Por:  21 diciembre, 2013

En mi artículo “Plan fiscal del nuevo bobierno”, publicado en la edición 941 de EF, del 14 octubre anterior, es evidente que el mayor reto por enfrentar por la nueva administración es la situación de quiebra financiera del Estado por la mala situación de la Hacienda Pública. Ni ese plan fiscal, ni el dado a conocer por el Ministro de Hacienda, de Consolidación Tributaria, es capaz de resolver todos los problemas ni arbitrar los recursos necesarios para reducir el déficit fiscal en una proporción del 2,5% al 3,5% del PIB en el periodo 2014-2018. Se necesita algo más: una reforma del Estado tendente a privatizar algunas de sus empresas.

Los pocos gobiernos que han insinuado la privatización de empresas públicas han sido repudiados e impopulares, y algunos partidos políticos en sus luchas electorales han usado el eslogan: “No a la venta de activos”.

El TLC aprobado en el 2007 fue incompleto, porque rehuyó el paso más trascendental: la reforma del Estado, en el sentido de sacarlo de su actividad de empresario, comerciante y banquero, dedicándolo con eficiencia a proporcionar los servicios públicos señalados. El TLC no fue más allá de abrir a la iniciativa privada el mercado de las telecomunicaciones y los seguros, pero dejó al Estado metido en estos negocios, pero que la competencia y eficiencia privada lo está sacando al ir perdiendo gradualmente cuota de mercado e ingresos, con la consiguiente pérdida de rentabilidad económica. Esta apertura no le proporcionó beneficios óptimos.

El Estado sigue siendo propietario y administrador de negocios que comparte tímidamente con el sector privado, tales como: telecomunicaciones, seguros, y la actividad bancaria con tres bancos que dominan más del 50% del mercado. Mantiene los monopolios de generación de electricidad, refinería y venta de combustibles, fabricación de guaro, manejo del Puerto de Limón, venta de lotería, manejo de la correspondencia. Estos monopolios no han sido tocados porque constituyen cajas chicas no fiscales para el Gobierno de turno, sin embargo, estos ingresos son un espejismo porque ocultan los excesivos costos que paga el pueblo por los pésimos y caros servicios que brindan estas empresas públicas. La peor consecuencia del Estado empresario, comerciante y banquero es la elevación de los costos de producción de las empresas y su pérdida de competitividad, alzas elevadas en los servicios y bienes de consumo e inflación que para combatirla las autoridades monetarias restringen el crédito y mantienen un sistema cambiario que aprecia la moneda y desestimula a los sectores generadores de divisas.

Para mejorar la eficiencia del Estado reduciendo su tamaño, eliminar los costos abultados de las empresas públicas ineficientes y que atizan la inflación, y sobre todo obtener ingresos frescos que hagan menos onerosa la necesidad de nuevas reformas fiscales, permitan financiar obra pública y disminuir la deuda interna y externa del Estado, la meta del Nuevo Gobierno es terminar con estos monopolios y trasladar a la iniciativa privada las actividades que este sector pueda desarrollar con mayor eficiencia, eficacia y a menores costos para el país. Los ingresos no fiscales que se dejen de percibir serán compensados por los generados por la venta y los impuestos directos sobre los mismos.

Acciones propuestas

• Privatización de Recope . Uno de los mayores responsables del aumento de la inflación interna son los altos precios que pagan los consumidores por los combustibles, derivados de la ineficiencia y la excesiva burocracia de Recope y su monopolio sobre la refinería. Estas distorsiones se eliminarán privatizando la refinería y venta de combustible y dejando a Recope como un órgano regulador reducido a su mínima expresión.

• Cogeneración privada de electricidad. Disminuir la dependencia del ICE del uso de la energía térmica cuya factura petrolera alcanza los $200 millones anuales es una necesidad urgente del Estado porque significaría una reducción importante de los costos de operación del sector productivo del país, tarifas más razonables para los consumidores y efectos menos nocivos sobre la inflación interna. Para sustituir la generación térmica por fuentes de energía renovables se permitirá la cogeneración privada de electricidad para que el ICE compre del 40% al 60% de estas fuentes de energía generada por operadores privados.

• Privatización de otras empresas públicas. El Estado se concentrará en sus funciones esenciales y se saldrá de aquellos negocios que lo atrofian. Se procederá a privatizar la fábrica de licores, el correo, el puerto de Limón y otras empresas y servicios públicos. Si en los seguros y telefonía el INS y el ICE siguen perdiendo mercado e ingresos, lo que quede de ambos negocios igualmente se privatizarán.

• Venta del Banco de Costa Rica y Bicsa . El Sistema Bancario Nacional es poco eficiente y está distorsionado por el tamaño excesivo de los bancos del Estado cuyos activos al 31 de julio del 2013 representan el 54,2% del total, el crédito 51,1%, dominan las captaciones en depósitos con 60,8% y su capital es equivalente al 46,0%.

El nuevo gobierno considera que el Estado debe disminuir su función de banquero dejando de tener tres bancos públicos con iguales funciones y con una distorsión histórica hacia banca comercial e hipotecaria y escasas actividades de banca de fomento y desarrollo. Se venderá a la iniciativa privada al Banco de Costa Rica.

Con un patrimonio al 31 de julio del 2013 de $ 713,1 millones, la venta en por lo menos 2.5 veces este valor, le permitirá al Estado obtener la suma de $1.782,7 millones equivalente a ¢880.700 millones. Con la venta de este banco se venderá también a BICSA del cual es dueño del 51%.