150 puntos en carretera y 82 puentes, 38 centros educativos, 72 puntos en vía férrea y 2.152 viviendas están en situación de riesgo inminente, según declaró la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Por “riesgo inminente”, indicó el presidente Rodrigo Chaves el 9 de noviembre pasado en conferencia de prensa, se entienden peligros que podría implicar “la muerte de gente si no se actúa inmediatamente”.
La declaratoria, según el Gobierno, busca definir una ruta de atención inmediata que prevenga accidentes que podrían ser mortales. En las listas se encuentra todo tipo de infraestructuras con problemas; desde casas en asentamientos informales que corren peligro de inundación o deslizamiento, hasta puntos en carreteras nacionales o puentes (para el tránsito de carros y trenes) que son utilizados a diario por miles de personas, aunque presentan fallos estructurales.
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Para atender estos desperfectos, identificados desde hace años, el Gobierno pide a la Asamblea Legislativa tramitar y aprobar con urgencia un crédito de $700 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Dichos recursos, que serían una aprobación récord para el Banco, fondearían los planes de reparación y reconstrucción contemplados.
Según el presidente de la CNE, Alejandro Picado, la declaratoria de riesgo inminente busca evitar nuevas tragedias y revertir la tendencia histórica costarricense de solucionar los problemas hasta después de que ocurren desastres. Esa tendencia, igualmente, le ha salido bastante cara al Estado. Según los registros de la CNE, el país ha invertido unos ¢2,9 billones (en colones de 2022) en los últimos 17 años para atender las consecuencias de unos 25 eventos de emergencia asociados solo a lluvias o variabilidad climática.
¿De qué hablamos?
La declaratoria de riesgo inminente la realizó la CNE. El concepto de riesgo inminente, según la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (8.488), se refiere a la “probabilidad irrefutable, por evidencia comprobada por una inspección de campo o por observaciones y estudios técnicos y científicos, de que ocurrirá una emergencia en un plazo predecible, de no tomarse medidas correctivas”.
Para definir la lista de casi 2.500 obras a atender, la CNE además contó con el apoyo de las instituciones de cada sector: el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer). Estas entidades definieron, cada una por su cuenta, los proyectos a atender, de la siguiente manera:
Carreteras y puentes
En total, el MOPT determinó la existencia de 150 puntos en carretera y 82 puentes en condiciones de riesgo inminente. De ellos,32 puntos y 68 puentes se sitúan en carreteras primarias nacionales; es decir, en las zonas más transitadas del país y con un mayor valor para el traslado comercial.
Según indicó el ministro Luis Amador, en conferencia de prensa, se priorizaron puntos con “hundimientos, socavaciones o problemas mayores que tienen que arreglarse prontamente” y, solo en materia de puentes, se eligieron 82 de entre 400 obras de infraestructura que ya se contemplan en condiciones delicadas.
Los puentes seleccionados presentan desgastes de años en su estructura, mientras que los puntos de carreteras escogidos sufren inconvenientes de anegamiento o inundación constante, amenazas de deslizamientos y similares.
Centros educativos
En cuanto a centros educativos, la declaratoria de riesgo inminente solo contempló a 38; pero no porque sean los únicos en condición crítica.
La ministra de Educación, Anna-Katharina Müller, explicó que se evaluaron un total de 600 escuelas y colegios, y que se descartaron unos 184 que ya serán atendidos a través de decretos de emergencia anteriores.
Entre otros criterios, además, se contempló que fueran centros educativos con órdenes sanitarias, fallos graves en sus construcciones o malos emplazamientos, y que además ya tuvieran en marcha el diseño de proyectos de reparación, reconstrucción o reubicación que solo necesitaran un empujón final.
“Esto incluye incluso la reubicación de ciertos centros que se inundan todos los años por estar construidos en lugares muy riesgosos”, puntualizó.
Vía férrea
Por su parte, el Incofer identificó la existencia de 72 correcciones urgentes.
Entre ellas, destacan reparaciones por daños en la subestructura o la superestructura de puentes en diversos tramos en los cantones de Limón, Matina, Siquirres, Guácimo, Pococí, Tibás, La Unión, Cartago, San José, Belén, Montes de Oca, Goicoechea, Oreamuno, Curridabat, Heredia y Alajuela.
El resto de cuestiones se refieren mayoritariamente a desperfectos en la vía férrea.
Viviendas
El Ministerio de Vivienda, por otra parte, seleccionó 2.152 viviendas de entre 13.000 casos que tenía ya previamente identificados por riesgos recurrentes. Según la ministra Jessica Martínez, se utilizaron reportes históricos de la CNE sobre afectaciones constantes en sitios específicos y se contemplaron casas ubicadas “tanto en zonas de riesgo recurrente como en asentamientos informales”.
Además, indicó, se priorizaron proyectos de vivienda que ya estuvieran identificados y que solo necesitaran un proyecto de fondeo como el que actualmente se busca implementar.
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En total, se realizarían 16 proyectos habitacionales en los cantones de:
- Matina: 266 viviendas para 1.064 personas
- Aserrí: 159 viviendas para 636 personas
- Parrita: 248 viviendas para 992 personas
- Santa Cruz: 169 viviendas para 676 personas
- Buenos Aires (Buenos Aires): 221 viviendas para 884 personas
- Cañas (Cañas): 161 viviendas para 644 personas
- Osa: 121 viviendas para 484 personas
- Garabito: 164 viviendas para 656 personas
- Escazú: 145 viviendas para 580 personas
- La Cruz: 121 viviendas para 484 personas
- Turrialba: 137 viviendas para 548 personas
- Cañas (Bebedero): 116 viviendas para 464 personas
- Acosta: 17 viviendas para 68 personas
- Buenos Aires (Boruca): 29 viviendas para 116 personas
- Pérez Zeledón (San Isidro del General): 22 viviendas para 84 personas
- Pérez Zeledón (Daniel Flores): 56 viviendas para 224 personas
Megacrédito
El Gobierno de la República anunció que actualmente estructura un crédito por $700 millones con el BCIE para financiar todos los proyectos de reparación, reconstrucción y reubicación de infraestructura que se consideran necesarios.
El monto es alto y se acerca al límite máximo que el país puede gestionar anualmente con el organismo regional, según indicó el representante de ese organismo en Costa Rica, Álvaro Alfaro.
Él había comentado a EF, semanas atrás,que el crédito para la intervención de infraestructura estaba en etapa de negociación y que podría ser aprobado a finales de año o inicios de enero, para que Costa Rica pudiera enviarlo al Congreso a inicios del 2023. Además, señaló que se negociaba a muy largo plazo y en condiciones financieras muy especiales, al tratarse de fondos para prevenir emergencias.
El presidente Rodrigo Chaves, sin embargo, dijo que se trabaja a todo motor para que la autorización esté lista lo antes posible y se puedan aprovechar las condiciones favorables del verano para los planes de construcción.
También aseguró que no se negociaron recursos adicionales por los límites que existen para ese endeudamiento y adelantó “un llamado respetuoso” a la Asamblea Legislativa para que tramite la autorización de endeudamiento lo más rápido posible, una vez que llegue a su conocimiento.
Como todo crédito de endeudamiento externo, una operación como la que se propone con el BCIE tendría que ser aprobada por al menos 38 de los 57 diputados en Cuesta de Moras.
De los $700 millones que se pretenden conseguir a través del BCIE, la mayoría (casi $500 millones) se emplearían para la infraestructura declarada en riesgo inminente. Además, el presidente Chaves explicó que alrededor de unos $145 millones se destinarían a fondear tres decretos de emergencia que ya se firmaron en el pasado (aunque no precisó cuáles), pero que actualmente carecen de recursos para atender los problemas que se identificaron en ellos.
De concretarse el crédito por $700 millones, este sería el más grande en la historia del BCIE para un solo proyecto. En abril del año pasado, la entidad informó de que la mayor operación hasta el momento era una de $600 millones para El Salvador, para su proceso de recuperación económica pospandemia.