Infraestructura pública: ataquemos la raíz

El nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, dijo recientemente que revisará los costos y contrataciones de infraestructura en carreteras realizadas por la administración anterior, y solicitará a la Contraloría General de la República la colaboración en la identificación de las especificaciones que encarecen las obras, con el fin de luchar contra la corrupción en esa cartera.

Me parece muy loable que el Ministro decida emprender con determinación desde el inicio de su gestión una labor de transparencia, rendición de cuentas y supervisión de las obras realizadas con fondos públicos.

En particular, porque además de la necesidad que tiene el pueblo costarricense de conocer dónde y cómo se gastan los recursos, también —como ha señalado el Banco Central de Costa Rica— la ejecución de la inversión pública dinamiza la actividad económica y, por lo tanto, nos beneficia a todos.

De acuerdo con un estudio realizado en el 2016, un incremento de $330 millones en el acervo de capital en infraestructura podría tener un impacto en la tasa de crecimiento del PIB que se ubica entre 1,25% y 1,6%.

Con respecto al tema de rendición de cuentas, una herramienta que podrá ayudarle al jerarca del MOPT y al resto del equipo del presidente Carlos Alvarado, es el Mapa de Inversiones.

Tuve el honor de participar en la génesis de ese instrumento junto al exviceministro del MOPT, Mauricio González, y el actual gerente de Inversiones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Francisco Tula.

Esta es una plataforma administrada por Mideplan y lanzada en marzo anterior, elaborada en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que permitirá a la ciudadanía fiscalizar en tiempo real la evolución de los proyectos de inversión pública ubicados en sus cantones.

Ese cuadro de mando del que dispondrán los jerarcas y que podrán acceder desde cualquier lugar, permitirá conocer información financiera y física asociada a las obras, aunque, para los efectos del Ministro, estimo conveniente adjuntar información relacionada con los estudios de pre inversión y factibilidad y los contratos adjudicados.

No obstante lo anterior, intuyo que la preocupación principal del Ministro de Méndez Mata radica en eventuales “sobrecostos” injustificables de las obras. Aunque eso podría ser factible y se debe investigar, vale la pena cuestionarse si realmente siempre existen “sobrecostos” injustificados.

El "pecado original"

Por lo tanto, deberíamos volver la mirada y la atención a lo que considero es el “pecado original” en los proyectos de infraestructura pública costarricense, las debilidades en la planificación y gestión de programas y proyectos.

En primer lugar, es necesario contar con una herramienta de planificación de largo plazo, que realmente funcione como una columna vertebral que delimite la “carretera” por la que debe transitar nuestro país en los próximos 20 o 30 años. Ese norte hará factible empatar nuestras necesidades de corto y mediano plazo materializadas en un plan quinquenal de desarrollo, que debería contener proyectos de inversión ordenados según sea la prioridad económica social u otra herramienta comprobada que justifique su ejecución.

En segundo término, más allá de un tema de ideología sobre cómo hacer las cosas, debemos recordar que para obtener bienes y servicios públicos, lo podemos realizar por la forma tradicional, mediante endeudamiento público, y mediante, otras formas novedosas, que no lo son tanto, pero que nos hemos negado a profundizar, como los fideicomisos de titularización, fondos de inversión de desarrollo, y alianzas público privadas, en las cuales, la concesión de obra pública es sólo una de esas múltiples figuras.

En un contexto de vulnerabilidad fiscal, donde los niveles de endeudamiento rozan el límite natural de la deuda, considerado como sostenible por los especialistas, debemos asignar los recursos escasos donde mejor sea conveniente y en el mejor de los casos, en donde la transferencia de riesgos se pueda asignar al que mejor pueda administrarla.

Finalmente, la debilidad en la gestión de los proyectos de inversión se ha hecho evidente con la lentitud de la ejecución de las obras. La forma tradicional en que se han llevado a cabo los proyectos de infraestructura es mediante la contratación de un crédito público de algún multilateral bajo condiciones blandas, gestionado por una unidad ejecutora ligada algún ministerio o institución autónoma.

En ese sentido, debilidades en la conformación y funcionamiento de las unidades ejecutoras, limitada comunicación entre los principales actores ligados al proyecto, debilidades en el diseño de términos de referencia y carteles de licitación, largos procesos de contratación administrativa, y debilidades en el monitoreo y control de obras, redunda en baja capacidad en la gestión de proyectos, generando prórrogas a los contratos comerciales y mayores costos a los presupuestados.

Por lo tanto, la ausencia de un instrumento de planificación de largo plazo, metodologías que permitan jerarquizar proyectos en las instituciones promotoras y su ejecución eficiente por parte de las unidades ejecutoras, así como debilidades técnicas en las etapas de pre inversión y factibilidad, cuyas bases son estudios desactualizados, muy probablemente, implicarán procesos de expropiación adicional, y por ende, incremento en los costos e inclusión de obras complementarias.

Considero importante poner de nuevo este tipo de reflexiones sobre la mesa, dado que un nuevo Gobierno tomó las riendas del país.

La ética y la buena voluntad no siempre van de la mano, pero las debilidades en la concepción, formulación y planificación en los programas y proyectos de infraestructura debemos resolverlas lo antes posible.

Es clave para nuestras generaciones futuras que el Gobierno adopte una visión estado de largo plazo, subsanando los cuellos de botella identificados en los proyectos actuales y planificando correctamente aquellos prioritarios, que nos lleven a la Costa Rica que todos necesitamos.