Vacaciones, productividad y justicia

El país ha hecho algunos avances importantes en esa dirección: una exitosa apertura comercial y financiera, que dio paso a un sector productivo más eficiente y a la inversión en la generación de nuevos bienes y servicios; la desmonopolización en los sectores de telecomunicaciones y de seguros, que revolucionó la prestación de dichos servicios en el país; una reciente reforma fiscal, que alivió la situación de las finanzas públicas y su impacto en el costo del dinero. Muchas de esas transformaciones hicieron posible que, según algunos estudios, la tasa de crecimiento de la productividad en Costa Rica se duplicara en el período 2008-2018, aunque aún se encuentra muy rezagada en comparación con la de otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pero en otras muchas áreas los avances han sido nulos y el enrarecido ambiente político nacional hace todavía más difícil poder llegar a acuerdos sustantivos en aspectos tan críticos como lo que se requiere en educación, infraestructura física, energía o conectividad.

Los beneficios de una mayor productividad pueden verse traducidos en más ganancias para los accionistas, capital fresco para reinvertir, ingresos adicionales para el fisco o mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. Idealmente, todos los actores deberían verse proporcionalmente favorecidos. Es en este contexto que debe evaluarse la validez y conveniencia, o no, del proyecto presentado recientemente por varios diputados para reformar el Código de Trabajo y aumentar de dos a tres semanas el período mínimo de vacaciones remuneradas anualmente.

En efecto, para tomar una decisión justa e inteligente, deberá ponderarse el grado en que esa productividad se ha incrementado en un período de referencia y cómo se han repartido hasta ahora los beneficios de ese incremento. También hay que analizar si en el caso de los trabajadores dichos beneficios deben reflejarse en un aumento en el número de días de vacaciones o si lo conveniente es más bien un aumento de los salarios u otro tipo de beneficios (subsidios para transporte o alimentación, guarderías, aguinaldo, salario escolar, lactancia, licencias por maternidad o paternidad, fueros especiales, etc.), que no se previeron en el código de 1943 y que hoy se otorgan ya sea por disposición legal, interpretación jurisprudencial, o por la adopción de políticas empresariales o convenciones colectivas. Asimismo, es válido preguntarse si los beneficios de esa mayor productividad deben cobijar a todos los sectores por igual (incluyendo el sector público, que ya cuenta con múltiples incentivos) o si, más bien, debe reconocerse el aporte de quienes han contribuido mayoritariamente para ello y que, no obstante, hoy enfrentan una posición desventajosa.

Finalmente, debe considerarse también el impacto que la reforma podría tener en los costos de producir aquí, ya de por sí altos, y si en un país que muestra un problema crónico para la generación de empleo para las personas de menor preparación —y por ende menos productivas—, los incentivos no deberían más bien enfocarse en crear las condiciones para atender las necesidades de empleo de este sector tan vulnerable, en vez de encarecer la posible generación de esas oportunidades por favorecer a quienes ya tienen trabajo.

El tema no es menor. La calidad de vida del costarricense se ve afectada por largas horas de trabajo poco productivas, tiempos de traslado excesivos debido a un pobre sistema de transporte público, una red de apoyo para el cuido familiar muy limitada y períodos de descanso relativamente cortos, para no mencionar el problema de la informalidad y el desempleo. El problema merece una discusión seria y respuestas bien pensadas.