Proyecto de ley pretende dar soporte jurídico a las comunicaciones digitales

Por: Krisia Chacón Jiménez 20 marzo, 2016
 Un proyecto de ley pretende regular las comunicaciones y negocios que se realizan a través de Internet con el fin de proteger al usuario tal y como ya se hace con los documentos físicos.
Un proyecto de ley pretende regular las comunicaciones y negocios que se realizan a través de Internet con el fin de proteger al usuario tal y como ya se hace con los documentos físicos.

¿Usted se siente seguro al realizar compras y pagos en línea?

Actualmente un proyecto de ley que pretende dar reconocimiento jurídico a las comunicaciones que se realizan a través de Internet, languidece en la Asamblea Legislativa.

El texto crearía las condiciones para que las transacciones de papel y las electrónicas tengan un trato igual ante la ley.

Los defensores del proyecto afirman que con una legislación de comercio electrónico, el consumidor no estaría desamparado ante reclamos que realice en caso de tener problemas por transacciones electrónicas.

Por citar un ejemplo: la ley vendría a respaldar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país para que se conviertan en exportadoras de bienes y servicios y que además cuenten con el pleno respaldo de cualquier banco.

El proyecto no carece de detractores, quienes consideran que podría representar duplicidad con las leyes que ya regulan estas prácticas.

El documento se encuentra en la Asamblea Legislativa desde el 2013 en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos y todavía necesita ser analizado debido a tratar un tema técnico.

Mientras esto sucede, ya hay organizaciones que presionan para que los clics estén igual de amparados que los documentos físicos.

infografia
Buscadores de seguridad

El proyecto fue bautizado como “Ley de servicios de la sociedad de la información” (ley de comercio electrónico) y consta en el expediente Nº 19.012.

Según el documento, la iniciativa procura insertar a Costa Rica en el mercado internacional como un Estado moderno y conocedor de los estándares internacionales que exige la digitalización.

“La expansión de las redes de telecomunicaciones, medios de comunicación, tecnologías y la aparición de nuevas plataformas de negocios, traen consigo la necesidad de adaptar los órdenes jurídicos internos de los Estados”, justifica el proyecto.

La Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) respalda el proyecto.

Según Paul Fervoy, vicepresidente de la junta directiva de Camtic, explicó que la ley daría claridad y confianza, por ende permitiría que haya más actividad comercial.

En la región ya hay los primeros avances.

En enero del año anterior Honduras aprobó una ley basada en las estipulaciones de la Ley Modelo de Comercio Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Sin embargo, en Costa Rica el proyecto se desarrolla en medio de un contexto en el que existe desconfianza por el comercio electrónico.

Así lo determinó el más reciente estudio Red 506 de EF elaborado por la firma Dichter &Neira a finales del año anterior.

Tan solo un 19% de los encuestados dijeron que realizan compras en línea, frente a un 81% que respondió negativamente.

Dentro de la porción de usuarios que sí lo hacen, la mayoría (35%) dijo que hace compras a través de Internet tan solo cuatro veces al año.

La misma tendencia se mostró en los pagos en línea, pues el 19% dijo que sí los realizan por ese canal, frente a un 82% que dijo no.

Las personas que suelen utilizar más estos servicios tienen edades que oscilan entre los 28 y 35 años.

Ambiente legislativo

El texto se encuentra en análisis dentro de la subcomisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.

Al ser un texto técnico, la diputada del partido Movimiento Libertario Natalia Díaz afirmó que debe someterse a más estudios.

Díaz añadió que este proyecto pretende reconocer jurídicamente las comunicaciones electrónicas, pero “para mí ya están reguladas en otras leyes como la de telecomunicaciones, la ley de certificados de firmas digitales y de certificados electrónicos”.

Los legisladores quieren evitar que se apruebe una nueva ley que duplique otras normas.

Por el momento, en la Asamblea analizan la opción de que el proyecto no se convierta en una ley marco, si no que sea una reforma en los aspectos concretos que estén actualmente por la libre.

Díaz manifestó que entre los temas que le preocupan están las sanciones y el nombre.

“Hay sanciones que me parecen desproporcionadas, incluso hay una que podría ser inconstitucional. Sabemos que es un tema delicado”, acotó Díaz.

Lo mismo sucede con el nombre del proyecto. Para la legisladora no se puede tomar como sinónimos los términos de sociedad de la información y comercio electrónico.

Todavía no hay plazos definidos para sacar el proyecto.

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