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La firma Millicom –cuya marca comercial es Tigo– está interesada en ingresar al mercado telefónico móvil de Costa Rica y presentó objeciones al cartel de licitación de 70 MHz.
Este concurso de frecuencias móviles es realizado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y tiene fecha programada para la presentación de ofertas el próximo 13 de febrero.
"Efectivamente, se presentaron observaciones al cartel para la licitación“, confirmó Norman Chaves, director de asuntos corporativos de Tigo Costa Rica. “Hicimos dos observaciones puntuales”.
El cartel también fue objetado por Claro y Movistar, ambos con presencia en el mercado local desde la apertura de este mercado en el 2011.
El concurso se realiza bajo la modalidad de licitación pública para otorgar siete bloques en las bandas de 1.800 MHz y 1.900/2100 MHz para servicios de telefonía e Internet móvil. Estas frecuencias estaban pendientes de otorgar desde el 2010.
En aquel momento solo América Móvil (Claro) y Telefónica (Movistar) presentaron ofertas y obtuvieron las respectivas concesiones, que entraron a competir con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que comercializa sus servicios bajo la marca Kölbi.
Millicom es un operador con sede en Luxemburgo que tiene operaciones en Africa, Europa y América, en este caso en Paraguay, Bolivia, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
En Costa Rica ofrece servicios de televisión por paga e Internet, tras la adquisición de Amnet en 2008.
A la espera de respuesta
Las objeciones a este cartel por parte de los operadores van desde aspectos de contratación hasta algunos propiamente técnicos.
Tigo presentó observaciones referentes al plazo para presentar las ofertas, para que sea ampliado, y respecto a los mecanismos utilizados para el establecimiento de los precios.
“Nos parece que debe aclararse el procedimiento para el cálculo de los precios incluidos en el cartel”, dijo Chaves.
Edgar del Valle, gerente legal de Claro Costa Rica, indicó que realizó seis observaciones sobre “compromisos y obligaciones” para nuevos operadores e introduce cambios en las obligaciones que se habían establecido cuando se firmó el contrato de concesión anterior (véase recuadro abajo).
Los cuestionamientos de Tigo y Claro fueron presentados ante la Contraloría General de la República, entidad que ahora deberá resolverlas y pronunciarse.
Telefónica respondió que presentaron “una serie de consideraciones, tendientes a reforzar la utilidad de este espectro para la sociedad".
“No conocemos aún las respuestas de la Sutel”, dijo José Pablo Rivera, gerente de regulación de Telefónica Costa Rica. “Esperamos que el proceso transcurra en los tiempos previstos”,
Objeciones de Claro
- Crea un régimen diferenciado de compromisos y obligaciones para el caso de que posibles nuevos operadores entrantes al mercado, la cual sería violatoria del principio de igualdad. Esto, al establecer obligaciones asimétricas en contra de los operadores establecidos, en temas como cobertura (100%) y velocidades de transferencia de datos en todas las radio bases para operadores existentes, mientras que para posibles nuevos entrantes se establece en un 75%.
- Busca “flexibilizar” o disminuir las obligaciones de cobertura y calidad de servicio. Esto iría en contra de la Ley General de Telecomunicaciones y de los propios lineamientos de la rectoría (el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones), lo que acarrearía una afectación para el usuario final de telecomunicaciones.
- Autorizaría a posibles nuevos operadores entrantes a “reclasificar” discrecionalmente obligaciones de cobertura cuando se presenten obstáculos al despliegue de la red o hechos sobrevinientes que impidan o dificulten su desarrollo, lo cual contrasta con los exigentes procesos vigentes establecidos para los operadores existentes y esto implica un trato discriminatorio.
- Establece un procedimiento de reordenamiento del espectro radioeléctrico que pretende realizar una reasignación de frecuencias, utilizando como instrumento el presente cartel, mediante un acto unilateral que desconoce eventuales indemnizaciones a las que podrían tener derecho los actuales concesionarios. Esto sería contrario al ordenamiento jurídico y a los propios criterios técnicos tanto de la administración concedente como de Sutel, que coinciden en que lo procedente es la recuperación de distintos segmentos del espectro concentrados en Grupo ICE.
- Incluye obligaciones de alcance general ya contempladas en la regulación vigente, en temas diversos tales como registro de usuarios y de terminales, lo que podría crear una distorsión regulatoria al establecer obligaciones asimétricas.
