EscucharEl nuevo panorama político del país impone reformas urgentes a la institución parlamentaria. Algunas de ellas son las reformas al reglamento legislativo, pero sin pensar que la clave para su mejor funcionamiento reside exclusivamente en estas.
La institución legislativa no está aislada, es parte de un sistema de partidos, de un sistema político y de una cultura política.
El Parlamento no es una fábrica de leyes, es parte de la división de poderes que asegura el gobierno general del Estado, tiene funciones de control político y de nombramientos de miembros de los otros poderes.
La Asamblea Legislativa es un componente de un sistema y de un proceso político que se ha vuelto más complejo por la irrupción de actores diversos que no existían inicialmente.
La diversidad ha hecho complejo el proceso de formulación y filtración de demandas desde la sociedad y se hace urgente que se refinen los mecanismos de escucha parlamentaria.
La diferenciación social ha producido un sistema de partidos en transición del bipartidismo a formas de multipartidismo, con las conocidas consecuencias de una repetida fragmentación legislativa que hace muy difícil las negociaciones y los acuerdos dada la multiplicidad de interlocutores.
Mejorar el ejercicio de las funciones del Parlamento pasa ante todo por reconocer, tanto en el diagnóstico, como en el diseño de los cambios, la complejidad del panorama. No se trata solo de cambios en la organización, en sus normas de funcionamiento interno, sino de repensar sus funciones, lo que incluye el rediseño de los mecanismos de relación con los otros poderes del Estado, fundamentalmente el Poder Ejecutivo.
Evitar el reduccionismo simplista
Es imperativo repensar la ubicación en el tiempo de las sesiones extraordinarias y ordinarias. Sería aconsejable empezar la primera legislatura con un período de sesiones extraordinarias para facilitar al Poder Ejecutivo la ejecución de su programa de gobierno.
Los cambios en la cultura política, más abierta a la participación de múltiples sectores en el proceso, deberían acompañarse de esfuerzos por desterrar las visiones que satanizan los acuerdos políticos y que predican una santidad política que estigmatiza el reconocimiento de los intereses específicos de los actores.
Es evidente que la fragmentación legislativa impone cambios en el sistema electoral para facilitar la construcción de mayorías, sin denegar representación a las minorías. La combinación de lista nacional proporcional con circunscripciones territoriales uninominales o binominales podría ser una salida para reducir la atomización centrífuga de nuestro Poder Legislativo.
Otra ruta que podría emprenderse es crear la normativa adecuada para que las elecciones legislativas se efectúen siempre luego de la elección presidencial, lo que ante el fenómeno de la reiteración de la segunda ronda en las elecciones presidenciales, abriría la puerta para que el presidente pueda construir mayorías parlamentarias que apoyen a su gestión.
Es preciso no caer en el reduccionismo simplista. Limitar la transformación de la Asamblea Legislativa a cambios en su reglamento es dejar de lado esta multiplicidad de factores, es preciso actuar sobre varios registros, aunque también es necesario plantear reformas viables y puntuales.
La viabilidad de los cambios está estrechamente vinculada a una lectura de los intereses electorales de los partidos representados en el Parlamento, si hay percepciones mayoritarias que las eventuales reformas perjudicarán el futuro electoral de los partidos, la reforma estará condenada al fracaso.
Vía hacia la derrota
Se deben evitar las reformas integrales, este es el camino directo a la derrota, pues se ofrecen blancos fáciles a los opositores. Un nuevo reglamento con cientos de artículos es la receta segura para la victoria de los conservadores en esta materia, ya que rápidamente sería llenado de mociones de enmienda haciendo imposible la transformación.
Algunos de los promotores de los cambios integrales y radicales aducen como principal argumento la edad del reglamento. Esta argumentación es débil, el frío no está en las cobijas, la razón del cambio no son los años sino las modificaciones sociopolíticas antes comentadas.
Un buen reglamento es aquel que guarda sintonía con los cambios, aunque guarde permanencia en su estructura fundamental.
Es claro que hay reformas urgentes que aguardan su aprobación, como son plazos más rígidos para la votación de los proyectos de ley, limitar el tiempo en el uso de la palabra tanto en comisiones como en el plenario, el quórum para sesionar debe limitarse al número de diputados necesarios para la apertura de la sesión y para la votación de los proyectos, el uso de las mociones de reiteración debe restringirse.
Igualmente deben establecerse rutas más ágiles para conocer los resultados de las comisiones investigadoras y realizar los nombramientos de miembros de otros poderes e instituciones estatales.
Los espacios de control político deben permanecer en el reglamento aunque más regulados, y complementados por la introducción de la comparecencia regular del ministro de la presidencia a contestar las preguntas previas de los diputados.
El correcto discurrir del proceso parlamentario pasa por necesarias reformas a su reglamento.
Sin embargo, es necesario tener presente que si bien este es uno de los cambios que deben buscarse, debe ir acompañado paralelamente por modificaciones en la cultura política parlamentaria, en el sistema electoral y en las relaciones entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, la transformación debe emprenderse con visión sistémica.
