El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció este jueves 14 de setiembre que el Gobierno tomó la decisión de vetar el decreto legislativo 10.381 que buscaba sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE), aprobado en segundo debate por los diputados el 7 de setiembre.
Se trata de una iniciativa que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta (7.092) para evitar que algunos contribuyentes se libren de pagar impuestos por una porción de sus ganancias en el extranjero; pero que, según el Ministerio de Hacienda, también incluye una nueva “exoneración” para algunas empresas.
Chaves argumentó que el veto se da por razones de oportunidad y conveniencia, según dijo en la conferencia realizada en la Estación del Atlántico, en San José, antes de emprender el viaje en tren a Cartago.
“Esa ley representa una afectación de recursos enormes a la recaudación del Ministerio de Hacienda y es para beneficiar de manera clara e incontrovertible a grupos de gente muy acaudalada”, aseveró el mandatario.
El punto del conflicto es el artículo 1 en el que se agregó una aclaración al artículo primero de la Ley de Impuesto sobre la Renta sobre un tema que ha generado polémica en los últimos años.
Específicamente, la reforma señaló que Hacienda ahora tendría que entender por rentas “de fuente costarricense” solo las que se generen exclusivamente en el territorio nacional, y que “deberá entenderse el territorio nacional según los límites geográficos establecidos en el artículo 5 y artículo 6 de la Constitución Política”.
Este cambio parece sencillo, pero impediría que el Ministerio de Hacienda siga cobrando el impuesto sobre la renta a empresas o personas por sus ganancias en el extranjero, cuando hayan sido generadas con recursos obtenidos dentro del país.
Con esta reforma, según el Gobierno, Hacienda dejaría de recaudar ¢10.000 millones anuales. Sin embargo, el criterio de algunos especialistas difiere.
Para German Morales, socio director de Grant Thornton (GT), el argumento del Gobierno es incorrecto. “Lo que uno encuentra es que la redacción que el Ejecutivo propone más bien es generar una apertura a gravar más bienes y más servicios que no estaban gravados con la ley vigente”, resumió.
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Morales indicó que el único aspecto que estaba en discusión era que hay algunos casos en los que Hacienda ha hecho ajustes de aumento de impuestos sobre las rentas generadas sobre capitales invertidos en el exterior y que esos intereses generados afuera la ley los prevee claramente como no gravados y Hacienda los ha venido gravando. Lo anterior está en discusión en los tribunales en este momento.
“El Ejecutivo, en el texto que manda, no solamente agrega esto como gravado ya en la norma, sino que también grava los servicios prestados afuera y los bienes prestados afuera”, agregó el socio de GT, quien teme inseguridad jurídica por la forma en como se quiere gravar estas rentas.
En una línea similar se expresó en las últimas horas la Cámara de Exportadores (Cadexco), la cual advirtió que en el veto parcial se introducen elementos propios de un esquema de renta mundial. En criterio de Cadexco, el planteamiento traería incertidumbre a los contribuyentes.
Chaves cuestionó a los diputados por “regalar” recursos y acusó a los legisladores de agregar dicho artículo de forma innecesaria. El Gobierno sostiene que ese cambio facilitaría la elusión y evasión de “grupos poderosos”.
A favor de ese proyecto votaron los congresistas del Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Liberal Progresista (PLP) y el Partido Nueva República (PNR); mientras que en contra se manifestaron los legisladores oficialistas del Partido Progreso Social Democrático y los del Frente Amplio (FA). A estos últimos solo se sumó el liberacionista José Joaquín Hernández: el único diputado que rompió la línea de su bancada.
Ahora el proyecto volverá a la Asamblea con el veto parcial, donde los diputados tienen tres opciones: corregir lo señalado por el Ejecutivo, resellar el proyecto tal cual estaba (para lo que se necesita dos tercios de los votos) o archivar el expediente.
Si no consiguen los 38 votos para el resello, queda vigente la ley pero con el párrafo sustituto que envío Presidencia y que es diferente al aprobado.
Nota actualizada el 16 de setiembre.