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A principios de noviembre el Ministerio de la Presidencia publicó la propuesta de un decreto sobre la licencia de manejo comercial de drones y dio 10 días hábiles para recibir observaciones. Plazo que se cumpliría este martes.
El decreto establece la “exoneración” por tres años del pago de la cuestionada tarifa de $1.874 para obtener la certificación de explotación de los Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS). Pero con eso solo se posterga la cancelación del monto.
La propuesta, además, deja sin resolver otros problemas creados en la directiva operacional de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), y que han sido planteados por el sector tecnológico.
Ahora, además, se crea otro proceso al exigir a los operadores registrarse como pymes o emprendedores ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), presentar la certificación de este registro a Aviación para obtener la postergación del pago, y repetir el trámite en los dos años siguientes.
“Nuestro objetivo es tener una regulación de la actividad de drones que fomente el desarrollo, sea segura y a la vez sea expedita y accesible”, dijo Roberto Gallardo Loría, presidente de la Asociación Costarricense de Operadores de Drones (Acodron). “Nos oponemos a que un proceso de certificación ineficiente, engorroso y de altos costos sea la barrera a los grandes beneficios que esta actividad trae al país”.
El Poder Ejecutivo todavía podría enmendar todos los errores. “Con información y argumentos hicimos nuestras observaciones y este decreto es el resultado inicial que propone el Gobierno”, dijo Otto Rivera, director ejecutivo de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic). “Confiamos en que el decreto final tendrá en cuenta nuestras observaciones”.
En Casa Presidencial, el departamento jurídico solo respondió que desde el martes 8 y hasta el 22 de noviembre el decreto se encuentra en consulta pública de conformidad con el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, por lo cual su texto está sujeto a cambios que sean sugeridos por los interesados.
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Múltiples problemas
La industria es enfática en indicar que la regulación es necesaria para las actividades comerciales y para las no comerciales (eventos privados, investigaciones científicas y emergencias).
Al mismo tiempo, alerta que las normas no deben afectar a los nuevos emprendimientos y a las pequeñas empresas que nacieron de la mano de esta tecnología, lo que frenaría el desarrollo de esta actividad empresarial.
Sin embargo, el sector dice que los requisitos y los costos “son confiscatorios”. Ahí se incluye, aparte del monto de la licencia, los costos de seguros y de un curso que son establecidos por las aseguradoras y las empresas autorizadas, respectivamente.
A eso ahora se agrega el proceso para ser candidato a la postergación del pago por tres años. Además, que no se están definiendo los alcances, el contenido y la forma en que se pondrá en vigencia el registro de operadores.
Para Acodron, se está tratando de imponer la misma iniciativa que se presentó en el 2014, sin tomar en cuenta las objeciones planteadas desde entonces.
Tampoco se toman en cuenta los avances regulatorios internacionales, en especial en Estados Unidos donde el procedimiento es expedito y de bajo costo.
El problema de fondo es que se estaría imponiendo una normativa donde se iguala la operación de drones a la de aviación tripulada, siguiendo la regulación que hay en España. Por ejemplo, cita Gallardo, el examen médico exigido es el que se pide para pilotos de un Airbus. Otro ejemplo es el curso, el cual debe ser tomado en escuelas de aviación tradicionales.
“Hemos hecho un gran número de recomendaciones tanto a la DGAC como a Casa Presidencial y todas han sido ignoradas”, insistió Gallardo.
Acodron plantea que la directiva operacional debe reformularse con apoyo de especialistas en drones, debido a que el decreto no resuelve “ninguno de los problemas centrales” planteados, los cuales son barreras para los operadores actuales y para nuevos emprendedores.
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Para Camtic, la propuesta de decreto que plantea el Ministerio de la Presidencia al menos estaría reconociendo que se debe avanzar en uno de los problemas señalados.
Falta avanzar sobre las barreras creadas por la normativa actual y en la propuesta de digitalizar y tener en línea el proceso de registro (tanto en el MEIC como la DGAC), para reducir los trámites de registro.
También será necesario que se aclaren varios aspectos de la propuesta del decreto. Pero en especial el sector sigue alertando sobre el hermetismo para establecer el costo de la licencia. Alegan que no se han explicado los gastos que justifican los $1.874, más alto que el precio de muchos de los drones en el mercado.
Qué se propone
El borrador de decreto que el Poder Ejecutivo puso a discusión propone:
Registro: Aviación Civil llevará registro de personas (comerciales o no comerciales) que tienen drones.
Pago: Las que realizan actividad comercial deberán pagar $1.874 por la licencia según decreto del 2015.
Exoneración: Una persona con actividad comercial puede pedir la exoneración de ese pago por tres años.
Procedimiento: Para la exoneración deberá registrarse ante el MEIC como pyme o emprendedora y presentar la certificación a Aviación Civil.
Renovación: Al segundo y al tercer años deberán renovar su condición pyme o emprendedora y presentar la certificación a Aviación cada vez.
Fuente La Gaceta , propuesta de decreto.
