Todos hemos sufrido las consecuencias del congestionamiento vehicular en las carreteras. Erróneamente, muchos le echan la culpa al aumento desmedido de la flota vehicular causado por un incremento en el ingreso promedio de la ciudadanía. Sin embargo, el embotellamiento automotor es consecuencia de la incompetencia del gobierno de proveer suficiente red vial consistente con el crecimiento de la cantidad de vehículos propio del sano crecimiento económico.
En vez de aumentar la red vial, muchos gobiernos responden con la violación de las libertades individuales, a saber, con la restricción vehicular.
De la misma manera, la saturación de los hospitales públicos es consecuencia exclusiva de la incompetencia del gobierno de proveer suficiente oferta de hospitales y servicios médicos.
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El sistema de salud costarricense está saturado desde hace muchísimo tiempo. Las listas de espera de meses, sino años, para ser atendido por un especialista o para practicar una cirugía son muestra de ello.
Previo a la aparición del sars-cov-2, era frecuente ver noticias como esta publicada en el 2018: “Enferma, adulta mayor recibe cita para ser atendida en el 2026″. O bien esta publicada en junio del 2019: “Hospitales saturados de enfermos respiratorios”. En el 2019, según la Unidad Técnica de Listas de Espera, un paciente tenía que esperar, en promedio, 341 días para ser sometido a cirugía. Esto a pesar de que el asegurado esté al día con sus cuotas.
La congestión de los hospitales es previa al COVID-19. El sars-cov-2 solo ha puesto de manifiesto, una vez más, la ineficiencia e ineficacia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para atender a todo aquel quien lo necesite de manera oportuna.
En vez de aumentar la capacidad instalada de hospitales y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), un gobierno incompetente e irresponsable responde violentando las libertades individuales y recurre a las restricciones sanitarias como respuesta ante una eventual saturación de su sistema de salud.
La respuesta correcta ante el embotellamiento vehicular es aumentar y mejorar la red vial. De igual manera, la respuesta correcta ante una eventual saturación de las UCI debe ser el aumento de la capacidad instalada de los hospitales públicos. La respuesta nunca debe ser la violación de las libertades individuales. El presupuesto de la CCSS equivale aproximadamente al 10% del Producto Interno Bruto. Es decir, no hay excusa para no haber invertido en la ampliación de la capacidad instalada.
Algunos creen que es absurdo invertir en hospitales y en la compra de UCI si no hay suficientes médicos que puedan operarlos. Sin embargo, alrededor de 800 estudiantes de último año de Medicina no se graduaron en el 2020 de médicos generales debido a que la CCSS paralizó la formación en sus hospitales.
Es deplorable que el Poder Ejecutivo no haya destinado esfuerzo alguno para aumentar la oferta hospitalaria desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió la Emergencia sanitaria de preocupación internacional por el COVID-19 el pasado 30 de enero del 2020.
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El Estado puede preocuparse por nuestra salud, pero no a costa de violentar las libertades individuales. Si el Poder Ejecutivo desea velar por nuestra salud, debe preocuparse en invertir para aumentar la oferta hospitalaria con el fin de evitar la saturación de los hospitales y poder atender a todo aquel que lo necesite. Además, debe invertir en adquirir la cantidad de vacunas que sean necesarias sin depender de donaciones. También debe acelerar el proceso de vacunación y para ello debe incluir la colaboración de la iniciativa privada. La respuesta ante una infección nunca debe ser violentar las libertades individuales, ni de tránsito, ni de comercio, ni de culto, ni de reunión.
No hay nada que le haya impedido al Poder Ejecutivo haber invertido fuertemente, desde principios de marzo del 2020, en el sistema de salud para mejorar la respuesta frente al COVID-19 y con ello haber evitado la imposición de restricciones sanitarias. Esta debió haber sido la prioridad del gobierno de Costa Rica, no la cuarentena ni las políticas draconianas. ¡No más restricciones sanitarias!