La situación económica del país no se vislumbra favorable, el propio presidente Carlos Alvarado lo ha señalado hace unos días. En una situación de desaceleración económica, crisis fiscal, y pérdida de confianza en las instituciones, se requiere de medidas innovadoras y creativas para retomar el rumbo del crecimiento, elemento fundamental de cualquier propuesta rectivadora.
En ese contexto, las mipymes -que representan el 95% de las unidades económicas, pero solo el 50% del PIB y algo más del 55% de la inversión-, tienen un rol importante, pero no es fiscal. Su rol es de empleabilidad.
Estas son empresas pequeñas, poco productivas, de sectores tradicionales la mayoría; por lo que su impacto en la fiscalidad será bajo y el riesgo de insertarlas en la tributación sería alto. En América Latina la economía informal no solo está representada por el empleo informal, sino también por las empresas informales.
Hace varios años desarrollamos un estudio que señalaba que al menos el 75% de las microempresas nunca dará el salto a pequeña o mediana empresa. La presencia de estas unidades económicas actúan en la práctica como un “seguro de desempleo” para los trabajadores ubicados en ellas. De esta forma, el incremento en la fiscalidad puede tener un efecto devastador sobre estas unidades de subsistencia, convirtiendo la informalidad en desempleo. Muchas de las microempresas son unidades informales o emplean informalmente. “Ponerlas a derecho” puede ser socialmente muy costoso.
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Lo anterior no significa que no deban ser monitoreadas, pero su rol es generar empleos de baja productividad que permite la subsistencia de las personas y sus familias.
Si reconocemos que estamos en crisis, con una importante baja de empleo, y empresas extranjeras saliendo del país, porque no simplemente eliminamos (o postergamos) la propuesta del IVA para un mejor momento, y le damos un respiro a la economía de las pequeñas empresas.
Más adelante, es posible definir una tasa lump sum para los pequeños: p.e. 5% sobre ventas brutas y nos olvidamos de ellos. Si tenemos claro que fiscalizar a las grandes empresas supone altos costos y mucho tiempo, imaginen lo que se necesita para fiscalizar a un número al menos 20 veces más alto (las mipymes).
Además, están mucho más esparcidas geográficamente que las grandes empresas. Mejor les damos la oportunidad de pagar sin preguntar, y así es más probable que la recaudación aumente. Si no lo hacen en –por ejemplo- 2 años, vamos con todo con el monitoreo.
No podemos tratar a las mipymes como grandes empresas, ni suponer que su problema de formalización tiene que ver con evasión. Existen empresas grandes que tienen prácticas informales de contratación, ya que su objetivo en ese caso es mantener las ganancias.
Como se señaló antes, muchas de ellas no crecerán mucho más, otras probablemente sí. Lo que nos interesa es que la economía sea cada vez más sólida, y eso solo se logra con más y mejores empresas. Muchas de ellas no necesitan ayuda, solamente que no las molesten.
Si bien es cierto, los impuestos indirectos tienen un impacto importante en la recaudación (porque afectan a todos), tienen cambios en el bienestar que deben ser correctamente analizados. Debemos ser consistentes en las políticas, tratar a los pequeños como pequeños y a los grandes como grandes, y no al revés.