9 septiembre

En esta edición publicamos un reportaje sobre los presupuestos nacionales aprobados en las últimas tres administraciones. Dos cosas quedan claras. Primero, el nivel real de gasto casi se ha duplicado en los últimos 12 años. Segundo, los gobiernos de Solís, Arias y Chinchilla, en este orden, han contribuido al crecimiento del gasto del Gobierno Central. Se puede discutir quién más y quién menos, pero las tres administraciones son corresponsables.

Esta duplicación del gasto en los tres últimos gobiernos no representa a primera vista una tragedia para la economía nacional. Sin embargo, se convierte en una tragedia si tomamos en cuenta que el ciudadano no siente que los bienes y servicios derivados del Gobierno Central se hayan duplicado o que el impacto de la duplicación del gasto haya mejorado en forma sensible su bienestar.

En los últimos 12 años no se construyeron grandes obras públicas de infraestructura para mejorar el bienestar de la ciudadanía y la competitividad del sector empresarial. Sí se ha aumentado la cobertura del sistema educativo, pero no hay cambios dramáticos en la calidad de la educación, tampoco mejoras dramáticas en las condiciones de la seguridad ciudadana.

Lo que sí hay es un aumento en el tamaño de la burocracia y especialmente un incremento extraordinario en las remuneraciones de esta. Pagar altos salarios a los funcionarios públicos no es un mal negocio para el país, pero estos no se hicieron con sistemas de incentivos y de evaluación del desempeño; se hicieron al calor de la presión gremial y de la irresponsabilidad de la alta jerarquía política. Simplemente se hicieron como una forma de repartir rentas a cambio de nada. En síntesis, el mayor gasto en salarios del Gobierno Central fue como echar agua en un canasto.

La duplicación del gasto del Gobierno Central en los últimos años no se financió con nuevos impuestos. Se hizo con déficit y deuda. Esta estrategia nos llevará a un saldo de deuda del Gobierno Central del 50 % del PIB en el 2018. Esto pone en riesgo la estabilidad de la economía nacional. Hasta el presidente Solís, en forma torpe, salió a anunciar algo muy cercano a la cesación de pagos por parte de la Tesorería Nacional.

También el déficit fiscal pone en riesgo el crecimiento económico del país. Hasta ahora buena parte del déficit fiscal se ha financiado con ahorro externo, con lo cual se evitó un estrujamiento del financiamiento sector privado. Sin embargo, a partir del presente año con el aumento de las tasas de interés el Gobierno Central estruja al sector privado en la captación del ahorro nacional. Es decir, ya empezamos a sacrificar a hogares y empresas para financiar al Gobierno. Además, tendrán en el futuro que pagar la deuda acumulada.

También el aumento del gasto, vía aumento de los salarios de los funcionarios públicos, ha llevado implícito un aumento de la desigualdad de ingresos. Ya los estudiosos del tema de la equidad han medido como una parte del aumento de la desigualdad en el país en los últimos años se explica por el incremento de los salarios de los empleados del sector público con respecto al sector privado. Todo esto a pesar del trillado e irresponsable discurso de los sindicatos que piden aumentos salariales para combatir la inequidad social.

En síntesis, la tragedia fiscal es la siguiente: en los últimos 12 años se duplicó el gasto del Gobierno Central, los ciudadanos no han visto duplicarse los bienes y servicios derivados de este gasto y más bien las finanzas públicas se han convertido en un riesgo para la estabilidad económica, un obstáculo para el crecimiento del sector privado (hogares y empresas) y en una fuente de inequidad social.

En EF tenemos muy claro que la situación fiscal no es sostenible. Si no se hace una drástica reducción en el déficit fiscal, las consecuencias pueden ser muy graves en materia de estabilidad, crecimiento y equidad.

A pesar de lo anterior, se debe comprender que el aumento de los impuestos (reforma tributaria) pretendida por el Gobierno del presidente Solís para reducir el déficit fiscal es una tarea política casi imposible. En sí la aprobación de una reforma tributaria es una tarea difícil, pero resulta más difícil cuando los ciudadanos y empresarios de este país tendrían que pagar una cuenta de la cual no han recibido beneficios tangibles y nada garantiza que los recibirán en el futuro. ¿Qué garantiza que la tragedia fiscal de los últimos 12 años no se repita de nuevo con los impuestos propuestos?

Entonces, ¿cuál es la salida? En nuestra opinión, se requiere una reforma constitucional para garantizar el equilibrio fiscal, contener el crecimiento del gasto y obligar al sector público a establecer compromisos de resultados y rendición de cuentas. Con este marco constitucional se puede plantear una reforma tributaria que no conduzca a una nueva tragedia fiscal.