Por: José Joaquín Fernández.   14 octubre
José Joaquín Fernández, autor del blog La Riqueza de las Naciones.
José Joaquín Fernández, autor del blog La Riqueza de las Naciones.

El gobierno de Costa Rica se ha excedido en sus funciones y en su planilla. Según el Ministerio de Planificación, a setiembre del 2018, existían 330 entidades públicas en un país de apenas 5 millones de habitantes.

El gobierno está excesivamente obeso y es necesario ponerlo en línea. Es necesario reducir el gasto público como porcentaje de la producción nacional. Así como el exceso de peso en una persona es perjudicial para la salud, de la misma manera un exceso de gasto público es dañino para el desarrollo económico y social.

Los gobiernos de Costa Rica han sido irresponsables en el manejo de las finanzas públicas a lo largo de la historia y las últimas décadas no son la excepción. En el portal de la Internet del Banco Central de Costa Rica (BCCR) encontramos cifras fiscales que se remontan a 1983.

Desde entonces, Costa Rica ha tenido déficits fiscales en todos los años a excepción del año 2007. Ese año, que se asemeja a un minúsculo oasis en el desierto, el superávit fue de tan solo 0,85% en relación al Producto Interno Bruto (PIB). En promedio, el déficit fiscal desde 1983 a la fecha ha sido del 3,7% y esto a pesar de que casi todos los gobiernos, a lo largo de estos años, han aprobado no solo nuevos impuestos, sino que también han incrementado las tasas de los ya existentes.

Para enfrentar el déficit fiscal y la creciente deuda del gobierno, algunos proponen la venta de empresas públicas. Una manera de hacer esto es ejecutando lo que se conoce como democratización de las empresas públicas.

Esta es una modalidad en el proceso de privatización de la empresa pública donde un 49% de las acciones de dicha empresa pasa a manos de la ciudadanía de manera gratuita. El restante 51% se somete a subasta pública y los ingresos producto de la venta se abonan a reducir la deuda pública y el déficit fiscal. Simultáneamente, con el traspaso de acciones, se abren totalmente los mercados pertinentes a la libre competencia.

Democratizar las empresas públicas es hacer realidad que todos los ciudadanos seamos dueños de dichas empresas.

Democratización de las empresas públicas: La propuesta

De manera puntual, la propuesta consiste en:

1. Se vende el 51% de las acciones a un solo comprador por medio de subasta pública.

2. El 49% restante de las acciones se distribuye gratuita e igualitariamente entre cada ciudadano mayor de edad. A cada ciudadano se le entregará 20 acciones por empresa pública y quedará registrado en la Bolsa de Valores.

3. Una vez hecho lo anterior, y de manera simultánea, se deberá: a) Cambiarse la naturaleza jurídica de las empresas públicas para convertirlas en sociedades anónimas regidas por el derecho privado. b) En el caso de monopolios o monopsonios, se romperán y se eliminarían las barreras de entrada en dicha industria con el fin de someter a la empresa a la más dura y libre competencia. c) En el caso de oligopolios creados por ley, se derogarían las leyes que crearon dichos oligopolios. d) Se desregularía la Bolsa Nacional de Valores para permitir la libre compra-venta de acciones de cualquiera de estas empresas.

La primera pregunta que muchos me hacen ante la propuesta es, ¿por qué no entregar el 100% de las acciones a toda la población en vez de darle un 49%? La respuesta es de carácter práctico.

Si se repartiera el 100% de las acciones de las empresas públicas a toda la ciudadanía por partes iguales, ¿cómo harían los 5 millones de costarricenses para ponerse de acuerdo con el nombramiento de la nueva Junta Directiva y de sus nuevos administradores? Esta incertidumbre causaría una depreciación innecesaria en el valor de la empresa.

El proceso de cambio de administración sería muy sencillo si se vendiera al menos el 51% de las acciones a una sola empresa porque, con mayoría absoluta sobre las acciones, esta sería la que tomaría las decisiones de los nuevos nombramientos administrativos.

Una vez vendida el 51% de la empresa, el ingreso se utilizaría para abonar a la deuda pública o para financiar el cierre de entidades públicas no empresariales.

No se puede ser dueño de un bien, sea una casa, un vehículo o una empresa sin poseer un título de propiedad que lo acredite como tal. Es decir, para afirmar que se es dueño de una empresa significa, inequívocamente, poseer acciones y participar de su capital social. Además, ser dueño de una empresa significa recibir utilidades cuando éstas existan y poder disponer libremente de las acciones sea para su venta o traspaso.

Al distribuir el 49% de las acciones a toda persona mayor de edad, haremos realidad que las empresas públicas pertenezcan a los ciudadanos. Estos podrán disponer libremente de ellas, ya sea para conservarlas con el fin de recibir dividendos al final de cada periodo fiscal, para usarlas como garantía de algún préstamo, para venderlas, o bien para heredarlas.

Cada persona recibiría 20 acciones por cada empresa pública de modo que exista la posibilidad de vender una fracción de la participación accionaria y no la totalidad. Entre quienes creen en la idea de entregarle acciones de las empresas públicas a cada ciudadano, son muchos quienes se oponen a que las personas tengan la posibilidad de venderlas y de disponer libremente de ellas.

Pero, ¿por qué algunos insisten en la actitud perversa de querer disponer de la vida y propiedad de terceros? Respetemos lo que cada ser humano quiera hacer con su ingreso o propiedad, incluyendo las acciones que le serían entregadas producto de la democratización de empresas púbicas.

Toda privatización debe ir acompañada de la apertura total de los mercados.

Para que sea efectiva la democratización de la propiedad pública, esta debe de venir acompañada tanto del rompimiento de monopolios, como de la eliminación de las barreras de entrada que fomentan la creación de oligopolios.

El problema con algunos procesos de privatizaciones, como el caso de Argentina en la década de 1990, es que se vendieron las empresas públicas sin romper el monopolio y sin someter a la industria a la libre competencia. Esto fue el caldo de cultivo para la crisis argentina a finales del siglo XX. Al no romperse los monopolios, no hubo incentivo para invertir (generar empleo), ni para innovar. Por el contrario, la falta de competencia hizo que se explotara al consumidor y se estancara la producción.

El gobierno de Argentina optó, en aquel entonces, por privatizar las empresas públicas sin romper monopolios ni abrir los mercados a la libre competencia porque el gobierno, en un acto perverso, prefirió maximizar el precio de venta de las empresas públicas a costa del desarrollo económico y social de Argentina. Una empresa monopólica tiene más valor de venta que una sometida a la libre competencia porque el monopolio permite cobrar precios mucho más altos.

Por tanto, si el gobierno vende una empresa pública sin romper el monopolio y sin someterla a la libre competencia, podrá maximizar ingresos por concepto de venta, pero a la vez estaría perjudicando el desarrollo económico, la generación de empleo, la inversión y el crecimiento de los salarios a base de productividad.

Los gobiernos no deben buscar políticas que maximicen el nivel de recaudación fiscal porque el ciudadano no debe vivir para satisfacer cuanto capricho se le antoja al gobierno. En una sociedad de ciudadanos libres, cada persona dispone libremente del 100% de su ingreso y de su propiedad.

Sobre el tema de los impuestos invito a la lectura de mi artículo: ¿Es ético el cobro de impuestos?

Por otra parte, los procesos de licitación deben ser transparentes y libres de corrupción. En Chile, por ejemplo, si bien la venta de empresas públicas vino acompañada de la apertura de los mercados, muchas empresas se vendieron por debajo de su valor de mercado y esto no es correcto.

En Costa Rica, debemos democratizar las empresas públicas y a la vez abrir los monopolios en fabricación de alcohol etílico, refinamiento y distribución de combustibles, así como eliminar barreras para permitir la libre generación, distribución y comercialización energética por parte del sector privado. También deberán eliminarse las barreras de entrada en el mercado de seguros, telecomunicaciones, servicios financieros, educación y otros.

El problema permanente y sin solución de las empresas públicas

En la actualidad, las empresas públicas son propiedad del gobierno de turno porque este dispone de ellas según sus intereses personales, colocando a sus colaboradores en los altos cargos, haciendo que las empresas públicas firmen contratos con las empresas privadas de los amigos del gobierno y obligando a las empresas públicas a financiar el gasto público por medio de la compra de bonos del gobierno con los excedentes de dichas empresas. En otras palabras, la existencia de empresas públicas se presta para el abuso y la corrupción y no hay manera de evitarlo.

Si usted les pone controles a las empresas públicas para evitar la corrupción, les quita la flexibilidad necesaria para tomar decisiones ejecutivas y con ello se crea ineficiencia e incompetencia. Si, por otra parte, usted les quita los controles a las empresas públicas, dado que el burócrata no es un santo sino un ser humano como cualquier otro, el resultado será la máxima corrupción posible tal y como sucedió con la Corporación Costarricense de Desarrollo (Codesa).

El gobierno es ineficiente e ineficaz per se porque carece de los incentivos necesarios. Solo la libre competencia obliga a las empresas a buscar la eficiencia y el bienestar del consumidor. Bien sabemos que cualquier empresa, sea pública o privada, operando en ausencia de libre competencia, generará prácticas abusivas en contra del consumidor o del contribuyente. También sabemos que ninguna empresa pública opera en la actualidad bajo libre competencia y esto explica los abusos de las empresas públicas en contra del consumidor. Ejemplos de ello son las convenciones colectivas, los pluses salariales y los privilegios. Solo en mercados libres, el salario es justo porque es reflejo de la productividad y no consecuencia de la explotación del consumidor o del contribuyente.

Además, no se requiere ser economista para saber que toda persona administra mejor los recursos que se ha ganado con su propio esfuerzo que aquellos que le son entregados por terceros desconocidos. El gobierno, por definición, ni opera bajo libre competencia ni administra recursos que se ha ganado con el sudor de su frente y esto es por lo que es ineficiente e ineficaz per se.

La ineficiencia per se del gobierno lo expongo con detalle en mi artículo: “El gobierno es ineficiente per se y por eso debe ser mínimo”. Lo que quiero decir es que en la economía no hay razón alguna para que exista una sola empresa pública. Todas deben privatizarse independientemente si existe un déficit fiscal o no.

La democratización de las empresas públicas permitiría, sin necesidad de la creación de nuevos impuestos, aumentar el patrimonio de todos los costarricenses, mejorar la distribución del ingreso, abonar a la deuda pública, aumentar la inversión privada, beneficiar a los buenos trabajadores de esas empresas públicas porque se los “pelearían” las empresas que quisieran operar en el país en esas áreas, subir los salarios a base de productividad (y no a costa de privilegios), generar nuevas fuentes de empleo y beneficiar a los consumidores con mejores productos a precios más bajos.

El fisco también se beneficiaría porque aumentaría la recaudación tributaria por concepto de impuestos de renta y de valor agregado. Finalmente, también el mercado de capitales recibiría un estímulo sano para que se convierta en fuente de financiamiento y de ahorro, como lo es en países desarrollados, y alternativo a la banca tradicional.

Algunas de las empresa públicas que debemos privatizar son: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), la banca estatal (Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Internacional de Costa Rica y el Banco Popular), Radiográfica Costarricense, Correos de Costa Rica, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el Banco Central de Costa Rica, el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), y las universidades públicas.

No hay nada en la economía que justifique la existencia de empresas públicas. Tampoco hay nada en la medicina que justifique la ingestión de cianuro. Por tanto, así como la ingestión de cianuro debe ser nulo, del mismo modo no debe haber ni una sola empresa pública. ¡Privaticemos ya!