Por:  2 noviembre, 2013

Costa Rica tiene una crisis importante de gobernabilidad, cuyo costo en oportunidades es significativo y que, a pesar de múltiples discusiones en relación con las TIC y de la presencia de diversos sectores, parece no ceder.

Es necesario revisar uno de los requisitos para que el proceso democrático rinda frutos: la capacidad de diferenciar entre opiniones y criterios, que conlleva a autovaloraciones más acertadas sobre la validez de afirmaciones.

La democracia garantiza que todas las opiniones tengan el mismo derecho de ser expresadas. Esto no equivale a afirmar que todas las opiniones son válidas, correctas o que tienen el mismo peso para tomar decisiones. Opinar es un acto de voluntad personal, determinado por el contexto de quien lo expresa y correlacionado con el contexto del emisor, independiente de la realidad mayor que lo contiene. Así, una opinión debe considerarse como una creencia personal acerca de un tema. No se debería esperar que a partir de opiniones se tomen decisiones críticas para un país.

Por otra parte, gobernar es el acto de establecer un plan de acción de acuerdo con las condiciones de la nación, de construir metas cuyo fin sea mejorar la situación general del país y la arquitectura del Estado, y finalmente, de llevar el plan a buen término. Para cada una de estas tres etapas es indispensable que los insumos utilizados sean criterios.

Con fundamento

Un criterio es una afirmación sustentada por un razonamiento, y cuya conclusión pueda ser contrastada con la realidad para determinar si el razonamiento es válido y verdadero. Un criterio es válido cuando, a partir de suposiciones verdaderas, las conclusiones son necesariamente verdaderas, y cuando las reglas deductivas no permiten alcanzar contradicciones. Para toma de decisiones se requiere, además de la validez del criterio, conocer su valor de verdad, el cual puede obtenerse comparando contra la realidad y determinar así cuáles son los límites de lo que es posible inferir con certeza y dónde existe incertidumbre.

Buena parte de la dificultad de gobernar radica en la cantidad de asuntos sobre los que se necesita decidir y en la cantidad de opiniones que se pretende sean consideradas. Y esta es precisamente la raíz del problema; utilizar opiniones sin mayor fundamento.

Pretender que todas las opiniones son relevantes para la toma de decisiones no solo no es realista, sino arrogante de parte de quienes las emiten si estas no proveen criterios que expliquen sus creencias. La toma de decisiones debe basarse en criterios donde sea claro cuáles fueron las suposiciones, el razonamiento y las conclusiones, así como la información original para determinar estas si son o no verdaderas. Debemos ser intelectualmente más rigurosos, utilizando criterios en vez de opiniones, si esperamos que nuestras ideas contribuyan al bienestar de Costa Rica.