El avance de las redes móviles de quinta generación (5G) se mantiene, pues a mediados de este año ya se alcanzan 172 redes a nivel global y 298 millones de conexiones, mientras en Costa Rica el Poder Ejecutivo no decide el mecanismo de recuperación de las frecuencias necesarias para esta tecnología.
Según 5G Americas, una entidad internacional de la industria de telecomunicaciones que impulsa la adopción de la nueva tecnología inalámbrica, en América Latina y el Caribe ya hay 13 redes 5G.
La entidad estima que al final del año 2021 se alcanzarán 273 redes y 401 millones de conexiones 5G. “El interés y la adopción de 5G están avanzando en todas partes a medida que continúan creciendo los despliegues, las conexiones, la cobertura y la cantidad de dispositivos”, dijo Chris Pearson, presidente de 5G Americas.
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Solamente en el último trimestre del 2020 y el primero del 2021 se sumaron 79 millones de conexiones 5G. Los suscriptores continúan adoptando la 5G a un ritmo dos veces y media más veloz que los nuevos usuarios de 4G LTE.
La disponibilidad de dispositivos 5G también continúa en rápido crecimiento, con 511 dispositivos 5G disponibles comercialmente ya a junio de 2021, según la Global Mobile Suppliers Association (GSA). El pasado 14 de setiembre la firma Apple anunció que su iPad tendrá conexión 5G.
En América Latina y el Caribe, la tecnología 4G LTE continúa siendo la tecnología celular inalámbrica dominante, pues los operadores todavía están rezagados con redes 2G y 3G. El crecimiento de 4G está acompañado de políticas de los gobiernos dirigidas a incrementar la huella de las redes 4G. Pero la perspectiva es que “pronto” los gobiernos de la región también contemplarán 5G como solución para la provisión de conectividad de alta velocidad para zonas suburbanas y rurales.
En Costa Rica la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) y los operadores privados sostienen la necesidad de recuperar frecuencias que el Grupo ICE no está utilizando, con el fin de que exista equilibrio en el mercado. Asimismo, urgen a iniciar el proceso de concurso público de las bandas para 5G dada las pérdidas económicas que el atraso genera.
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Según un análisis técnico de la Sutel, el país perderá al 2024 un total de $1.134 millones (aproximadamente ¢704.000 millones) si el Poder Ejecutivo no toma prontas decisiones para recuperar las frecuencias ociosas e instruye a la Superintendencia a realizar los concursos para la asignación de todas las de 5G.
Aparte del tiempo que se lleva el concurso, después viene otro periodo para el despligue de las redes en el país y la disponibilidad de los servicios a empresas y usuarios. La tecnología 5G permite aplicaciones de Internet de las cosas en empresas y para pequeños productores urbanos y rurales que incrementan la productividad y la competividad.
El Poder Ejecutivo mientras tanto sigue más enfocado e interesado en un proyecto que hasta la Contraloría General de la República (CGR), Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y otras organizaciones técnicas y especializadas han catalogado como “innecesario”.
Se trata del Proyecto de Ley Programa Nacional de Alfabetización Digital (expediente N° 22.206), presentado con el apoyo del Poder Ejecutivo en setiembre de 2020, con el objetivo de tomar una suma indeterminada de recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fontal) y trasladarlos al Ministerio de Educación (MEP).
Infocom sostiene, además, que es irresponsable dar recursos adicionales a un Ministerio que absorbe el 25% del Presupuesto Nacional y que desde el 2013 ha recibido ¢322.000 millones para el programa “555 Aplicación de la Tecnología en la Educación”. Para 2021, el MEP dispone en ese rubro de ¢42.000 millones, el equivalente a tres veces lo que recauda Fonatel anualmente.
En la tarde de este 15 de setiembre, Camtic manifestó su sorpresa ante las declaraciones de la ministra Paola Vega, del Micitt, en la cual reconoce que evita utilizar el “rescate por causa de interés público”, incluido en la Ley General de Telecomunicaciones (N° 8642), y que podría acelerar la recuperación de frecuencias sin uso que posee el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) porque esa entidad estatal podría plantear un reclamo económico.
Camtic advirtió que el cambio tecnológico es cada día más acelerado a nivel mundial, “una verdad que nuestras autoridades de gobierno parecen no reconocer, no entender, o deciden deliberadamente ignorar ante un tema altamente estratégico como lo es el desarrollo de las redes de 5G en Costa Rica”. Agregó que esto es aún más lamentable cuando las condiciones para resolver el retraso, estimado en al menos dos años, dependen de la decisión política del Presidente de la República.
La Cámara también recordó que el espectro radioeléctrico es un bien demanial, estratégico y escaso, propiedad de todos los costarricenses, donde la Ley N° 8642 es muy clara al establecer que es deber del Estado el optimizar su uso de acuerdo con las necesidades y las posibilidades que ofrezca la tecnología, garantizar una asignación justa, equitativa, independiente, transparente y no discriminatoria, y asegurar que la explotación de las frecuencias se realice de manera eficiente y sin perturbaciones producidas por interferencias perjudiciales.