecen a diferencias de productividad de los empleados, dado que la determinación de los salarios no está basada en el desempeño individual o colectivo. Es importante establecer mecanismos de evaluación del desempeño laboral con consecuencias en el nivel salarial.

Segundo, los administradores de la información de los salarios públicos suelen resistirse a suministrar información a los ciudadanos. En Grupo Nación hemos tenido que recurrir a la Sala Constitucional para obtener información y aún con clarísimas resoluciones judiciales, persiste una fuerte resistencia.

Tercero, hay un potencial conflicto de intereses en las decisiones relacionadas con los salarios del sector público. Las decisiones en materia salarial, incluidos los estudios técnicos, están en manos de la alta jerarquía política y burocrática de la instituciones, quienes son en muchos casos juez y parte en el proceso. Es urgente establecer mecanismos independientes en las decisiones sobre los salarios de los empleados públicos para evitar los conflictos de interés y que la burocracia se sirva con la cuchara grande en perjuicio de la ciudadanía que paga los impuestos y las tarifas de los servicios públicos.

Cuarto, las decisiones que han llevado a un sistema de salarios del sector público tan desigual han sido defendidas por los sindicatos del sector público como parte de los derechos y las reivindicaciones de la clase trabajadora. Hoy vemos que tales “luchas sociales” más bien han profundizado las inequidades en la sociedad costarricense.

Quinto, lamentablemente no hay en camino ninguna reforma para poner orden en los salarios públicos. El diario La Nación nos informó la semana pasada que el “Gobierno (está) sin planes para atacar el caos en salarios” y tiene un “Diagnóstico sin medicina”. Todo parece indicar que el Gobierno del presidente Solís no quiere asumir los costos de plantear una reforma.

En conclusión, es urgente reformar la ley de la selva de los salarios del Estado para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas, para mejorar la eficiencia del aparato público y para reducir las desigualdades.