Escuchar
La situación jurídica de la empresa IBW Comunicaciones, proveedor de Internet inalámbrico con la marca Japi, hoy es más que un conflicto entre un operador y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) por el aval para dar un servicio.
El caso refleja las deficiencias que tienen las autoridades para administrar el espectro radioeléctrico y aplicar la legislación con cinco años de antigüedad.
Asimismo, la filtración de información sobre el caso, declarada confidencial, pone a prueba la transparencia del ente regulador del mercado y genera una cortina de humo sobre el problema real. El escenario inquieta a la industria y golpea el ambiente de negocios de telecomunicaciones.
Viejo tema con nueva arista
El caso de Japi tiene un largo trayecto. La firma tiene una concesión de frecuencias, por parte del Poder Ejecutivo (previa a la apertura del mercado), pero la Sutel considera que ese permiso no puede extenderse para dar el servicio de Internet.
El conflicto inició en agosto del 2011, cuando la compañía notificó a la Sutel que ese mismo mes iniciaría la comercialización del servicio de Internet. Sin embargo, Sutel consideró que se requería de una concesión diferente y abrió un procedimiento administrativo.
La resolución llega dos años después. El pasado 14 de agosto, los jerarcas de la Sutel emitieron un acuerdo (que aún no es público) e inicia una nueva etapa.
El abogado Fabián Volio, quien representa a la IBW Comunicaciones, explicó que la sanción implica un pago ¢19 millones ($37.624) y dejar de vender el servicio. Esto implica cerrar el servicio de Internet en un mes; 10.000 clientes se verían afectados.
“El Poder Ejecutivo otorga y cancela las concesiones según la Constitución Política. La Sutel es un órgano de menor rango. El Ejecutivo ha revisado el expediente en dos ocasiones y no tuvo queja”, explicó Volio.
Volio criticó que Japi es la única firma investigada por brindar el servicio de Internet. También alegó que el caso podría presentar vicios.
Entre ellos, una solicitud que se pasó por alto para que Carlos Raúl Gutiérrez, miembro del Consejo de Sutel, se separara de la investigación porque, según Volio, había adelantado criterio en un acta, sobre su deseo de sancionar a la firma.
Por ello, Japi apeló la resolución (recurso de reposición) y acudió a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
De manera paralela, el caso toma otro derrotero espinoso. Un informe confidencial sobre Japi, que fue elaborado por la Contraloría (y que respetaba la solicitud de privacidad de Sutel) fue filtrado. Maryleana Méndez, presidenta del Consejo de la Sutel, presentó la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial por el extravío del expediente.
La filtración de información agrava el caso, ya que se trata de datos con una alta importancia estratégica comercial tanto para la marca Japi como para sus competidores.
“Sobre su petición de una entrevista con la señora Maryleana Méndez, sobre la denuncia puesta ante el OIJ por el extravío de un expediente, el Consejo de la Sutel no se referirá al tema para no obstruir o entorpecer la investigación que están realizando las autoridades judiciales”, dijo Eduardo Castellón, vocero de Sutel, el lunes 20 de agosto cuando EF publicó la noticia en su sitio web.
Cartas en juego
El espectro radioeléctrico es un bien del Estado que toma importancia ante la explosión de la industria de telecomunicaciones y la posibilidad de recibir millonarios ingresos por su licitación.
La compañía IBW posee 75 MHz en la banda de 2,3 GHz, en los rangos de frecuencias de 2300 a 2325 MHz, 2350 a 2375 MHz, 2375 a 2400 MHz.
Esta es una cantidad importante. Por ejemplo, Claro tiene 70 MHz y Movistar 60 MHz para dar cobertura nacional y competir con el ICE (que tiene 120 MHz) en el mercado de servicios móviles.
Además, estos rangos de frecuencias tienen un gran valor hoy, ya que son ideales para brindar servicios móviles, como telefonía 4G, con tecnología LTE.
La concesión de Japi fue tramitada con la Ley General de Radio. Hoy un trámite similar con la Ley General de Telecomunicaciones requiere de una concurso público y el pago de la concesión al Estado por el uso de este bien demanial.
Claro y Movistar son las primeras en entrar en el nuevo esquema y ambas debieron depositar $170 millones en la Tesorería Nacional por el uso de espectro.
En el mercado de Internet móvil, Japi compite con Claro y el ICE, que también comercializan el servicios mediante data cards . En el juego entran los operadores del servicio de Internet fijo que operan la Gran Área Metropolitana (GAM). Este es el caso del ICE y firmas como Tigo y Cable Tica.
Nueva etapa
Japi brinda servicio en la GAM, Guápiles, en Limón; Liberia, en Guanacaste y el cantón central de Puntarenas. La empresa opera en Guatemala y El Salvador.
James Tracy, gerente de IBW en el país, comentó que están tomando precauciones legales en el país como la denuncia ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa (que al cierre de esta edición no se había concretado) e internacionales, para asegurar la continuidad del servicio. Adelantó que buscan asesoría para activar herramientas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya que cuentan con inversionistas de ese país.
Sin embargo, Tracy destacó que la empresa ha aplicado la política de devolver el dinero a los clientes cuando la cobertura del servicio que se vendió a cliente es deficiente. El empresario dice que esta política debe dar tranquilidad a los usuarios.
Empero, la tranquilidad para los usuarios del servicio, Japi y la misma Sutel tardará en llegar. El caso ya tocó las puertas de los tribunales. Por otra parte, el ente regulador del mercado deberá enfrentar una etapa crítica bajo el ojo del Poder Judicial y la Aresep que estudian el caso.
Historia del caso
Origen: La concesión de frecuencias pertenecía inicialmente a Televisora Canal 19 y Librería de Regalos García y García y podía ser usada para enlaces de televisión en el Valle Central.
Traspaso: En el 2007, la compañía Veintitres Mil Cuatrocientos, que posteriormente pasó a llamarse IBW Comunicaciones, inició un proceso de traspaso de la concesión de frecuencias.
Nueva ley: Antes de entrar en vigencia la Ley General de Telecomunicaciones , el traspaso de la concesión recibió el aval del Gobierno y se modificó el uso de la concesión a servicio troncalizado en la transmisión de audio y video y con un plazo a 15 años.
Inicia conflicto: En agosto del 2011, IBW notificó a la Sutel que ese mismo mes iniciaría la comercialización del servicio de Internet. La Sutel consideró que dar el servicio de Internet requería de otra concesión.
Fuente Archivo
