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Después de bucear entre sitios web de municipalidades y escudriñar el de la Contraloría General de la República (CGR), María Fernanda Avendaño encontró un tesoro en bruto: el presupuesto y los gastos de todas las municipalidades están en Internet.
¿Bingo? No. Todos los datos disponibles estaban en formatos que no permitían ningún tipo de manipulación más que copiar y pegar de un lado a otro.
Es un denominador común entre la mayoría de instituciones del país: los datos, que deberían estar abiertos, disponibles y ser manipulables, se diluyen en las imitaciones digitales del papel que, entre otros problemas, ni siquiera son indexables en las búsquedas comunes que un ciudadano haga en Internet.
El 25 de octubre del año pasado, Avendaño participaba en la tercera edición de la hackathón Desarrollando América Latina y tenía solo 24 horas para crear una aplicación que se apropiara de los datos del Estado para transparentar la función pública.
Su grupo de trabajo, los hacktivistas tendría pocas posibilidades de transcribir toda la información para crear algo con lo que todavía dicen soñar: un sitio en el que los ciudadanos de todos los cantones puedan entender en qué se gasta el dinero que pagan en impuestos municipales.
Para lograrlo, tendría que hacer trabajo de hormiga durante mucho más que un día, acceder a cada documento colgado en el sitio de la municipalidad, copiar las cifras, pasarlas a una hoja de cálculo y, solo entonces, analizar la información.
“Es muy difícil hacer un juego de estadística como saber cuánto del presupuesto se llevan los salarios y cuánto el recarpeteo de calles”, comentó la politóloga.
Su prototipo, llamado MiMuni, ganó el primer lugar del concurso, en parte por poner en evidencia que Costa Rica se ha quedado a mitad de camino en materia de acceso a la información.
¿Para qué sirve un dato?
Un documento en PDF le sirve de muy poco a un ciudadano común. “Si a nosotros que estamos interesados nos costó encontrar la información en el sitio de la CGR, imagínese a alguien que ni siquiera sabe que existe esa información”, criticó Avendaño.
Los conceptos de “datos abiertos” y “gobierno abierto” se acuñaron en el país desde el 2011, cuando se unió a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), pero pocas veces quedan claros, dice el investigador independiente de la AGA, Israel Aragón.
“Gobierno abierto es, por ejemplo, publicar información sobre permisos de portación de armas mes a mes, porque estás usando eso para generar transparencia”, explicó Aragón.
En su discurso de toma de posesión, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, destacó la necesidad de que las instituciones sean más transparentes para combatir la corrupción.
“Haremos un gobierno transparente que, desde hoy, se compromete a rendir cuentas de todos sus actos en forma puntual, precisa y oportuna”, dijo.
Un dato “abierto”, por su parte, es una cifra manipulable y utilizable que pueda generar algún valor, desde saber a qué hora pasa el camión de la basura o cuáles son las próximas citas en el Ebáis hasta saber cuánto gana el alcalde y por qué.
Ese es el paso que Costa Rica, con la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, comenzó a dar en el 2012.
La creación de un portal de datos abiertos del Gobierno llegó a reunir 21 entidades que aportaban sus estadísticas y se comprometían a renovarlas año con año.
Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de las instituciones le da seguimiento actualmente. Entre ellas, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Municipalidad de Palmares.
Cumplir con las aspiraciones del país en apertura va más allá de colgar un documento en la web, implica también educar a la ciudadanía para que se apropie de esos datos.
Pocas veces un ciudadano palpa el acceso a esa información en su vida cotidiana.
“Cuando la gente usa la información pública, el Gobierno se da cuenta de que es importante”, dice Luis Diego Oreamuno, director de Grupo Inco.
Y este es solo uno de los retos en materia de transparencia.
Democracia en deuda
“Meta un recurso de amparo”. Esta es una de las frases comunes en las redacciones de los medios de comunicación.
La negativa a brindar información es una cuestión diaria, a pesar de que su acceso está garantizado por la Constitución Política y por cientos de páginas de jurisprudencia de la Sala Constitucional al respecto.
A falta de una ley específica, este órgano judicial se ha convertido en el último y primer eslabón de la cadena de problemas a la hora de pedir registros del Estado.
En el 2014, se presentaron un promedio de 13 recursos de amparo relacionados con acceso a la información por semana ante la Sala Constitucional.
El fantasma de una posible ley que desahogaría a la Sala Constitucional ronda en el país desde marzo del 2013.
Aunque el caso de Costa Rica no es crítico, sí es el único en Centroamérica que no cuenta con una ley específica en esta materia. El rezago es evidente si se toma en cuenta que unos 100 países en el orbe ya aprobaron normativas semejantes.
El primer proyecto fue escrito por una comisión interinstitucional con la la guía de la Organización de Estados Americanos. El segundo, por Juan Carlos Mendoza, exdiputado del Partido Acción Ciudadana.
Solo este último llegó a la Asamblea Legislativa, con la propuesta de crear un instituto que fortalezca el derecho a la información y genere transparencia.
Pero el informe de servicios técnicos de la Asamblea sobre el proyecto muestra fuertes dudas de diferentes ministerios sobre la necesidad de una nueva ley y la existencia de recursos para crear un nuevo instituto.
