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A inicios de los ochentas vivimos una muy grave crisis económica. Para volver a crecer y ante el fracaso del modelo proteccionista de industrialización y de sustitución de importaciones, se debía volver a la tradición costarricense y el país se abrió al comercio exterior.
Hubo un debate en aquellos años entre quienes se inclinaban por promover las exportaciones y los que proponíamos un modelo de desarrollo neutro, que no promoviera ni las exportaciones ni la sustitución de importaciones.
Participé como presidente de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) entre los segundos y triunfaron los primeros. Su propuesta –la de promover las exportaciones– era más potable para quienes habían disfrutado de los beneficios del esquema de industrialización, pues les daba un incentivo alternativo.
Para ello se fortaleció el régimen de Zonas Francas (ZF).
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Además, muy atinadamente abrimos nuestra economía, bajamos la protección arancelaria y la protección de tipos de cambio sobrevaluados; establecimos una red de tratados de libre comercio; recuperamos el juicio (al menos por largo rato) en el manejo de la hacienda pública; y mejoramos sustancialmente las políticas crediticias, monetaria y cambiaria.
Así pudimos crecer y diversificar nuestras exportaciones. En 2014, 2.475 exportadores exportaron 4.359 productos a 138 destinos, y los productos tradicionales que a inicios de los ochenta eran el 60% del valor del total exportado, ahora representan un 12%.
A finales del siglo pasado se suponía que desaparecería al inicio del 2003 la autorización del GATT y la Organización Mundial de Comercio (OMC) para el sistema de ZF y mi Gobierno se preparó para impulsar un cambio sustancial del impuesto de la renta.
Proponíamos subir gradualmente la tarifa sobre las empresas en ZF hasta llegar a un 12 o 15% y bajar –también poco a poco– la tarifa para las empresas locales, hasta igualarlas en esa escala. Pero luego se extendió la autorización de la OMC para este esquema, y para poder competir internacionalmente en esas condiciones, se mantuvo intacto el sistema de ZF.
En 2011 se actualizó la legislación y ahora será en 2023 cuando vencerá para la mayor parte de las empresas en ZF la exoneración del pago del impuesto para la renta.
Prever el futuro
Es importante plantearse y discutir cómo llegar –para 2023– a un cambio de modelo basado en la productividad, y que vaya integrando las ZF a las condiciones generales de la economía interna. Claro con un marco tributario, de costos y de servicios públicos e infraestructura que nos haga un destino más atractivo para la inversión extranjera.
Ello porque no podemos darle la espalda o esconder bajo la alfombra el costo social de la economía dual que se ha desarrollado entre el sector exportador protegido y la economía local dedicada a manufacturas, agricultura y servicios.
Pero tampoco se trata de igualar disminuyendo los avances logrados por los trabajadores y los proveedores locales de las ZF, porque debemos tomar en cuenta los importantes beneficios que dejan estas.
Problema metodológico
Procomer, Comex y Cinde unieron esfuerzos para producir el “Balance de Zonas Francas: beneficio neto del régimen para Costa Rica 2011-2015”, que destaca los grandes logros para el país del sistema de ZF.
Ese informe también presenta un estimado del Beneficio Neto País (BNP) que sobrestima en extremo sus resultados por errores conceptuales en los cálculos.
Al calcular el aporte de ZF en relación con el empleo directo acierta en tomar el mayor valor de los salarios pagados en las empresas en ese régimen en relación con el resto de la economía, pero falla al no comparar con trabajadores de similar nivel educativo o capacitación. Y esto lleva a exagerar el aporte de las ZF. En las ZF trabajan personas que en promedio tienen mayor nivel educativo, lo que ocurre sobre todo en servicios como lo refleja el propio estudio. Eso determina un salario mayor por ese concepto y no solo por trabajar en ZF.
Otros dos errores son de mucha mayor magnitud: se toma como aporte al BNP el total del valor de las compras a empresas nacionales y el pago total a los trabajadores indirectos
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En el primer caso se debió tomar como aporte el diferencial entre el valor de esas compras que se da con la existencia de las ZF, y el que se habría dado si estas no existiera. Tomar el total equivale a suponer que si no hubiesen existido las ZF, el trabajo, el capital y los recursos destinados a producir esos bienes no se habrían ocupado y que los trabajadores indirectos habrían estado desempleados.
El segundo error es peor, pues el valor de esos salarios indirectos –que en todo caso solo deberían tomarse por el monto adicional creado por la existencia de las ZF– ya está incluido en el valor de las compras nacionales.
Estos dos errores significan $2.127,3 millones en 2015, del total de BNP de $3.179,2 millones; que está además sobreestimado por no diferenciar trabajo con diferentes capacidades.
El aporte de las ZF es muy importante, pero su BNP posiblemente no exceda $1.000 millones al año, que son muy considerables y casi el doble de las exoneraciones otorgadas para lograr su existencia.
Valdría la pena que Procomer , Comex y Cince rehagan adecuadamente ese cálculo.
