Desde hace décadas, Costa Rica es reconocida internacionalmente por su compromiso con la protección del ambiente y el desarrollo sostenible. A su vez, la creación de una extensa red de parques nacionales, la impresionante regeneración de sus bosques y el resguardo de su biodiversidad, entre muchas otras medidas, han hecho del país un destino turístico envidiable y le han asegurado las fuentes de trabajo y de las divisas que tanto necesitamos. Entre la multiplicidad de programas ambientales con que contamos, el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA) ocupa un lugar especial, al punto que, recientemente, Costa Rica recibió el premio “Earthshot”, otorgado por los duques de Cambridge y “The Royal Foundation”, por ese exitoso programa para proteger y restaurar a la naturaleza.
El programa consiste en que el Estado se compromete a realizar pagos periódicos a los propietarios a cambio de que éstos protejan las áreas boscosas que sean parte de sus propiedades. Con base en ese programa, en el año 2020, se suscribieron 603 contratos para la protección de 35.000 hectáreas de bosque, una disminución significativa si se compara con las cifras de una década atrás, cuando se suscribieron 1.120 contratos que cubrían 70.000 hectáreas.
Según el Informe del 2021 del Estado de la Nación (IEDN-2021), el programa ha sido crucial para la recuperación de los bosques nacionales porque permite que los propietarios no se vean obligados a escoger entre resguardar esos bosques o explotar esos terrenos para sobrevivir. Fue así, como el país logró, en las últimas dos décadas, aumentar sustancialmente su cobertura boscosa, al pasar de un 42% a finales del siglo pasado a un 60% en el año 2020.
El programa se sostiene principalmente gracias a un porcentaje del impuesto único a los combustibles, que, según el artículo 5 de la Ley No. 8114, aprobada en el año 2001, le corresponde. Pero, en los últimos años e invocando los problemas fiscales del país, el Ministerio de Hacienda ha venido disminuyendo el aporte presupuestario y la situación se ha visto agravada porque el consumo de combustibles disminuyó durante la pandemia y, en consecuencia, se redujeron también los ingresos que generan los impuestos que pesan sobre ellos. Más allá de este factor coyuntural, el IEDN-2021 estima que el programa ha estado recibiendo en los últimos tres o cuatro años cerca de ¢12.000 millones menos de los que por ley debe asignársele.
Bajo estas circunstancias está muy bien que las autoridades responsables estén en búsqueda de ingresos adicionales, mediante el apoyo de la comunidad internacional al asegurarse el acceso a recursos frescos provenientes del Fondo Verde del Clima (GCF) y al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial, así como mediante modelos novedosos que les permita a las empresas locales comprometidas con la carbono-neutralidad compensar sus emisiones con aportes financieros al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo). Pero el Ministerio de Hacienda debe también cumplir con su parte y lo mínimo que debe hacer es respetar el monto que por ley le corresponde a ese fondo, gracias a los impuestos que pagamos los contribuyentes, impuestos que muchos estamos dispuestos a seguir pagando solo si se dedican a fortalecer un programa exitoso y efectivo, que ha arrojado resultados tangibles y externalidades extraordinariamente positivas.
Al recortar gastos y practicar la necesaria disciplina fiscal es indispensable priorizar y distinguir entre los gastos superfluos, abusivos y posibles de postergar y aquellos que aseguran la estabilidad financiera y la continuidad de planes y programas cuyos réditos de corto y mediano plazo son incuestionables. Se trata de las joyas de la corona de un país que ha apostado por la sostenibilidad, la conservación y el ecoturismo y cuyo posicionamiento a nivel mundial es privilegiado, por lo que razones económicas se suman a la responsabilidad ética que nos obliga a aminorar el impacto del calentamiento global y velar por la salud de nuestro planeta.
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