Legisladores dan luz verde a Ley Biomédica luego de que Sala IV ratificó que no existía inconstitucionalidad

Por: Diana Lucía Salas Víquez 8 abril, 2014
Biomedica
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El sector científico costarricense celebró la aprobación de la Ley Biomédica 17.777, la cual permitirá la realización de investigaciones científicas en humanos en Costa Rica.

La Ley fue aprobada por los legisladores en segundo debate este lunes 7 de abril, luego de que la Sala Constitucional estableciera que no existían inconstitucionalidades en el documento.

Se trata de una reivindicación con el mundo científico. Los grandes ganadores serán los miles de pacientes que tendrán la oportunidad de recibir un nuevo tratamiento para enfermedades como cáncer, alzheimer y esclerosis múltiple, entre otras, explicó Guillermo Rodríguez, presidente del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas (ICIC).

Con él conicide Miguel Rojas, coordinador del Centro de Investigación en Biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica, quien asegura que el país vivía una involución científica a pesar de tener la capacidad para producir nuevos medicamentos y para crear dispositvos médicos.

La investigación científica en seres humanos se detuvo en el país en el 2010 por una sentencia de la Sala Constitucional que establecía la elaboración de una ley.

El proyecto se mantuvo cuatro años en la Asamblea producto de 138 mociones presentadas por el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Partido Frente Amplio (FA), que se relacionaban con la ausencia de protección a las personas que participan en los experimentos, principalmente de grupos vulnerables.

Luego de varias modificaciones, la Ley se aprobó en primer debate a mediados de noviembre.

Mientras se discutía el proyecto en la Asamblea, Costa Rica dejó de percibir cerca de $43.000 millones por investigaciones no realizadas, según datos del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas (ICIC).

Más de 14.000 pacientes perdieron la posibilidad de participar en estudios clínicos, se cerraron 20 centros de investigación clínica privada, se reportaron unos 200 despidos y se suspendieron 250 investigaciones clínicas, según detalló Guillermo Rodríguez, presidente del ICIC.