Gobierno revisa de nuevo plataforma de datos abiertos del Estado

Instituciones publican sus registros pero fallan en la tarea de la actualización

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La transparencia de las instituciones en Costa Rica a través de la publicación de sus datos se quedó perdida en el tiempo.

Muchas de las entidades que forman parte del Portal de Datos Abiertos (disponible en el sitio datosabiertos.gob.go.cr ) actualizaron su información, por última vez, hace más de tres años.

Solo unas pocas, como el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) o la Municipalidad de Palmares, mantienen su portafolio actualizado a la fecha.

La plataforma se implementó durante la administración de Laura Chinchilla, en el 2011, y pretendía reunir y renovar las estadísticas disponibles de todas las instituciones del Estado periódicamente.

El mecanismo le costaba menos de ¢2 millones al año a cada institución, según confirmó la empresa Junar, contratada por la Secretaría Técnica de Gobierno Digital (STGD) para el proyecto.

El cambio de administración y la indefinición del futuro de la STGD ralentizaron el proyecto, dijo Diego May, creador de Junar.

La transparencia, por ahora, sigue siendo una promesa inconclusa que camina a paso lento en el Gobierno.

Promesa que el presidente Luis Guillermo Solís hizo en su informe de los 100 días.

“Para ser transparentes en el ejercicio de la función pública, no hace falta más que querer serlo. Para rendir cuentas de cómo se manejan los presupuestos estatales, tampoco se necesita más que estar dispuesto a hacerlo”, dijo en agosto del 2014.

El Ministerio de la Presidencia asumió el proyecto para darle un carácter “más político” al tema, siempre contando con el brazo técnico de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital.

Para lograr un gobierno abierto, dice la viceministra de Presidencia y Diálogo Social, Ana Gabriel Zúñiga, hay que revisar todo el proceso de nuevo.

En eso llevan siete meses, pero la revisión debería quedar lista, según confirmó Zúñiga, para el primer trimestre del 2015.

“Estamos viendo cómo vamos garantizar que todas las instituciones se logren incorporar”, manifestó, pues no todas tienen el dinero para pagar por el portal.

Dentro del proceso, también apoyan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en este momento está en la Comisión de Permanente de Gobierno y Administración, en la Asamblea Legislativa.

Arranque sin seguimiento

En diciembre del 2012, el sitio de datos abiertos del Estado incluía información de 21 entes, según figura en el primer plan de acción de Gobierno Abierto 2013-2014.

A la fecha, solo aparecen 15 entidades registradas. Ministerios como los de Agricultura y Ganadería, Salud o la Caja Costarricense de Seguro Social, que iniciaron con el proyecto, ahora están fuera de la matriz.

Otros, como el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, muestran datos cuya última actualización se realizó en el 2011.

Un caso particular es el del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En su portal de datos ( datos.inec.go.cr ) muestra información que llega hasta el 2012, pero en su sitio web, las estadísticas se refrescan con base en las encuestas que se realizan todos los años.

Aplicaciones

Desde el Portal de Datos Abiertos, que tiene como plataforma el software de Junar, el sistema redirige a los usuarios a la interfaz de cada institución, cuya dirección URL inicia con la palabra “datos” ( datos.meic.go.cr , por ejemplo). Cada matriz se puede descargar y compartir en redes.

La información que se despliega tiene que ver con presupuestos, quejas ante la entidad, estudios, estadísticas y estado de proyectos, entre otros.

Además, a través de una interfaz de programas (API, por sus siglas en inglés), los desarrolladores de software interesados en temas públicos, pueden crear aplicaciones útiles para los ciudadanos, utilizando como insumo los registros publicados.

El uso de Junar cuesta entre $3.500 y $4.000 al año. Las instituciones pueden descargar la aplicación o utilizarla desde la nube y recibir soporte técnico para unificar sus datos.

El proceso consiste en recopilar la información, publicarla y ponerla a disposición de desarrolladores que quieran crear aplicaciones a partir de los datos abiertos.

Los ciudadanos pueden apropiarse de esa información a través de aplicaciones útiles.

No todos los ciudadanos están esperando a que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes saque su propio compendio estadístico, pero si esa información se condensa en una aplicación que le ayude a encontrar el transporte adecuado para moverse hacia cualquier parte del país, es probable que sí la necesite.

Cuestión cultural

El avance tecnológico de los gobiernos suele quedarse atrás de los procesos sociales.

La inmediatez de las comunicaciones no son nuevas en el mundo, pero los Estados apenas se asoman a esa realidad, comentó Andrey Elizondo, consultor del Incae para Gobierno Digital.

“No es un trabajo sencillo que se cambia con una normativa, sino con la creación de una cultura”, dijo Elizondo.

Para el creador de Junar, Diego May, el panorama de los próximos diez años ejerce presión sobre los gobiernos.

“La interacción con el gobierno sigue siendo tradicional, pero eso va a cambiar en los próximos diez años”, afirmó May.

Gestión abierta

El proyecto de Ley N° 19113 crearía un Instituto de Acceso a la Información Pública y regula ese ejercicio como un derecho fundamental.

Todos los organismos de la Administración Pública estarán obligados a garantizar la disponibilidad de los datos abiertos y su adecuada sistematización. Todo deberá actualizarse.

La información de acceso público es toda aquella relativa a asuntos de interés público que esté en manos de funcionarios y de órganos públicos.

Entre los datos a publicar figuran los concursos y contratos, los planes y presupuestos, los mecanismos de evaluación de desempeño para funcionarios, el índice salarial, el plan anual de compras, las memorias e informes anuales, los textos íntegros de contratación de obra pública y, entre otros, los mecanismos de participación ciudadana.

Fuente Ley de Transparencia N° 19113.

Sostenbilidad y financiamiento