EscucharDeseo agregar algunos comentarios respecto a la tesis, que no es de ahora, sino de siempre en cátedra, en el sentido que considero inconstitucional que los regulados paguen por su derecho a ser supervisados, tal como se pretende mediante un proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa. Para lo anterior, remito al lector al artículo de la periodista de EF Gabriela Mayorga López, en la edición 891 de este periódico, del 22 de octubre anterior.
El problema. Los entes reguladores son los encargados de fijar los precios por la prestación de servicios públicos y de los servicios de interés general. Para ello, toman en cuenta, además del valor del servicio, el gasto por costos administrativos y de operación. A final de cuentas, este costo se traslada al usuario, es decir, a todos los costarricenses.
En este sentido, la Constitución Política establece la obligación de todos los costarricenses de contribuir con las cargas públicas. El artículo 18 dice: “Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos”.
Este deber de contribuir surge, además, de las potestades que tiene la Asamblea Legislativa para regular la materia de imposiciones tributarias. Así, solo por reserva de ley se pueden establecer impuestos, reformarlos y derogarlos (artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política).
En mi criterio, y de acuerdo con el principio de igualdad frente a las cargas públicas, el Estado puede imponer a los administrados determinados sacrificios y restricciones a sus derechos, para asegurar su adecuado funcionamiento. Es de conocimiento de todos que solo así existe un Estado. Pero las incomodidades que ello implica, que, repito, se justifican para la consecución de los fines estatales, deben distribuirse entre todos por igual, de tal manera que no resulten más gravosos para unos que para otros.
Proporcionalidad
Lo anterior debe interpretarse, además, a la luz del principio de igualdad que se consagra en nuestra Constitución Política en su artículo 33, así como en los tratados internacionales relativos a derechos humanos. Debe existir una igualdad entre las personas y entre los órganos en una misma situación de hecho.
Así las cosas, si los costarricense pagamos una serie de tributos, entre ellos, el impuesto sobre la renta, para sufragar los gastos públicos, no es de recibo que exista una diferenciación tal que implique un aporte desproporcionado e irracional por parte de los administrados, para cubrir los gastos de algunos entes supervisores con cierto grado de desconcentración administrativa y política, los cuales invierten, o mejor dicho, gastan ese dinero, en altos salarios y alquileres de edificios suntuosos sin control real o efectivo.
Con este nuevo proyecto legislativo lo que se pretende es reducir los costos que le genera al Banco Central, como sujeto de indispensable participación dentro del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el mantenimiento de algunas superintendencias, pero ello no justifica que se haga en detrimento de los costarricenses.
Las soluciones. En algunos países como Nicaragua, El Salvador, Chile, México y Colombia, existe un solo ente regulador, esto significa que los gastos operativos son mucho menores; existe un ahorro en temas como la compra de vehículos o contratos por servicio de vigilancia. El regulador siempre es independiente y esta es una fórmula que abarata los costos.
En este sentido, creo que la Asamblea Legislativa debería crear una comisión que se encargue de estudiar los gastos en que incurren los supervisores y evitar así pagos innecesarios y de lujo. Una labor de este tipo podría delegarse en una empresa consultora como Deloitte u otras.
En cuanto a la interrogante de quién regula a los entes reguladores, pareciera que la Contraloría General de la República es la que les aprueba sus presupuestos de operación, de ingresos y egresos, entre otros, pero conforme a su labor fiscalizadora y de control, no puede objetar una compra de un edificio, de un equipo o el pago de los salarios. O sea, no puede coadministrar.
Entonces, aunque los supervisores estén sujetos al control de legalidad en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y al de constitucionalidad en la Sala Constitucional, conforme a los artículos 49 y 10 de la Constitución Política, al no ser esto suficiente, considero, repito, que debe existir una comisión de la Asamblea Legislativa, que eventualmente, con ayuda técnica, regule los costos de los reguladores y determine si nuestro dinero está siendo bien o mal utilizado y si es necesaria o no la existencia de tantos supervisores.
