Rocio Aguilar asume el cargo de Ministra de Hacienda el 8 de mayo del 2018. Renuncia el 23 de octubre del 2019.
Ella recibe el presupuesto del 2018 por un monto de ₡9.307.684,9 (millones de colones) y presenta un presupuesto para el 2020 por ₡10.943.081,3. Esto representa un crecimiento del 12,91% frente a una inflación acumulada, de agosto del 2017 a agosto del 2019, de tan solo 5,16%. En otras palabras, los presupuestos presentados por la exministra más que duplican el crecimiento de la inflación. En las últimas décadas, no hemos visto un crecimiento del presupuesto en tales magnitudes.
Dado que tenemos aproximadamente 330 entidades públicas con exceso de personal, yo no encuentro justificación alguna para que el presupuesto de la República crezca más que la inflación. Por el contrario, una buena gestión de un ministro de Hacienda debe ser aquella que reduzca el gasto público en términos reales; no que lo incremente.
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La exministra se jacta de que el presupuesto para el 2020 es menor que el del año 2019. Sin embargo, tengamos presente que el presupuesto autorizado para 2019 representó un crecimiento del 17.93% respecto al 2018 y que los dos presupuestos presentados por ella, acumulados, representan un crecimiento del 12.91% frente a una inflación, también acumulada, de apenas 5.16%.
Por otra parte, el presupuesto del gasto corriente para el 2020 representa un crecimiento del 3.91%. Por tanto, si el presupuesto total cae con relación al 2019 pero el gasto corriente crece, la única explicación es que la reducción del presupuesto se hace sacrificando la inversión. Es decir, la disminución del presupuesto se explica porque caen los montos destinados a infraestructura, a construcción y reparación de escuelas, etc. ¿Es esto meritorio?
La solución planteada por la exministra para combatir el déficit fiscal se fundamentó, casi en su totalidad, en aumentar la carga tributaria. Si bien el Plan Fiscal contempla algunas reformas para reducir el crecimiento del gasto público, éstas se asemejan a una hormiga tratando de hacerle una zancadilla a un elefante.
La regla fiscal, por ejemplo, limita el crecimiento del gasto público. Pero, ¿por qué debe permitirse que el gasto público crezca más allá de la inflación? En el presupuesto del 2020, presentado en agosto, el gasto corriente crece un 3.19% frente a una inflación interanual de 2.86%. Si la Economía nos dice que el sector público es ineficiente e ineficaz per se, entonces una buena gestión de un ministro de Hacienda debe consistir en reducir el gasto público en términos reales y no en aumentarlo.
No hace falta ser experto en finanzas ni economía para saber que la causa del déficit fiscal obedece al exorbitante gasto público, al exceso de entidades públicas que no tienen razón de existir (Mideplan, Micitt, MAG, CNP, Ministerio de Turismo, Ministerio del Deporte, Comex, Mivah, IFAM, Infocoop, Japdeva, BCCR, Conavi, Inamu, Incop, IDA-INDER, etc), a una planilla sobre abultada, a regímenes de pensiones con cargo al presupuesto, etc.
Un ministro de Hacienda que merezca reconocimiento jamás habría impulsado aumentar la carga tributaria. El sector púbico se encuentra con exceso de peso. Un buen ministro de Hacienda pone al sector púbico en línea reduciendo el gasto, mientras que uno irresponsable alimenta la obesidad del sector público con más impuestos.
Existen alternativas viables para lograr un superávit fiscal sin recurrir al aumento de los impuestos. Veamos algunas políticas que la exministra pudo haber impulsado como alternativa al plan fiscal pero que ella decidió no ejecutar ni plantear
Me contaba un exministro de Hacienda que todos los años hay un porcentaje de empleados públicos que abandonan dicho sector de manera voluntaria. Este porcentaje ronda entre un 5 y 8% por año. Es decir, si el ministro de Hacienda diera la orden de no reemplazar la plaza, podríamos tener una reducción significativa en la planilla de aproximadamente 20% en cuatro años sin necesidad de despedir a nadie.
Los regímenes con cargo el presupuesto representa un poco más del 3% del PIB y la situación es insostenible. Cada día que pasa la situación con todos los regímenes de pensiones empeora. Aumentar la edad de retiro es una injusticia social. Aumentar el porcentaje del salario que se paga en las cuotas, no solo nos haría menos competitivos a nivel internacional, sino que, además, promovería la informalidad y el aumento en la tasa de desempleo.
La única solución a los regímenes de pensiones es transformarlos en regímenes de pensiones de capitalización individual como en Chile. Cualquier otra solución es “patear la bola” donde el precio que se paga por postergar la solución es agravar aún más la crisis que, inevitablemente, estallará. La exministra prefirió aumentar impuestos.
La exministra pudo haber optado por aplicar los principios de la “Curva de Laffer” que establecen que al disminuir la carga impositiva se produce un aumento en la recaudación fiscal. Reducir impuestos no solo aumenta la recaudación fiscal, sino que desincentiva la evasión fiscal, reactiva la economía porque bajan los impuestos y con ello se reduce el desempleo. Sin embargo, la exministra prefirió aumentar los impuestos.
La exministra pudo haber enfrentado las convenciones colectivas presentando acciones legales buscando que se declaren ilegales, tal y como lo propuso el exdiputado Otto Guevara. Si la exministra no tomó acciones legales es porque, probablemente, no tenía verdaderas intenciones de acabar con los sobresueldos ni privilegios en el sector público. Otra opción para acabar con las convenciones colectivas es abrir los mercados y someterlos a libre competencia. En mercados libres, es imposible que sobreviva ninguna empresa que explote al consumidor por medio de privilegios y sobresueldos. La apertura de mercados no solo debilita a las convenciones colectivas, sino que, además, reactiva la economía (aumentando la recaudación fiscal) y reduce el desempleo.
Otra alternativa para acabar con el déficit fiscal sin necesidad de recurrir a más impuestos es la venta de empresas públicas. Mi propuesta consiste en que un 49% de las acciones de cada empresa pasa a manos de la ciudadanía de manera gratuita. El restante 51% se somete a subasta pública y los ingresos producto de la venta se abonan a reducir la deuda pública y el déficit fiscal. Simultáneamente, con el traspaso de acciones, se abren totalmente los mercados pertinentes a la libre competencia. Con esta propuesta se reduce el gasto público sin crear nuevos impuestos, se reactiva la economía al abrir los mercados a la libre competencia (y con ello aumentaría la recaudación) y se traspasa riqueza, por medio de acciones, a toda la población costarricense. La venta de empresas púbicas también acabaría con una de las fuentes de corrupción que existe en el país.
El legado del plan fiscal, y de la exministra de Hacienda, es desaceleración en la tasa de crecimiento de la economía, aumento en la tasa de desempleo y aumento en los niveles de endeudamiento del país sin mejoría significativa en el déficit fiscal. Además, la exministra engañó al pueblo costarricense prometiendo impulsar proyectos de ley para reducir el gasto público una vez aprobados los nuevos impuestos del plan fiscal.
En fin, la exministra tuvo alternativas al plan fiscal, pero ella prefirió defender a los grupos de presión y a responder con políticas de corte socialista que no han funcionado en ninguna parte del mundo y que solo conducen al estancamiento de Costa Rica como país del tercer mundo y al deterioro en la distribución del ingreso.