El mercado de telecomunicaciones en Costa Rica es dinámico, maduro y en desarrollo, pero –en contraste– la respuesta de las autoridades a los cuellos de botella que agobian al sector es lenta, burocrática y tardía.
Esa es la percepción que dominó el 30 de junio, fecha del sétimo aniversario de la promulgación de las leyes de apertura del mercado y el día en que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) publicó las estadísticas de esta industria al 2014.
El informe mostró un aumento de los ingresos del sector del 34% para llegar a representar un 3% del Producto Interno Bruto (PIB); la ampliación del número de operadores (122); el nivel de inversión (1% del PIB); y el incremento del empleo en la industria (5% para llegar a 11.002 trabajadores).
Asimismo, dejó ver que la televisión paga y el Internet móvil y fijo son los servicios al alza, mientras que la telefonía móvil se estanca. La telefonía fija sigue de caída y la voz sobre Internet nunca despegó.
“Es claro que este panorama requiere que, a nivel de Estado, apostemos por brindar seguridad jurídica al sector y un clima de estabilidad, que les permita seguir invirtiendo y brindar mayor calidad”, señaló Emilio Arias, viceministro de telecomunicaciones.
Frenos
El crecimiento futuro, incluso en telefonía móvil, vendrá de servicios de valor agregado. “El sector móvil aún tiene mucho espacio de crecimiento si se imprime una dinámica competitiva intensa basada en la innovación comercial”, afirmó Víctor García, gerente regulatorio de Claro.
Para eso será necesario avanzar en decisiones que corresponden a la rectoría –a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt)– y del regulador, la Sutel.
La lista incluye la publicación del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones (PNDT); la declaratoria de mercados en competencia, que de manera inmediata permitiría que cada operador defina sus tarifas; la concesión de 70 MHz para servicios móviles pendiente desde 2011; la limpieza de la banda de 700 MHz y el ordenamiento del espectro radioeléctrico en el mediano plazo; el cumplimiento de la migración a la televisión digital; y problemas de infraestructura.
“Si el Estado costarricense no tiene clara su visión en materia de telecomunicaciones, no podremos desarrollarnos adecuadamente”, insitió Fabio Masís, director ejecutivo de la Cámara de Infocomunicación.
La falta de definiciones impide conocer el panorama futuro y dificulta definir planes. “Que las autoridades tomen decisiones ayudaría a crear un ambiente de negocios más estable y en cierta medida previsible, en una industria que es muy dinámica. En el caso de los usuarios, el efecto principal es que la oferta de servicios sería mucho más atractiva”, dijo Norman Chaves, gerente de asuntos corporativos de Tigo.
Hannia Vega, exviceministra de Telecomunicaciones, coincidió en que la capacidad de respuesta de las instituciones no se acerca a los tiempos del mercado.
“Estos tiempos perdidos afectan a los consumidores en forma directa y a las poblaciones excluidas”, recalcó Vega. “Sorprende que elementos claves como el de banda ancha y el espectro no sean una prioridad resuelta por la institucionalidad”.
El estancamiento de la inversión en ese 1% del PIB también tendría que ver con los pendientes. “Esto sugiere una falta de incentivos para que las empresas puedan continuar con su ritmo de inversiones”, dijo Juan Manuel Campos, especialista legal y socio de CiberRegulación.
La definición en esas materias facilitaría que las firmas se preparen para la migración de clientes a redes móviles de nueva generación, Internet de las cosas, servicios en la nube, la banda ancha en redes fijas y el despliegue de servicios de fibra óptica.
“Los operadores deben prepararse a la presión de la demanda hacia servicios, en particular en cuanto a la evolución de su modelo de negocio”, dijo Gilles Maury, socio consultor en telecomunicaciones de Deloitte.
De urgencia
La principal discusión es la planteada por Claro, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Telefónica para la declaración de mercados en competencia.
El regulador insiste que deben realizar el estudio para ver cuáles mercados tienen las condiciones y que el proceso concluiría a final del 2015. “El estudio es más profundo. Debemos revisar las elasticidades de oferta y demanda”, respondió Walther Herrera, director de mercados de la Sutel.
Los operadores aseguran que las estadísticas mostradas por la Superintendencia deberían servir para tomar la decisión.
“Estas cifras, sobre todo en el sector de servicios móviles, demuestran que estamos en plena competencia. Consideramos que no tiene sentido continuar con una regulación de tarifas como si aun estuviéramos en un monopolio”, dijo Karla Espinoza, gerente de comunicación de Telefónica.
El ICE argumenta que se debe definir cuáles son los operadores con poder sustancial e imponer obligaciones regulatorias, pues sostiene que Claro y Telefónica poseen un músculo regional que los ubica en esa posición, como se demostraría con las ofertas que eliminan los costos de roaming .
“Esta situación exige de la Sutel una investigación muy cuidadosa”, dijo Jaime Palermo, gerente de telecomunicaciones del ICE. El Instituto ya planteó una denuncia contra sus competidores ante Sutel por tal motivo.
Por su parte, el viceministro Emilio Arias respondió que desde mayo –cuando asumió ese puesto– ha avanzado en varios de las tareas pendientes.
Aseguró que ya están en la última etapa de revisión del PNDT y que en octubre lanzarán la marca país que articula las políticas públicas en esta área.
Pronto anunciarán el primer bloque de permisos experimentales para televisión digital y la reglamentación sobre la verificación de receptores; y la semana anterior se publicó en La Gaceta la reforma al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, que incopora la disposición de frecuencias para sistemas móviles de telecomunicaciones internacionales; y que avanzan en el estudio técnico para “definir la ruta” de la licitación de 70 MHz.
“Estoy claro y comparto con el sector empresarial que hay una serie de pendientes desde hace varios años, y agradezco que ellos reconozcan que lo que tenemos de haber ingresado al cargo es mes y medio”, añadió Arias.
