Protección de datos personales se queda en el papel

La ley que se aprobó hace tres años para poner en regla a todas las empresas que comercian con datos personales, se queda en las palabras sin pasar a los hechos.

El plazo para inscribir bases con información personal en la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) venció el 5 de marzo y tuvo una prórroga de tres meses pero, hasta el momento, ninguna está formalmente inscrita y solo 22 han iniciado los trámites.

La Ley N.° 8968, publicada en el 2011, ordenó la creación de esta agencia y le asignó como funciones el registro de las empresas y la atención de denuncias de la gente por el uso de sus datos.

El nuevo director de la Prodhab, Mauricio Garro, es abogado y entró a fungir el 29 de julio pasado. Sentado en su oficina de pocos metros cuadrados, dentro del Ministerio de Justicia y Paz, le explicó a EF que ese pequeño espacio con dos escritorios, dos funcionarios y una pila de archivos es la totalidad de la agencia.

“El estado de la Prodhab es significativamente embrional. Eso explica, en parte, por qué no se ha visto más públicamente la necesidad de acudir a la institución por parte de las empresas”, justificó el director.

Garro aceptó que la normativa, en muchos aspectos, está escrita pero no se practica ni se exige su cumplimiento.

Aunque la agencia desconoce cuántas bases pueden existir en el país, la evidencia apunta a que son muchas más de las que se han acercado a la entidad.

Para dimensionarlo usted puede hacer un conteo rápido de todas las empresas que le envían publicidad, invitaciones u otras ofertas de servicios al correo electrónico o al celular.

Según la ley, estas empresas pertenecen a solo uno de los tipos de firmas que deberían inscribirse. El resto, abarca a todos los organismos públicos o privados que manejan datos personales.

Todas las compañías que no hayan iniciado el proceso para registrarse, están incurriendo en una falta grave y pueden ser sancionadas con multas que van desde los ¢6.000.000 hasta los ¢12.000.000, mientras que el costo por inscribir las bases es solo de $200, sin importar el tamaño.

Aunque la Prodhab está facultada para aplicar multas desde el 5 de junio, su director afirmó que, en este aspecto, serán coherentes con sus propios errores.

“Estamos conscientes de que no hemos sensibilizado suficiente a la población ni a las empresas”, reconoció.

¿Para quiénes aplica la ley?

Los datos personales a los que se refiere la legislación corresponden a cualquier seña que pueda identificar a una persona, desde cómo se llama hasta a cuál religión pertenece.

“El principio de autodeterminación informativa, en el que se basa la ley, dicta que los datos personales le pertenecen a la persona y no a las empresas. Es ella quien decide sobre ellos”, aseguró José Francisco Salas, uno de los redactores de la ley.

Eso incluye a las firmas que otorgan créditos, pues además del comportamiento crediticio (que es regulado por el Sistema Financiero Nacional), manejan información de personas.

De hecho, la mayor cantidad de denuncias que han interpuesto los habitantes están relacionadas con la discriminación que han sufrido a la hora de solicitar un préstamo.

Las empresas que utilicen estos datos para fines internos y que no lucren con ellos, no están obligadas a inscribirse.

Sin embargo, entidades como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) o la empresa Manpower Costa Rica, que usualmente no comercian con la información, sí han iniciado el proceso.

Derecho informático

¿A cuántos anunciantes les ha dado usted permiso para que le envíen información? Quizás a muchos más de los que imagina.

Los usuarios de Internet suelen aceptar contratos que no leen en los que otorgan acceso a sus datos para envío de publicidad.

Sin embargo, los sitios en Internet, las empresas y las instituciones que no informen de manera oportuna para qué será usada esa información también podrían ser multadas.

Todavía existen vacíos legales en cuanto a la protección de los datos que manejan las páginas web que están fuera de las fronteras del país o las empresas que tienen sus bases de datos en el extranjero.

En teoría, la ley protege a los habitantes dentro y fuera de de Costa Rica, pero en la práctica es difícil que la normativa aplique más allá los límites geográficos. En este aspecto, la ley también se queda solo en el papel.