Mientras acá circulamos entre alcantarillas colapsadas, platinas irreparables y los dos años que ha tardado la reconstrucción de los 10 kilómetros entre el aeropuerto y Manolo’s, Panamá sigue el proceso de convertir ese país en la mejor plataforma logística y productiva de la región:
-$5.250 millones en la ampliación del Canal.
-$1.500 millones en la primera etapa del metro.
-$630 millones en la planta hidroeléctrica de Changuinola.
-$100 millones en la ampliación de su aeropuerto internacional.
Esta última ha llevado a Tocumen a tener un total 31 mangas operativas, comparado con nuestras 9.
Y ya se ha anunciado, para iniciar en febrero, la construcción de la terminal sur de ese aeropuerto con una capacidad adicional de 20 mangas y una inversión estimada en $757 millones.
Y esta es solo la punta del iceberg de inversiones, que además incluye nuevas facilidades portuarias, generación de energía y carreteras.
Panamá tiene una población de 3,5 millones de habitantes y un PIB de $30 billones, ambas 75% de las cifras para Costa Rica, pero sus niveles de inversión en infraestructura superan ampliamente los nuestros.
Estos proyectos son autosuficientes pues sus ingresos alcanzan para su operación, mantenimiento, eventual reposición y financiamiento, aun sin contar los beneficios indirectos al país por incremento de la productividad agregada.
¿Por qué no se pueden hacer acá obras similares? Por “cortesía” de un sistema político donde la obstaculización del progreso beneficia a unos cuantos partidos minoritarios e instituciones y a grupos de interés con intereses particulares o a los que el caos y estancamiento les es negocio como razón de ser.
El mundo avanza. O cambiamos los procesos de decisión o pronto veremos que el flujo de inversiones productivas, aún las de nacionales, buscarán ambientes más propicios para su desarrollo.