EscucharLa Organización de las Naciones Unidas busca impulsar procesos de desarrollo que garanticen una vida digna para todas las personas, objetivo para el cual Costa Rica ha sido un referente mundial desde hace varias décadas.
El país optó por la paz y la democracia en un momento histórico cuando no eran opciones ni obvias ni fáciles, y fue pionero en la región latinoamericana en asumir tempranamente el compromiso de universalizar los derechos de las personas a la salud, a la educación, al trabajo y a la seguridad social.
El sector privado formó parte fundamental de ese contrato social costarricense por la paz, la democracia y los derechos humanos.
En primer lugar, la empresa privada fue un motor clave, conjuntamente con el Estado y los trabajadores, en el crecimiento económico y ha apoyado la inversión pública social a través del pago de impuestos, lo cual ha favorecido el bienestar de la gente.
El sector privado también apoyó la iniciativa de la clase trabajadora, organizaciones y líderes sociales, sindicales y religiosos, así como del Estado, para la creación y consolidación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), corazón del Estado garante de los derechos sociales de los costarricenses, al aportar al aseguramiento de la gran mayoría de los trabajadores del país.
Sin embargo, todavía hay trabajo que hacer para superar las grandes brechas que persisten, reto frente al cual la empresa privada tiene mucho que aportar.
Un desafío grande y difícil en el camino hacia el cumplimiento de condiciones dignas de vida para todas y todos es la garantía universal de empleos e ingresos decentes. Desde mediados de la década de 1990, la pobreza se mantiene estancada alrededor del 20% de los hogares. Si bien no hay una solución mágica y sencilla a este flagelo, el que los empleadores paguen sueldos decentes e inscriban a sus trabajadores a la seguridad social (Caja) es parte imprescindible de la ecuación.
Hoy en día cerca del 26% de los trabajadores asalariados del sector privado ganan sueldos por debajo del salario mínimo y cerca del 30% de la población económicamente activa asalariada no cuenta con seguro de salud.
Hace unos días se presentó un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Maryland sobre el impacto que tuvo la Campaña Nacional de Salarios Mínimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que demuestra que es posible cambiar esta situación y que la campaña ha tenido un impacto positivo sobre la vida de las personas trabajadoras.
El estudio muestra que la campaña logró un mayor cumplimiento de las empresas con la obligación de pagar el salario mínimo, sin que esto signifique la pérdida de empleos, la reducción de las jornadas laborales ni la migración hacia la informalidad. Es importante resaltar que, una vez señalado el incumplimiento del pago de salario mínimo, un 80% de las empresas rectificó su situación y se puso a derecho. Pero aún muchas empresas tienen pendiente su deber de garantizar el derecho de sus trabajadores a sueldos justos, condiciones decentes y la seguridad social.
Otros desafíos
Si bien la organización de trabajadores en las empresas ha avanzado, todavía falta por garantizar plenamente el derecho a la sindicalización como vía para que los trabajadores logren mejores sueldos y condiciones laborales. Hoy en día es mínimo el porcentaje de trabajadores del sector privado costarricense que participan en sindicatos.
Es importante que las empresas privadas realicen esfuerzos proactivos para garantizar los derechos de los trabajadores, primero porque es una obligación, pero también porque en un mercado internacional cada vez más sensible a la importancia de la protección de los derechos laborales, es una condición necesaria para mantener la competitividad.
Sumado a lo anterior, otro desafío en el camino hacia la igualdad de derechos para todos los costarricenses es el crecimiento de la desigualdad de ingresos, fenómeno que también daña la convivencia, incluyendo la seguridad ciudadana, que implica un costo importante para la sociedad en su conjunto, incluyendo la empresa privada.
El mejoramiento de salarios y el cumplimiento de otros derechos laborales ciertamente aportarán a la reducción de la desigualdad, pero al mismo tiempo, también hay que buscar otras maneras de mejorar la distribución de los ingresos, entre ellas, una reforma fiscal, particularmente una reforma tributaria progresiva que busque no solamente aumentar la recaudación, sino que los que más ganan aporten más. Una reforma de este tipo es imposible de lograr sin el apoyo activo del sector empresarial.
Al hablar de impuestos en América Latina, es muy común escuchar que la gente –no solo del sector empresarial– exprese su renuencia a pagar, dada la percepción de que los gobiernos son ineficientes, que son poco transparentes o que son corruptos. Por eso, es importante también que el Estado mejore su desempeño y que pueda demostrar resultados concretos.
Costa Rica ha sido pionero a lo largo de la historia en la construcción de una sociedad solidaria que respete y proteja los derechos de todos y todas. El sector privado ha sido un actor clave en este proceso y hoy en día, escuchamos diversas voces del mismo sector privado que llaman a reactivar su papel en la construcción de una Costa Rica más justa e incluyente. Por eso, en el Sistema de Naciones Unidas estamos esperanzados en que la empresa privada asumirá el reto de garantizar sueldos y condiciones dignas para todos los trabajadores y de contribuir activamente a una reforma fiscal que permita avanzar hacia una mayor igualdad entre la ciudadanía costarricense.
