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El anuncio del contenido del proyecto se efectuó esta mañana. En la mesa se encuentran Geannina Dinarte, viceministra de Economía; Víctor Morales, ministro de Trabajo; y Amparo Pacheco, directora de Fodesaf. (MEIC para EF)
Un proyecto de ley pretende exonerar a las microempresas del pago del 0,5% sobre el salario de sus trabajadores que se le realiza al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y del 5% que se le debe girar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
El beneficio se gozaría por un plazo máximo de cuatro años consecutivos, sin posibilidad de prórroga y se disfrutaría solo una vez.
El propósito de la iniciativa es la formalización de las microempresas, lo cual trae ventajas como el aseguramiento de los trabajadores, mayor posibilidad de acceder a créditos, la empresa es más visible en el mercado, y se evita sanciones legales, entre otros.
Por otro lado, el Estado contaría con más recursos económicos.
La iniciativa se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 19.805 y fue anunciada esta mañana en una actividad en la que participó Geannina Dinarte, viceministra de Economía, Industria y Comercio; Víctor Morales, ministro de Trabajo; y Amparo Pacheco, directora de Fodesaf.
Se denomina Ley para exonerar temporalmente del aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y al Instituto Mixto de Ayuda Social, a las microempresas en condición de informalidad.
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Requisitos y sanciones
Para recibir la exoneración, la empresa debe registrarse ante el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC); así como ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como patrono e, igualmente, consignar a sus trabajadores.
La empresa no debe desatender sus obligaciones fiscales y laborales, ni puede tener pagos pendientes con la CCSS o haber estado registrada previamente.
Por otro lado, se plantea que en el último año antes de registrarse en el SIEC el negocio debe haber tenido entre uno y cuatro empleados, y sus ventas no pueden haber sobrepasado ¢45 millones, ni sus activos fijos la suma de ¢27 millones.
El proyecto establece sanciones si el negocio beneficiado induce a error o a engaño a las autoridades, de manera que recibió el beneficio sin cumplir con los requerimientos: deberá cancelar la totalidad de la cuota patronal junto con los intereses moratorios por el tiempo que disfrutó de la exoneración.
Además, la CCSS podría establecer una multa contra la empresa de tres a cinco salarios bases y la empresa podría ser condenada penalmente si en un proceso legal se demuestra que incurrió en un delito.
Si desea leer con detalle el proyecto, puede hacerlo en este enlace.
Según datos del MEIC indicados en la propuesta, la tasa de informalidad en el país es del 52,1% para los negocios que poseen hasta 10 empleados.
Las microempresas representan el 74% del total de las empresas formales establecidas.
