Los proyectos de ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y renta no avanzarán en la Asamblea Legislativa, hasta que la reforma al empleo público vea la luz.
La condición fue puesta desde el 1.° de mayo anterior por el bloque de oposición conformado por Liberación Nacional (PLN), Movimiento Libertario, Unidad Social Cristiana (PUSC) y los diputados cristianos.
Este grupo de legisladores que finalmente se dejó el control del directorio legislativo y las comisiones, sentenció que ni siquiera revisarán los proyectos de nuevos impuestos hasta que se le dé vía rápida a los cambios en el esquema de empleo público.
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En respuesta a esa alianza, el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), el Frente Amplio y Carmen Quesada, diputada independiente, crearon el Bloque Progresista y sellaron un acuerdo para no darle vía rápida a ninguna propuesta de empleo público por el momento.
Así que los nuevos impuestos, necesarios para mitigar la precaria situación fiscal del país, de momento no avanzarán en un Congreso que ya empieza a moverse al ritmo de la incipiente campaña política.
Diferencias que boicotean
Las llamados del presidente Luis Guillermo Solís a avanzar en el trámite legislativo de los proyectos de impuesto no han logrado sacar a las bancadas de sus trincheras.
Ambas iniciativas ya deberían estar, al menos, para votarse en el Plenario Legislativo, según las cuentas del Gobierno.
En la corriente legislativa, el Poder Ejecutivo tiene dos proyectos para elevar los ingresos tributarios.
Esta propuesta pretende gravar la venta de servicios que actualmente están exentos, como los alquileres de vivienda.
En la carpeta también se encuentra la iniciativa que propone crear dos nuevos tramos de impuesto de renta para los salarios más altos, de manera que algunos paguen un 20%, y otros, un 25%. Hoy, el máximo es de 15%.
Además, se grava la cesantía pagada sobre el exceso de ocho años con una tarifa del 25%.
José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos de Hacienda, dijo que IVA generaría ingresos equivalentes al 1,32% del Producto Interno Bruto (PIB).
Por su parte las modificaciones en el impuesto sobre la renta alimentarían las arcas públicas con fondos equivalentes al 0,6% de la producción nacional.
Ese 1,92% del PIB permitiría controlar el faltante en las finanzas del Gobierno Central y mermar el ritmo de crecimiento de la deuda pública.
De acuerdo con las previsiones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el déficit fiscal podría llegar a representar un 6% de la producción al final del 2016.
Hasta aquí
La llegada del actual Directorio Legislativo había aportado tracción a la reforma fiscal propuesta por el Gobierno que consta de diez proyectos de ley.
De estos, tres ya son leyes de la República, y el texto de lucha contra el fraude fiscal fue aprobado en primer debate, pero está en consulta ante la Sala IV.
Sin embargo, esa seguidilla de aprobaciones podría detenerse ante el pulso sobre qué debe ser primero: atacar el gasto mediante modificaciones al empleo público o aumentar ingresos con las reformas a los impuestos.
El Ministerio de Hacienda presentó a finales del 2015, un plan para cambiar la forma en que se pagan los incentivos por desempeño a los empleados públicos.
Para los diputados opositores, la propuesta se queda corta. Por esa razón conformaron una subcomisión de trabajo que elaborará un nuevo proyecto que reforme pluses salariales, montos de remuneraciones y otros rubros que disparan el gasto corriente.
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El texto que todavía está en fase de redacción y no será presentado antes de noviembre.
Además, en octubre los diputados dejan de lado los temas fiscales para dedicarse a la discusión del Presupuesto Nacional.
Lo cierto es que luego del vaivén del presupuesto, viene el receso de fin de año y parece que los diputados no hablarán de empleo público hasta el próximo año.
El horizonte no es bueno para el Gobierno si pretende que se aprueben en el 2017 los proyectos de IVA y renta, puntos fundamentales de la urgente reforma fiscal.
Otro factor que pesa en el difícil camino de los nuevos impuestos en el Congreso, es el inicio de la campaña electoral.
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La Asamblea Legislativa tendrá varios precandidatos presidenciales entre los actuales diputados y el tema de más impuestos es siempre negativo en la matemática electoral.
El tiempo avanza y boicotea la reforma fiscal.