E l reportaje principal de nuestra edición anterior es un triste recordatorio de la incapacidad que ha demostrado el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para cumplir los objetivos para los cuales fue creado. Avanza con suma lentitud y de manera descoordinada, haciendo caso omiso a la política pública.
La ruptura del monopolio de las telecomunicaciones presumía la posibilidad de que aumentara la brecha digital. Esto llevó a crear un fondo para evitar que eso sucediera y para reducirla proactivamente. Así, Fonatel recibió $170 millones hace tres años. Hoy cuenta con más de $237 millones y la brecha digital no se ha disminuido; en cambio, es probable que haya aumentado.
La narrativa del reportaje respecto a centros educativos que no existen y quién es el responsable de la georreferenciación de los lugares a conectar sería divertida si no fuera tan importante la labor encomendada a Fonatel.
El Plan Nacional de las Telecomunicaciones es la política pública de rige la labor de Fonatel. En este documento se detalla de forma clara que la velocidad de acceso a Internet por parte de los centros educativos debe ser un mínimo de 6 Mbps, lo cual es insuficiente, pero también parece irrelevante porque los carteles de las múltiples licitaciones de Fonatel solicitan velocidades inferiores.
La necesidad de conectar con banda ancha a todos los centros educativos y centros de salud, es aceptada por todos. Luego de tres años de numerosas licitaciones y contar con suficiente dinero para desplegar conexiones de clase mundial, se ha conectado menos de un 10% de los centros educativos y a velocidades similares a las que ya tienen casi todas las escuelas y colegios: irrisoriamente insuficientes. Definir la velocidad de conexión de un centro educativo de manera independiente del número de estudiantes es un disparate que no merece discutirse.
¿A qué se ha debido el antagonismo entre el Gobierno de turno y la Superintendencia de Telecomunicaciones ( Sutel)? Aducir desacuerdo en los intereses del país no procede pues el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones está para dictar la política pública. Al regulador solo le corresponde administrar el fondo para lograr los objetivos fijados en dicha política.
El costo de los hilos sueltos de Fonatel es grande y difícil de calcular. Incluye el costo de haber graduado varias generaciones de muchachos que debieron disfrutar de la conectividad como parte de su educación, mas no fue así. También incluye el costo de la enseñanza perversa que sucede al exponer a los jóvenes a conectividad mala e insuficiente; aprenden a utilizar la conectividad con miedo y cuidado, lo cual limita la imaginación y el aprendizaje.
Sin duda habrá quienes opinen que es injusto esperar una actitud creativa y proactiva de los administradores de del fondo. Sin embargo, no es muy difícil diseñar una sola solución en la que todos los centros educativos y de salud se conecten entre sí a muy alta velocidad (por ejemplo 100 Mbps), y en algún lugar central se licita, e instala, una conexión a Internet de alta velocidad (cientos de Mbps) que sería compartida por todos y cobrada “a consumo”.
Esto se podría lograr de manera rápida y a un costo muy inferior a los fondos disponibles, ya sea con una licitación (si se quiere mantener a los consultores ocupados) o asignándole directamente al operador estatal (quien ya tiene la infraestructura necesaria) el proyecto con las debidas penalidades por incumplimiento de los tiempos y/o la calidad del servicio.
